Resolución 03754-2022

PRINCIPIO INTERÉS

SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD

“(…)

VI.-

Sobre el interés superior del niño y la prevención de enfermedades.  Esta jurisdicción constitucional en diversas

ocasiones ha determinado que la protección del interés superior del niño es un

deber fundamental que el Derecho a la Constitución le impone al Estado, y que

este debe verse reflejado en las actuaciones de las distintas instituciones que

conforman parte del aparato estatal, las cuales se encuentran obligadas a velar

siempre porque prime el interés superior del niño y brindarle todas las

protecciones que en los diferentes ámbitos de su vida necesite. En ese sentido,

este

Tribunal Constitucional en la sentencia No. 2005-11262 de las 15:00 horas

de 24 de agosto de 2005, señaló:

“(…) En

materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias

normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional;

reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de

toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho

años. “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido” así reza el

artículo 51 de nuestra Carta Magna. En igual sentido la Convención sobre los

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro

país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en

vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su

publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una

serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o

nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres

(artículo 7º ), el derecho a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo

físico, mental, espiritual, moral y social” reconociéndose a los padres como

los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida

necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar “medidas

apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño

a dar efectividad a este derecho” (artículo 27)….

Por otro

lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948,

precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que “La familia es el elemento natural y

fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y

del Estado” (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo

Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por

su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala

que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia

especiales...” y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que

“Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia

como de la sociedad y del Estado”. (…) Los derechos humanos o fundamentales y

las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también,

desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la

Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades

para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con

necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley

No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o

privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese

cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida

“con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la

gestación, el nacimiento y el desarrollo integral”. El numeral 29 establece la

obligación del padre, la madre o la persona encargada de “velar por el

desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores

de dieciocho años” y de “cumplir con las instrucciones y los controles que se

prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su

cuidado” (artículo 45). (…) y el artículo 13 de la Ley General de Salud No.

5395, del 30 de octubre de 1973… reconoce el deber de los padres y el Estado de

velar por la salud y el desarrollo de los niños: “Los niños tienen derecho a

que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y

psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales

desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten

discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de

servicios especializados.".

En

conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una

serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o

encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con

ellos…”. En cuanto a este tema, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención

sobre los Derechos del Niño, establece que: “En todas las medidas concernientes

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés

superior del niño.” Similar disposición normativa se recoge en el artículo 5, párrafo

primero, del citado Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece

expresamente que: “Toda acción pública o privada concerniente a una persona

menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le

garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en

procura del pleno desarrollo personal”.

En igual

forma, el artículo 4 de ese mismo cuerpo normativo señala lo siguiente:

“Artículo 4º.- Políticas estatales. Será obligación general del Estado adoptar

las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier

índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de

las personas menores de edad. En la formulación y ejecución de políticas, el

acceso a los servicios públicos y su prestación se mantendrá siempre presente

el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este

principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos

fundamentales de esta población. De conformidad con el régimen de protección

especial que la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del

Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el

Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las

obligaciones aquí establecidas”.

Con

sustento en lo anterior, esta Sala ha sido categórica en reconocer al interés

superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal,

forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne

toda actividad administrativa y jurisdiccional relacionada con las personas

menores de edad, a fin de garantizar el debido y efectivo respeto de sus

derechos fundamentales. En consonancia con lo anterior, y según lo dispuesto en

los artículos 3 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado

costarricense tiene el deber fundamental de promover y asegurar las condiciones

necesarias para garantizar en la máxima medida posible la supervivencia del

menor y su desarrollo, así como asegurar a todos los niños el disfrute del más

alto nivel posible de salud, por lo que deberá adoptar medidas apropiadas para

reducir la mortalidad infantil y en la niñez, asegurar la prestación de la

asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños

y desarrollar la atención sanitaria preventiva. Por lo que, en general, se

puede concluir que la existencia de un programa de vacunación infantil, que

tenga por objeto prevenir que se produzca el brote de epidemias o que se dé un

contagio a nivel individual, hace parte de la atención sanitaria preventiva que

debe brindar el Estado costarricense en resguardo del derecho humano de todo

niño a la salud y en cumplimiento de la tutela al interés superior del menor”.

(el resaltado no es del original).

En

congruencia con la sentencia parcialmente transcrita, queda claro que como

parte de la especial protección que merecen las personas menores de edad y

dentro del interés superior del niño, el que, de primar siempre, los padres y

madres o encargados de estos, deben velar por su seguridad sanitaria y

resguardar su derecho a la salud, dentro de lo que se incluye, ciertamente, la

vacunación de estos, según será analizado a continuación. (…)” VCG04/2022