Resolución 00072-2004

1º.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó,

el actor estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de

treinta millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: "a) Que

no existió consentimiento informado del médico al actor y éste se sometió a un

procedimiento quirúrgico de riesgos y complicaciones desconocidas al realizarse

la cirugía laparoscópica, y para corregir una complicación (peritonitis) de esa

cirugía, en una segunda cirugía (laparotomía) se le cortaron 15 centímetros de

intestino. b) Se condene al demandado al pago de una indemnización de treinta

millones de colones por el daño y el perjuicio causado ante la ausencia del consentimiento

informado en la cirugía indicada en el punto a). ".

2º.- El accionado contestó

negativamente la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho

y  falta de causa.

3º.- El Juez, Lic. Javier Víquez Herrera, en sentencia N° 185-03 de

las 9:30 horas del 6 de junio de 2003, resolvió: "Se declara

parcialmente con lugar la excepción de falta de derecho y se rechaza la de

falta de causa. Se declara parcialmente con lugar la presente demanda ordinaria

promovida por Eliécer Rodríguez González contra Nilo Arturo Ramos Rojas,

declarándose: que no existió consentimiento informado hacia él, sometiéndolo a

un procedimiento quirúrgico de riesgos y complicaciones desconocidas al

realizarse la cirugía laparoscópica. Sin lugar la demanda en cuanto a imputarle

esta responsabilidad con relación a la segunda cirugía (laparotomía), como al

pago de daños y perjuicios. Se resuelve este asunto sin especial condena en

costas personales y procesales.".

4º.- Ambos apelaron, y el Tribunal Superior Civil de Heredia, integrado

por los Jueces, Roberto J. Tánchez Bustamante, Carmen María Blanco Meléndez y

Henry Madrigal Cordero en sentencia N°230-02-2003 de las 8:40 horas del 6

de  agosto del 2003, dispuso: “De conformidad con lo considerado, por estar

ajustada a derecho SE CONFIRMA en todos sus extremos la sentencia de primera

instancia.”.

5°.- El

señor, Rodríguez González, formula recurso de casación por la forma y por el

fondo. Alega la violación de los numerales 153, 155 y 401 inciso 3) del Código

Procesal Civil; así como, el 1045 del Código Civil.

6º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Intervienen en la decisión de este asunto las Magistradas Suplentes Ana

Cristina Víquez Cerdas y Damaris Vargas Vásquez.

Redacta

la Magistrada León Feoli; y,

En la demanda, origen de este proceso, don Eliécer

Rodríguez González manifiesta, en lo esencial, que el 28 de abril de 1997, el

doctor Nilo Ramos Rojas le practicó una cirugía laparoscópica para liberar

adherencias intraabdominales –eliminación de cicatrices internas de una cirugía

previa que le ocasionaban dolencias abdominales–. Una semana después, señala,

se le diagnosticó una probable perforación de intestino, interviniéndolo

nuevamente. Según dice, le cortaron 15 centímetros de intestino para corregir

complicaciones de la operación realizada por el doctor Ramos quien, en su

opinión, tenía el deber de haberle explicado las opciones de tratamiento; los

riesgos, ventajas y desventajas de la operación y recuperación postoperatoria,

porque, afirma, de haber conocido las consecuencias, probablemente habría

optado por una laparotomía. El deterioro en su salud, añade, le impide asumir

sus obligaciones como padre de familia (vivienda, alimentación, vestido, entre

otros), pues sus patronos se molestan por las ausencias para asistir a las

consultas médicas debido a intensos dolores intrabdominales, cólicos, espasmos,

estreñimiento y sufrimiento por los efectos secundarios de los medicamentos,

resultándole difícil ubicarse en el mercado laboral al haber disminuido su

fuerza física, tener una escolaridad de segundo año de secundaria y no poder

realizar actividad recreativa alguna. Con apoyo en lo expuesto, en lo medular,

pretende se declare en sentencia la falta de consentimiento informado del médico,

al someterlo a un procedimiento quirúrgico de riesgos desconocidos cuyas

consecuencias ameritaron luego otra cirugía. Pide, además, el pago de

¢30.000.000,00 por los daños y perjuicios causados por la falta de

consentimiento informado en la indicada operación. El demandado se opuso a lo

pretendido e interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de causa. El

Juzgado acogió parcialmente la primera y rechazó la segunda. Declaró con lugar

la demanda por no haber sido instruido el actor sobre los peligros de la

cirugía laparoscópica. La rechazó en relación a la segunda cirugía

(laparotomía), y a la solicitud de daños y perjuicios. Resolvió el asunto sin

especial condenatoria en costas. El Tribunal confirmó la sentencia apelada por

ambas partes. El actor interpone recurso de casación con fundamento en diversos

cargos, pero se admitió sólo en cuanto a la denegación de prueba y violación

directa del ordinal 1045 del Código Civil.

CASACIÓN

POR RAZONES PROCESALES:

En el único

motivo de esta naturaleza, alega conculcados los artículos 153, 155 y 401,

inciso 3, del Código Procesal Civil así como los principios de legalidad

procesal y de adecuada fundamentación del fallo. A juicio del recurrente, al

denegar el Juzgado la prueba que ofreció, tendiente a ser valorado por la

Medicatura Forense, se le impidió demostrar la incapacidad general orgánica que

sufre a consecuencia de las operaciones médicas que le fueron practicadas, así

como los daños y perjuicios ocasionados. Enfatiza en que la solicitud formulada

en ese sentido, responde al deber de asumir la carga de la prueba, por lo que

no lleva razón el Ad Quem al afirmar que “... el actor ni siquiera demostró –lo

cual era muy fácil de hacer de manera documental– ser cónyuge y padre de

familia con las obligaciones inherentes a esa condición, el tipo de labores que

desempeñaba antes de ser intervenido; su disminución en la fuerza física y su

influencia en la vida laboral y familiar, a que tratamientos farmacológicos se

ha visto obligado a ser sometido y las consecuencias de los mismos en su salud

y en su trabajo; con que patronos ha tenido problemas laborales. Cual ha sido

la pérdida de su capacidad general orgánica luego de aquellas cirugías...”,

pues esa situación, insiste, obedece a que se denegó la prueba ofrecida,

violando de esa manera el artículo 401 del Código Procesal Civil, que no

prohíbe utilizar los servicios de la Medicatura Forense en asuntos de carácter

civil. Invocar para ello un interés público, cuando el mismo Código no lo hace,

constituye, a su entender, una grave violación a las normas jurídicas y un

incumplimiento de los deberes judiciales.

Conviene hacer una síntesis de lo acontecido con la

prueba pericial cuya denegatoria se acusa. Según consta en autos, el actor

solicitó en la demanda ser valorado por la Medicatura Forense a fin de obtener

un informe médico-legal sobre la importancia de: a) el consentimiento informado

en la ciencia médica del profesional a su paciente en el tratamiento

quirúrgico, b) ser cirujano especialista en laparoscópica, c) un adecuado

seguimiento post-operatorio en la cirugía laparoscópica y d) en qué consisten

las adherencias intra-abdominales, la cirugía laparoscópica y laparatomía y en

qué casos se recomienda una u otra (folios 5 y 6). En la resolución de las 13

horas 2 minutos del 21 de octubre del 2002, el Juzgado estimó que la Medicatura

Forense “...solamente interviene en asuntos de interés público y el que nos

ocupa es de interés privado, entendiéndose este último como el que rige los

actos de lo (sic) particulares cumplidos en su propio nombre...”, pero ordenó

al actor depositar la suma de ¢92.000,00, dentro del plazo de 8 días, por

concepto de honorarios profesionales, a “... efecto de proceder al nombramiento

de perito calificado” (folios 209). El proponente en aquella ocasión pidió una

prórroga para efectuar el depósito (folio 212),  pero le fue denegada por tratarse de un plazo legal y no judicial

(folio 213). El 11 de noviembre del 2002, se hizo el depósito (folios 218 y

219) y en auto de las 15 horas 27 minutos del 18 de diciembre de ese año, se

nombró en ese carácter, al doctor Francisco Rucavado León (folio 220). El

demandado impugnó lo resuelto y, en lo que interesa, solicitó la

inevacuabilidad de la prueba pericial por vencimiento del plazo para depositar

los honorarios requeridos (folios 222 al 224). El perito aceptó el cargo (folio

230), y en su dictamen, respondió al interrogatorio formulado por el actor en

los siguientes términos: “1.- Sí tiene “importancia” la observación del

“consentimiento informado”.

Sí tiene “importancia” en el cirujano

especialista la subespecialidad en laparoscopia, sin embargo NO es

indispensable, y por lo tanto está facultado el cirujano general para realizar

este tipo de intervenciones quirúrgicas.

Sí tiene “importancia” el adecuado

seguimiento postoperatorio en este tipo de cirugía.

Las adherencias

intraabdominales consisten en la “adhesión” de los tejidos de los órganos

abdominales entre sí y/o a las paredes de la cavidad abdominal. La

“laparoscopia” consiste en la introducción del aparato llamado laparoscopio

a través de las paredes del abdomen. La “laparotomía” consiste en la incisión

quirúrgica que se realiza para penetrar a la cavidad abdominal” (folio 231). En

resolución de las 13 horas 42 minutos del 3 de marzo del 2003, el Juzgado

rechazó los recursos interpuestos por el demandado e indicó: “... Si bien el

depósito de los honorarios del perito no fue hecho dentro del plazo que al

efecto se otorgó, el actor cumplió y comprobó el mismo antes de que el Despacho

emitiera resolución al respecto.- La prueba pericial fue aceptada desde el

momento que se hizo la prevención de sus honorarios... Se tiene por presentado

a folio 25 (sic) el informe pericial por parte del Dr. Francisco Rucavado León,

el cual se pone en conocimiento por el plazo de tres días a las partes” (folio

232).

Como se obtiene de lo expuesto en el considerando

anterior, el Juzgado no rechazó la pericia solicitada por el actor, por lo que

no se configura la causal prevista en el artículo 594, inciso 2, del Código

Procesal Civil. Simplemente estimó que no debía ser valorado por la  Medicatura Forense sino por un experto

privado. Ante esta situación, el proponente se conformó y canceló los honorarios

prevenidos. El dictamen se emitió respondiendo las preguntas planteadas en la

demanda. En

todo caso, véase que no solicitó adición

o aclaración ni  pidió otra pericia como

prueba para mejor proveer ante el Tribunal, que  estimó: “el dictamen pericial de folio 231 está muy lejos de

cumplir con ese cometido” (folio 296), refiriéndose al reclamo de los daños y

perjuicios peticionados en la demanda. En ese sentido, al no haber sido

combatido lo resuelto, el argumento que ahora se acusa en esta sede; sea, que

el ordinal 401, inciso 3, ibídem, no prohíbe utilizar los servicios de la

Medicatura Forense en la determinación de una prueba de carácter civil, resulta

novedoso y como tal, al tenor de los ordinales 598, párrafo tercero, y

608 ibídem, no es posible su revisión en esta Sala. En ese sentido, la

violación que se alega en el recurso de los artículos 153 y 155 del Código

Procesal Civil para fundamentar el cargo no resulta procedente. Todo lo anterior conduce, sin lugar a dudas, al

rechazo del cargo formulado.

RECURSO POR RAZONES DE FONDO:

Se invoca un único reproche que gira

alrededor del rechazo al pago de los daños y perjuicios, lo que se debe, en su

criterio, a una errónea aplicación del ordinal 1045 del Código Civil. El fallo

de segunda instancia, argumenta, establece que no se pretende establecer la

“mal praxis” en la operación, sino la responsabilidad del demandado por no

haberle informado adecuadamente de las consecuencias que derivarían de la

intervención. Desde esta perspectiva, señala, al existir una clara negligencia

del médico en el deber de instruirle sobre los riesgos de la operación, se le

deben pagar los daños y perjuicios causados de conformidad con las reglas de la

sana crítica racional consistentes en que: a) se le impidió la toma adecuada de

decisiones personales en torno a su vida personal, familiar y social, en caso

de someterse a la operación que se le iba a practicar. No se le explicaron las

consecuencias directas o indirectas de manera que pudiera planificar su futuro

como persona, ser humano y dueño de su destino. Con ello, se le ocasionaron

severos problemas morales y materiales, b) no pudo determinar aspectos

relacionados con el riesgo que implica cualquier cirugía y c) no se le dio la

posibilidad de oír una segunda opinión, para tener un mejor criterio y panorama

técnico. En ese sentido, concluye, si se declaró una omisión grave del

demandado, al no informarle adecuadamente de los riesgos operatorios, es claro

que se debió establecer la existencia de los daños y perjuicios que deberían

determinarse en la ejecución de sentencia. Acepta no haber cumplido con la

carga de la prueba, pero, en su opinión, los errores procesales impidieron

aportar la  idónea, como el dictamen

médico legal que se debió evacuar, lo que en todo caso, no es óbice para

denegar el extremo de los daños y perjuicios ocasionados, porque si bien los

¢30.000.000,00 peticionados no pueden ser declarados con lugar, por cuanto no

fueron determinados, se debió condenar en abstracto, pues a la luz de la sana

crítica racional se puede pensar con meridiana claridad que se dieron y así

reservar la prueba y su monto para la fase de ejecución.

La violación

directa del artículo 1045 del Código Civil la fundamenta el recurrente en la

negligencia del médico que lo intervino por no haberle advertido de los riesgos

operatorios, ya que expresamente lo exime de cualquier responsabilidad por “mal

praxis”. Así lo entendió el Tribunal cuando indicó: “Debe precisarse que el

actor no le atribuye al Dr. Ramos, en su calidad de director de la cirugía

inicial responsabilidad alguna como consecuencia de mala praxis... Lo que le

endilga es que no medió consentimiento informado...  lo responsabiliza de no haberle informado ampliamente para que él

escogiera la mejor opción o la menos riesgosa para su salud“ (folio 293). Sobre

ese marco referencial es que el casacionista hace descansar su derecho

indemnizatorio, extremo denegado en el fallo impugnado por cuanto “...don

Eliécer tenía la carga de demostrar no solo los padecimientos físicos sino

también los psicológicos que afirma adolecer. Véase que no se dispone de algún

mecanismo probatorio que de manera inequívoca reporte cuál es su real estado de

salud; el dictamen pericial de folio 231 está muy lejos de cumplir con ese

cometido, limitándose tal pericia a señalar la existencia de cicatrices en la

parte abdominal del actor como consecuencia de intervenciones quirúrgicas...

Pero no hay exámenes ni pruebas científicas que confirmen los padecimientos

físicos del demandante, ni informes psicológicos o psiquiátricos que reporten

su estado psicopatológico y sus consecuencias en su vida privada, laboral y

familiar” (folio 295 y 296). Como puede verse, la denegatoria al pago de los

daños y perjuicios obedeció a la falta de prueba que los acreditara, lo que no

se combate adecuadamente en el recurso, en donde, por el contrario, se reconoce

esa situación, que se achaca a lo sucedido con el rechazo de la valoración

pericial de la Medicatura Forense, aspecto con el cual el recurrente se

conformó, según se expresó, de manera que, no incurre el Tribunal en quebranto

normativo alguno al no declarar en abstracto los daños y perjuicios causados,

si los mismos, como sucede en la especie, no fueron demostrados. Más aún, estos

argumentos no son combatidos en el recurso en el que tampoco se demuestra haber

aportado prueba idónea que justifique un criterio diferente. En todo caso,

como el cargo también se fundamenta en el

irrespeto a la sana crítica, el

casacionista debió refutar infringido el artículo 330 del Código

Procesal Civil, que impone el principio de la unidad de la prueba y su

valoración bajo las reglas de la lógica y la experiencia humana suministradas

por la sicología, la sociología y la técnica, omisión que contradice los artículos 596, párrafo segundo, y 597,

párrafo segundo, ibídem, en cuanto exigen mencionar “la ley o leyes

infringidas” y expresar “con claridad y precisión en qué consiste la

infracción”. Por consiguiente, al no respetar la técnica que para el caso

establece la legislación procesal, la censura resulta informal, y se impone su

rechazo.

En mérito de lo expuesto, se debe declarar sin lugar

el recurso, con sus costas a cargo de la parte que lo interpuso (artículo 611

del Código Procesal Civil).