Resolución 03962-2022

ARTÍCULO 41 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…)

III.-

Sobre la alegada morosidad judicial: Nuevo criterio bajo una mejor ponderación

en cuanto a la infracción de los artículos 41 Constitucional y 8, párrafo 1°,

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo una mejor ponderación,

este

Tribunal Constitucional reconsideró la línea jurisprudencial a partir de

la sentencia No. 2011-12644 de las 15:03 horas de 21 de setiembre del 2011, con

fundamento en la cual los asuntos en que se aducen violaciones del artículo 41

de la Constitución Política en la sede jurisdiccional, esto es, por infracción

del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida o, en los términos del

artículo 8°, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el

derecho a un proceso en un plazo razonable, sea sin dilaciones indebidas o

retardos injustificados. Todo lo anterior con fundamento en las siguientes

consideraciones: Los justiciables han empleado la práctica de plantear tantos

recursos de amparo en un proceso jurisdiccional, como veces estimen que se ha

infringido el derecho a una justicia pronta. Esto ha producido que en un solo

proceso jurisdiccional se puedan presentar múltiples amparos contra la supuesta

inercia jurisdiccional, sea por un presunto retardo en el traslado de la

demanda, por una supuesta dilación en resolver cualquier incidencia, recurso

ordinario —sea contra una providencia, auto o sentencia— o, incluso, cualquier

gestión planteada en el

proceso de ejecución de sentencia. De esta forma, el

derecho a una justicia pronta o a un proceso sin dilaciones indebidas se ha

fracturado, pudiendo ser invocado en cualquier estadio procesal, sin que haya

concluido de manera definitiva mediante una resolución con autoridad de cosa

juzgada vertida por la última instancia judicial en la materia respectiva. Lo anterior

ha transformado a la Sala Constitucional en una instancia más de los procesos

de la jurisdicción ordinaria para gestionar el pronto despacho o resolución

célere de los asuntos. Esta práctica ha sometido a la Sala Constitucional a un

ingente circulante y a tener que valorar, cualquiera que sea la etapa procesal,

si se ha producido o no un retardo injustificado en la administración de

justicia, lo que se complica si se considera que el Poder Judicial enfrenta

elevados circulantes, en particular, en ciertas materias. En el Derecho

Procesal Constitucional Comparado, la experiencia de los Tribunales

Constitucionales del mundo encargados de la jurisdicción de la libertad e,

incluso, de la Cortes Regionales que tienen a su cargo la tutela de los

Derechos Humanos, la infracción del derecho a un proceso en un plazo razonable,

procede ser conocida y resuelta cuando el respectivo proceso jurisdiccional ha

concluido definitivamente, pues sólo así es posible valorar si hubo o no

dilaciones indebidas o retardos injustificados atribuibles al Poder Judicial y

al Estado en sentido amplio. Esto ha sido así, por cuanto, se debe valorar todo

el iter procesal, de manera que hay que analizar la conducta endoprocesal de

las partes, la complejidad de la pretensión deducida o cuestión conocida, el

tipo de proceso y la conducta de las autoridades jurisdiccionales durante la

sustanciación del proceso. Incluso, se debe ponderar si fueron o no decretadas

medidas cautelares durante el desarrollo del proceso para conjurar el peligro

en la mora (periculum in mora), como ha sido la práctica de la Corte Europea de

Derechos Humanos. Todo ese ejercicio, lo puede hacer un Tribunal

Constitucional, únicamente, después de concluido, definitivamente, el proceso y

no antes. Adicionalmente, la mayoría de las legislaciones sectoriales de

carácter procesal, actualmente, han incorporado mecanismos para acelerarlos,

tales como el “pronto despacho”, asimismo, el Poder Judicial ha implementado

mecanismos de queja de los justiciables ante la Inspección Judicial y la

Contraloría de Servicios. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 7° de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que habilita a la Sala Constitucional

para resolver “exclusivamente (…) sobre su competencia”, a partir de la

sentencia citada, este Tribunal admitirá los procesos de amparo interpuestos

por violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 1°, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y exclusivamente, cuando el

proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de

cosa juzgada emitida por la última instancia procedente. No obstante lo

anterior, este Tribunal también ha indicado que esta regla podrá ser valorada,

en cada caso concreto, de manera, que la Sala Constitucional podría conocer y

resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al

estado indicado, cuando estime que existe una infracción grosera que debe ser

atendida, todo de plena conformidad con el supracitado artículo 7° de la Ley de

la Jurisdicción Constitucional. Lo anterior, se presenta en el sub lite , en

donde nos encontramos ante una presunta mora judicial de apropiadamente 13

años, razón por la cual se entró a conocer el asunto. (…)” VCG03/2022