Resolución 01046-2012

De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 140 inciso c) del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA), del recurso planteado, se deberán rechazar de plano los

cargos por razones de fondo, excepto el segundo, y admitirse los reproches

procesales, por las razones que de  seguido se expondrán.

Pese a la informalidad

que propugna la nueva legislación procesal para formular el recurso de

casación, se articulan, una serie de requisitos mínimos e imprescindibles

relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley, en tanto

imprescindibles para este particular recurso

extraordinario, ya que sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal. Uno

de ellos, en este caso, material, en tanto necesario

para la admisibilidad y la posterior valoración del

recurso, es la motivación del

recurso (artículo 139 inciso 3), que por las características de la casación, ha

de ser clara y precisa. En este sentido, debe

contener, tal como lo dispone el precepto

señalado, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en

que se muestre inconforme con los hechos que se han

tenido por demostrados, o improbados (lo cual lleva a la ponderación de las

probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de normas

procesales. Y jurídica, cuando se trata de un

problema acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de

cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, los principios

de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o

indirecto, si se modificaren los hechos de la sentencia impugnada.  Tanto

en la infracción procesal, como en la probatoria, puede

concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de

carácter fáctico. Y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán dirigirse en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad.

Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se

exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos

al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma,

resulta innecesario citar las normas que erróneamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no

resulta indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos

y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes

que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se

pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así

las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como  aquella argumentación

técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas

jurídicas entrelazadas o concatenadas y vinculadas razonablemente en una doble

perspectiva: con los argumentos del

recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida donde se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del

caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay

fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o

las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones

efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha

dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta, habrá que entender

que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el

necesario requisito establecido en el numeral 139.3), que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el canon 140 inciso c) del mismo

Código de rito.

En el caso en estudio,

es evidente la falta de fundamentación de los cargos por razones de fondo que

se rechazan. En el primero, si bien aduce infracción del artículo 41 de la Constitución Política,

precepto que estimó violado la Sala Constitucional en las sentencias de amparo y

habeas corpus y que dio lugar a la condena en abstracto, no es esta la norma

que daría sustento jurídico  a una eventual

condena por responsabilidad civil al Estado, por los hechos que dieron lugar a

esas declaratorias constitucionales y que, por tanto, resultaría

quebrantada.  En realidad, la censura se limita a poner de manifiesto las

inconformidades del casacionista respecto de lo resuelto, a alegar la

existencia de prueba suficiente en autos para la condena en daño material, a

que ha habido una violación al derecho de acceso a la justicia y a la tutela

judicial efectiva, a combatir el monto otorgado por daño moral; sin mencionar

norma sustantiva alguna que de soporte jurídico a sus argumentos. En el tercero, incurre en el mismo error. Aduce errónea

valoración del

acervo probatorio. El Juzgado, considera, pretirió las ejecutorias de las

sentencias ejecutoriadas, el oficio a folio 623 del expediente, el escrito a

folio 681 a

691, entre otros documentos del expediente, así como los testimonios de V y G.

Sin embargo, se extraña, al igual que en el primero, el respaldo normativo de

su dicho, el cual permita establecer infracciones sustantivas al ordenamiento

jurídico, fin último de la casación. Ante este

panorama, no se cumple con los requerimientos mínimos para dar sustento a sus

cargos, de allí que proceda su rechazo de plano.