Resolución 01470-2011

1.-

Con

base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se estimó en la suma de cinco

millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “1. Con lugar la

presente demanda en todos sus extremos.

Que la empresa demandada como

representante comercial de vehículos Mitsubishi en Costa Rica debe cumplir la

garantía que ampara el vehículo adquirido por Corporación Tema, S.A. el día 20

de febrero de 2008, identificado en el hecho cinco de la demanda, al cual

corresponden las placas de circulación número CL-227845

Que dicha garantía

se encuentra vigente y el día 18 de mayo de 2008 ocurrió el hecho generador de

la garantía extendida y que la rotura del vidrio de la puerta delantera

izquierda no ocurrió por culpa o dolo de la sociedad compradora en la persona

de su representante legal y aquí actora.

Que, en consecuencia, la sociedad

demandada debe reparar y entregar en perfecto estado de funcionamiento el

vidrio y la máquina que lo acciona en dicha puerta, sin costo alguno para la

sociedad compradora, para lo cual pido se le fije un plazo perentorio.

Que

la demandada debe pagarle a mi representada los daños y perjuicios ocasionados

desde el día que la compradora llevó el vehículo para ser reparado tanto del

mecanismo del diferencial trasero así como del citado vidrio de la puerta

delantera izquierda, los cuales se liquidarán en vía de ejecución de sentencia.

Que, igualmente, debe pagar las costas personales y procesales de la

presente demanda. La actora en escrito de fecha 14 de julio de 2008, aclara

las pretensiones de daños y perjuicios de la siguiente manera: “DAÑOS Y

PERJUICIOS RECLAMADOS MOTIVO QUE LOS ORIGINA: El incumplimiento por

parte de la empresa demandada de la garantía que respalda la compra del

vehículo placas CL227845 por la actora, que le impidió a mi representada el uso

pleno del mismo durante el tiempo indicado en la demanda, desde el día 18 de

mayo al 16 de junio, fecha en que lo retiré de las instalaciones de la

demandada, sin que fuera arreglado, como era su deber. EN QUE CONSISTEN:

La actora compró un vehículo absolutamente nuevo de tecnología moderna porque

la suscrita había sufrido un serio accidente de automóvil que le ocasionó la

pérdida del 50% de la capacidad general orgánica y necesitaba un vehículo en

esas condiciones y de esas características para llevar adelante su labor. Con

la compra del vehículo la actora pretendía tener cero dificultades ya que la

misma se dedica a brindar asesoría técnica y vender productos para el

tratamiento de aguas en todo el país y ante el incumplimiento de la garantía

por parte de la demanda, fue necesario rentar un vehículo para poder cumplir

con los compromisos adquiridos previamente. ESTIMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS

DAÑOS Y PERJUICIOS DAÑO MORAL: El daño moral es enorme, debido a la

angustia de no poder hacer uso de un vehículo comprado expresamente para

realizar las labores regulares de la empresa actora en condiciones óptimas; por

la humillación y menosprecio a la dignidad humana padecida, pues en ocasiones

la empresa demandada por medio de sus empleados me hizo ver que asumirían parte

del costo de la reparación mencionada en la demanda en forma parcial, como un

acto de liberalidad y de generosidad de su parte cuando se trataba de un derecho

que me asiste como representante legal de la sociedad compradora. Ante esa

conducta desplegada por la demandada debí recurrir hasta Japón ante la empresa

fabricante en procura de apoyo y respaldo a mis derechos y la casa matriz

indicó que se trataba de un tema que debía asumir la empresa demandada. Estimo

prudencialmente este extremo en la suma de cuatro millones de colones. PERJUICIOS:

Por  el no uso pleno del vehículo desde el día 17 de mayo de 2008 hasta el

día 16 de junio de 2008, por concepto de alquiler de otro vehículo para llevar

adelante las labores regulares, la suma de mil dólares o su equivalente en

moneda nacional, con sus respectivos intereses al tipo bancario hasta el día de

efectivo pago de ese extremo. Pago al banco HSBC de la cuota mensual del

préstamo correspondiente al mes comprendido entre el 17 de mayo al 16 de junio,

ambas fechas de 2008, la suma de 295 dólares con 67 céntimos, o su equivalente

en moneda nacional, y los intereses correspondientes al tipo bancario hasta el

efectivo pago de esa suma.”

La sociedad demandada

contestó extemporáneamente y opuso la defensa de prescripción.

Para la audiencia de

conciliación se señalaron las 9 horas 30 minutos del 13 de abril de 2009, no

obstante, la parte actora no se presentó por lo que se dio por fracasada dicha

audiencia.

El Juez Víctor Soto

Córdoba, en sentencia n° 70-10 de las 8 horas 47 minutos del 11 de marzo de

2010, resolvió: “Se rechaza la excepción de prescripción. Se declara sin

lugar en todos sus extremos el presente proceso ordinario establecido por

CORPORACIÓN TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de VEHÍCULOS INTERNACIONALES

VEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA. Se condena en el pago de ambas costas a la parte

actora.”

La actora apela; y el

Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria, integrado por los Jueces Manuel

Hernández Casanova, Juan Carlos Sánchez Benavides y José Javier Miranda Jiménez

en sentencia n° 136 de las 14 horas 30 minutos del 30 de noviembre del 2010,

dispuso: “Se aprueba lo resuelto sobre la confesión en rebeldía de la

actora. En lo apelado, se revoca la sentencia recurrida, en cuanto declaró sin

lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria interpuesta por CORPORACIÓN

TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA

SOCIEDAD ANÓNIMA, y en su lugar, se declara parcialmente con lugar la

demanda, entendiéndose denegada en los extremos a los que no se hagan mención

expresa, por lo que se declara:

Que la ruptura del vidrio de la

puerta delantera izquierda del vehículo placa CL-227845 no ocurrió por culpa o

dolo de la sociedad compradora en la persona de su representante legal.

2)

Que al día dieciocho de mayo de dos mil ocho, cuando ocurre la ruptura del

vidrio de la puerta delantera izquierda, la garantía que amparaba la

adquisición del vehículo placa CL-227845, se encontraba vigente, por lo que la

demandada debe cumplir con la garantía, cancelándole a la sociedad actora, el

costo que habría tenido el vidrio de la puerta delantera izquierda así como el

costo de la mano de obra para la fecha en que ocurrió el daño. Cuantificación

que se hará pericialmente en la etapa de ejecución de sentencia, tomándose como

parámetros para su fijación, las características del vehículo adquirido por la

sociedad actora. El pago de las costas personales y procesales es a cargo de la

accionada.”

El apoderado especial

judicial de la parte demandada solicitó adición y aclaración y el Tribunal en

auto n° 136Bis de las 11 horas del 28 de febrero de 2011, resolvió: “Se

rechaza la solicitud de adición y aclaración interpuesta por la sociedad

accionada contra la sentencia de la Sección Extraordinaria de este Tribunal N°

136 de las catorce horas treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil

diez.”

El licenciado

Barrantes Gamboa, en su expresado carácter, formula recurso de casación

indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de

instancia.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado

Rivas Loáiciga

El 20 de febrero de

2008, Corporación Tema S.A. (Tema en adelante) adquirió de Vehículos

Internacionales Veinsa S.A. (Veinsa en lo sucesivo) un vehículo marca

Mitsubshi, estilo L200, tipo “pick-up”, doble cabina, al cual se le asignó la

placa CL-227845. El 18 de mayo de ese mismo año, al intentar la conductora del

automotor subir el vidrio de la puerta delantera izquierda, utilizando el

mecanismo eléctrico correspondiente, el cristal se quebró y se daño el

dispositivo. Tema acudió a las instalaciones de Veinsa a solicitar el arreglo

de las averías sufridas. La empresa automotriz se negó a realizar las

reparaciones necesarias, alegando para ello, que lo sucedido se debió a una

indebida instalación de una alarma fuera de sus talleres, por lo que la garantía

del vehículo no aplicaba. Tema incoa el presente proceso contra Veinsa.

Pretende se declare en sentencia, en lo fundamental, que la empresa demandada

debe cumplir con la garantía que ampara el vehículo que adquirió de ella y, en

consecuencia, debe reparar y entregar en perfecto estado de funcionamiento el

vidrio y “la máquina que lo acciona”, sin costo alguno para Tema, en el plazo

que sea fijado por el órgano judicial. Solicita, además, se condene a la

accionada al pago de los daños y perjuicios ocasionados, así como en ambas

costas del proceso. La demandada contestó en forma extemporánea, por lo que fue

declarada en rebeldía. Opuso la excepción de prescripción. El Juzgado rechazó

la defensa y declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. El Tribunal

revocó la sentencia del A quo y en su lugar, la declaró parcialmente con lugar.

Estableció la obligación de Veinsa de cumplir con la garantía, cancelándole a

Tema el costo que habría tenido el vidrio de la puerta delantera izquierda, así

como el costo de la mano de obra para la fecha cuando ocurrió el daño,

cuantificación que difirió para la etapa de ejecución de sentencia. Las costas

personales y procesales las impuso a la parte perdidosa.

El apoderado especial

judicial de Veinsa formula recurso de casación por razones de fondo. Son dos

los agravios.

alega indebida aplicación del artículo 2 de la

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley no.

7472) y falta de aplicación de los numerales 5 inciso c) y 17 inciso d) del

Código de Comercio, así como 338 y 341 del Código Procesal Civil. Del

inventario de hechos probados en la sentencia recurrida, dice, no existe

ninguno que demuestre que la sociedad actora sea destinataria final de un bien

o servicio, para tenerla así como consumidora. Consta más bien, señala, que es

una sociedad anónima dedicada de manera habitual al tratamiento de aguas,

actividad mercantil en la cual utiliza el vehículo que le compró a la accionada.

Así, apunta, quedó demostrado con la confesión espontánea cuyo valor tasado

prevén los numerales 338 y 341 del Código Procesal Civil. De tal manera,

asegura, debió tenérsele como comerciante a la luz de los citados preceptos del

Código de Comercio y no como consumidora, en los términos del canon 2 de la Ley

no. 7472. El hecho de que su representante no haya contestado en tiempo la

demanda, considera, no es óbice para que el Tribunal no haya analizado el

presupuesto procesal de la legitimación ante la confesión espontánea, prueba de

valor probatorio pleno.

acusa indebida aplicación de las

disposiciones 34, inciso g) y 35 de la Ley no. 7472, errónea interpretación del

canon 330 del Código Procesal Civil e inaplicación de los numerales 702 del

Código Civil, 452 del Código de Comercio, 338 y 341 del Código Procesal Civil.

El Tribunal, sostiene, partió de la equivocada base de que la sociedad actora

era consumidora, lo cual, afirma, no es cierto. No existe, repite, hecho

probado alguno en el fallo impugnado que sustente  tal tesis. De ahí,

opina, que le estaba vedado acudir a la responsabilidad objetiva en la

ejecución contractual. En su criterio, debió aplicarse el régimen de

responsabilidad subjetiva. Al no existir un consumidor y, por ende, no estar

ante un caso de responsabilidad objetiva, arguye, la demandante estaba

obligada, de conformidad con el artículo 702 del Código Civil, no solo a la

carga de la prueba sino a demostrar el nexo de causalidad entre el hecho y el

daño. Dicha norma, agrega, también resulta quebrantada en el tanto la

representante de la actora, en su confesión espontánea, reconoció que

contribuyó con el daño “(…) ya que si supuestamente el vidrio tenía algún

problema, desde ese momento debió abstenerse de accionar el dispositivo para

evitar un daño mayor (…)”, de modo que la responsabilidad no puede serle

imputada a Tema. El canon 452 del Código de Comercio, argumenta, también

resulta inaplicado, toda vez que el automotor contaba con garantía limitada,

circunstancia que había sido aceptada por la accionante, siendo indispensable

entonces, al amparo de esa disposición, párrafo primero, que Tema probara que

la ruptura del vidrio lo produjo un defecto en el mecanismo que lo accionaba,

hecho que no fue demostrado. La prueba pericial, afirma, no podía suplir la

prueba que debió presentar la demandante ante su representada en el momento de

peticionar la aplicación de la garantía por los daños sufridos. De tal manera

que, explica, resulta erróneamente interpretado el precepto 330 del Código

Procesal Civil.

En realidad el recurso

gira en torno a un solo tema, la condición de comerciante y no de consumidora

de la sociedad demandante, situación que en opinión del casacionista, excluiría

la aplicación de la Ley no. 7472 al caso, debiéndose acudir en su lugar a la

normativa civil y comercial invocada. Al margen de esa discusión, aunque

llevase razón el recurrente respecto de la errónea aplicación de la Ley no.

7472 al presente asunto, lo cual, en principio, generaría que se case el fallo,

no habría casación útil, según se verá, pues de todas manera, aún aplicándose

el articulo 452 del Código de Comercio, que es el que regula la garantía de

funcionamiento de la compraventa mercantil, no conduciría a fallar el caso en

forma distinta a cómo lo hizo el Tribunal. Sobre este tema ha dicho esta Sala:

“III.- (…) Por otro lado, la garantía de funcionamiento

tiene como base el mismo presupuesto objetivo que el de los vicios ocultos,

esto  es, que la cosa presenta defectos que comprometen su uso, pero a

diferencia de aquellos, se manifiestan en el bien en forma posterior a su

entrega, es decir, no la acompañaban al momento en que el comprador podía o

debía revisarla, sino que se suscitan luego, como resultado de su uso normal.

Esta garantía no cuenta con regulación en el Código Civil. En sentido diverso,

el numeral 452 del Código de Comercio señala que el vendedor ha de garantizar

el funcionamiento de la cosa vendida, y en caso de que presentare defecto, el

comprador debe informarlo en los treinta días posteriores a su descubrimiento,

siempre que no exceda el plazo de la garantía, el cual, además, se fija ante el

silencio de las partes, en un año. Esto supone que todos los defectos

funcionales que presente el bien dentro de ese tiempo, han de ser corregidos,

siempre que, luego del desperfecto, no se dejen transcurrir más de treinta días

para comunicar lo acontecido. Por ello, aún cuando la garantía abarca desde la

entrega del bien, y se extiende por el plazo previsto, el tiempo para reclamar

que el objeto adquirido presenta defecto que lo hacen inadecuado para cumplir

con sus funciones, comienza a correr desde que se suscita y no desde que la

cosa fue entregada. La inobservancia de ese período de treinta días para dar el

aviso correspondiente,  conduce a la caducidad del derecho. La pretensión

que habilita esa regla, no es anulatoria o de repetición,  como ocurre

para los vicios ocultos en el área civil y mercantil, respectivamente, sino la

reparación o sustitución de la cosa. La figura también se encuentra regulada en

materia de consumidor, en el ordinal 43 del cuerpo normativo correspondiente,

según el cual la garantía de funcionamiento acompaña de modo implícito a todo

bien o servicio que se venda o preste, por lo que debe reunir los estándares de

calidad y requerimientos técnicos que por razones de salud, medio ambiente y

seguridad, estén fijados por el Ordenamiento. Según la norma de comentario,

tratándose de bienes muebles duraderos, tales como equipos, aparatos,

maquinaria o vehículos, entre otros, ha de indicarse el alcance, duración, sus

condiciones y personas físicas o jurídicas responsables, así como los

mecanismos para hacerlas efectivas, datos que deben entregársele por escrito al

consumidor”  (no. 000999-F-2005, de las 14 horas 55 minutos del 21 de

diciembre de 2005). De la anterior cita se desprende varios aspectos de

relevancia para el caso. Primero, que la garantía de funcionamiento no goza de

regulación en materia civil, lo cual pone en evidencia la inaplicabilidad del

artículo 702 del Código Civil que invoca infringido el casacionista, por falta

de aplicación. Segundo, que la pretensión que habilita el numeral 452 del

Código de Comercio, a saber, la reparación o sustitución de la cosa, coincide

plenamente no solo con lo solicitado por Tema, sino también con lo que, en todo

caso, dispone el canon 43 de la Ley no. 7472 en cuanto al instituto jurídico

referido. Tema pretende: “4. Que, en consecuencia, la sociedad demandada

debe reparar y entregar en perfecto estado de funcionamiento el vidrio o la

máquina que lo acciona en dicha puerta, sin costo alguno para la sociedad

compradora, para lo cual pido se le fije un plazo perentorio”. De tal

manera, ya sea por el artículo 452 del Código de Comercio o 43 de la Ley no.

7472, Veinsa estaba obligada a corregir el defecto que presentó el vehículo

propiedad de la actora, tal y como resolvió el Tribunal, en virtud de la

garantía de funcionamiento que amparaba la adquisición de ese bien. De ahí que,

como se dijo, no haya casación útil. A mayor abundamiento de razones, cabe

indicar que la carga de la prueba referente al correcto funcionamiento de la

cosa vendida, sea que se acuda a la normativa del consumidor o a la mercantil,

corresponde al comerciante. Esta inversión de la carga de la prueba encuentra sustento

en la órbita de los factores objetivos de atribución que sujetan al empresario

a acreditar el estado del bien antes y después, cuando se haga valer la

garantía, tomando en consideración que el comerciante en este caso corre el

riesgo de empresa, que la garantía que se ofrece consiste en una obligación de

resultados y que adicionalmente existe la presunción de que es él quien mejor

conoce el producto que ha puesto a disposición del comprador. El Tribunal fue

claro en ese sentido, al establecer como hecho no demostrado: “1) No

demostró la sociedad demandada, que el vidrio de la puerta delantera izquierda

del vehículo placa CL-227845, se haya quebrado o reventado por una causa ajena

al sistema mecánico del vidrio o de alguno de sus componentes, o bien, por que

haya mediado una conducta negligente o imprudente de la víctima. (Era un hecho

cuya carga de la prueba que correspondía a acreditar a la demandada y no lo

hizo”.

De conformidad con lo

anterior, deberá rechazarse el recurso con las costas a cargo de la parte que

lo promovió (611 del Código Procesal Civil).