Resolución 28348-2021

Objeto del recurso.  El recurrente manifiesta que acudió a visitar

a un cliente que se encuentra privado de libertad en el centro penal recurrido

y en el puesto de control de ingreso, los oficiales le indicaron que lo iban a

"reseñar", con toma de huellas dactilares y otros datos biométricos,

a lo cual se negó; sin embargo, se le informó que era obligatorio para el

acceso de todos los visitantes al lugar. Describe que al negarse a ser reseñado

e intentar continuar su camino para visitar legítimamente a su cliente y amigo

fue detenido ilegalmente y privado de su libertad ambulatoria, todo por

manifestar libremente sus opiniones y requerir que se le explicara el

fundamento jurídico de lo ocurrido. Considera que la actuación de la Policía

Penitenciaria transgredió su derecho a la intimidad, violentó su derecho a

reunirse pacíficamente y fue detenido ilegalmente. Solicita que se deje sin

efecto ese límite de los datos biométricos para los profesionales en derecho, y

para los ciudadanos en general, dentro del sistema penitenciario, al no

concurrir a esos centros en condición de imputado o indiciado.

Cuestión de previo. El

recurso de hábeas corpus ha sido instituido para garantizar la libertad e

integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una

autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa

libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan

indebidamente las autoridades. En el sublite, el recurrente denuncia que:

a)  los oficiales del centro penal lo

detuvieron y le realizaron una reseña policial; y b) para permitir su ingreso

al centro penal le solicitaron datos biométricos. Analizada la presente causa,

se evidencia que los hechos planteados deben ser conocidos en la vía de habeas

corpus y no de amparo, dado que uno de los alegatos del amparado es

precisamente que su libertad le fue supuestamente restringida en forma

ilegítima.

Por otra parte, en vista de que la Ministra de Justicia y Paz no rindió

el informe solicitado en el plazo señalado en la resolución de las 12:29 horas

del 16 de noviembre de 2021, y dado que no es de recibo la excusa otorgada, de

conformidad con el artículo 23, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se

entra a resolver el recurso con base en el escrito de interposición, demás

informes rendidos y pruebas contenidos en los autos.III.- Hechos probados. De importancia para

la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los

siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el

recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:a)

El Sistema Penitenciario Nacional cuenta con una herramienta biométrica

que permite tomar las huellas digitales y rasgos faciales de las personas con

el fin de evitar la falsificación de documentos, la suplantación de

identidades, aligerar los trámites para el ingreso de los visitantes, privados

de libertad y mejorar los controles, entre otros (ver comunicado 22-2019,

página oficial del Ministerio de Justicia y Paz

http://www.mjp.go.cr/Comunicacion/Nota?nom=Sistema-de-identificacion-aumenta-seguridad-y-agiliza-tramites-en-centros-penales).b)

El sistema de automatizado de identificación biométrica (ABIS) registra

la información de la población privada de libertad, las personas visitantes,

los funcionarios y de cualquier individuo que por distintas razones, deba

ingresar o permanecer en un centro penal (ver comunicado 22-2019, página oficial

del Ministerio de Justicia y Paz

http://www.mjp.go.cr/Comunicacion/Nota?nom=Sistema-de-identificacion-aumenta-seguridad-y-agiliza-tramites-en-centros-penales).c)

El sistema de automatizado de identificación biométrica (ABIS)  se basa en la comparación de huellas

digitales e identificación facial (ver oficio AJ-3372-09-2018).d)

El domingo 31 de octubre del 2021, el recurrente se presentó al portón

omega, para la visita general al privado de libertad residente de nombre

[Nombre 002], se le tomó la temperatura, se revisó la cédula de identidad, se

le entregó una ficha como parte de los protocolos COVID-19 y controles de

ingreso a la unidad para visita general (ver informe de la autoridad

recurrida).e)

En el sistema del Ministerio de Justicia y Paz se registran todos los

visitantes que ingresan a la unidad, a las diferentes diligencias, a saber:

ingreso de abogados, entrega de encomiendas, ingreso de visitas especiales e

ingreso de visita general (ver informe de la autoridad recurrida).f)

El oficial de seguridad revisó el sistema IGNIS y verificó que el

recurrente no estaba registrado |(ver informe de la autoridad recurrida).g)

La autoridad recurrida le explicó al tutelado que era necesario la

reseña para que en futuras visitas, el ingreso fuera más fluido y también, para

salvaguardar la seguridad (ver informe de la autoridad recurrida).h)

Los datos derivados de la utilización de los equipos biométricos serán

únicamente utilizados a nivel interna de la institución (ver informe de la

autoridad recurrida).i)

El horario de ingreso de los profesionales en derecho a los centros

penitenciarios es de lunes a sábado de las 08:00 hasta las 18:00 horas (ver

informe de la autoridad recurrida).j)

El día domingo 31 de Octubre de 2021, no procedía el ingreso del señor

[Nombre 001] como defensor del residente, sino como visita general (ver informe

de la autoridad recurrida).k)

La autoridad recurrida le entregó al recurrente una boleta informativa

para el empadronamiento biométrico de personas privadas de libertad, en la que

se informa que sobre el uso de los datos biométricos recolectados, señalando

textualmente: “(…) El sistema

Penitenciario nacional ha desarrollado e implementado mecanismos

tecnológicos que coadyuvan a las labores policiales, siendo así la

implementación de equipos de identificación biométrica en los diferentes

centros penitenciarios del país con el objetivo de salvaguardar la seguridad

institucional. Los datos derivados de la utilización de los equipos biométricos

serán únicamente utilizados a nivel interno de la institución y además cumplen

con altos estándares de seguridad para garantizar la protección de la

información. Lo anteriormente se encuentra resguardo y fundamentado por

normativa institucional, criterio jurídico AJ 3372-09-2018 de la Dirección

Jurídica del MJP, y con el respaldo de la Agencia de Protección de Datos

mediante opinión jurídica APD-OJ-012-09-2018.

Nombre de la persona visitante al cual se le realizó el empadronamiento

biométrico…… Número de identificación …… Firma:…..” (ver copia de la boleta

aportada por el recurrente).

Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos

de relevancia para esta resolución: a)

Que la autoridad recurrida haya detenido y efectuado una reseña policial

al recurrente.V.- Sobre la detención y la reseña

policial. En el sublite, el recurrente denuncia que los oficiales del centro

penal lo detuvieron y le realizaron una reseña policial; sin embargo no consta

en los archivos policiales ninguna copia de “parte policial”, que es cuando

actúa la policía, y cuando un ciudadano es puesto a la orden de un Juez de

Flagrancia o al Ministerio Público, debido a la comisión de un delito. De modo,

que según lo informado por la parte recurrida, dado que el recurrente no aportó

prueba que confirme su dicho, la Sala no tiene por cierto que la autoridad

recurrida le haya confeccionado una reseña policial y para la cual se le

hubiere detenido y fotografiado. Finalmente, si el amparado estima que fue

tratado de una forma altanera y prepotente por parte de algún oficial penitenciario

es una asunto que, si a bien lo tiene, deberá de dirimirlo en la vía de

legalidad mediante la Contraloría de Servicios de la Institución y no en esta

sede constitucional, dado que se trata de una queja acerca del comportamiento

de un funcionario. En consecuencia, en cuanto este extremo se declara sin lugar

el recurso.

Sobre el ingreso de particulares a los edificios e instalaciones

públicas. La Sala Constitucional, con anterioridad, se ha referido a la

posibilidad de regulación del acceso a los edificios públicos; así, en la

Sentencia N° 2010-016174, de las 15:22 horas del 28 de setiembre del 2010,

señaló lo siguiente:“(…) En el presente recuso se reprocha

como lesionada la libertad de tránsito de la amparada en los pasillos públicos,

barra de público y vestíbulo del Edificio de la Asamblea Legislativa. El

recurrente parece partir de la premisa que por tratarse de un bien público, se

puede transitar libremente por él; es decir, el edificio de la Asamblea

Legislativa, sus pasillos, vestíbulo y barra de público serían lugares de libre

tránsito de personas y, al impedirse a la recurrente estar en esos lugares,

entiende violentada su libertad. Tal razonamiento no es correcto. La naturaleza

de bien público de las instalaciones de la Asamblea Legislativa no convierte

sus pasillos, ni el vestíbulo, ni la barra de público en lugares de libre

tránsito de personas. Por el contrario, son instalaciones demaniales cuyo

destino es atender el debido funcionamiento del quehacer parlamentario, ese

destino no es igual al de una calle o un parque cuyo destino sí es el libre

tránsito de las personas. El carácter de público o demanial de un bien no

significa que deba servir para el libre tránsito de personas; ese destino debe

ser establecido de previo. En consecuencia, las limitaciones a la permanencia

en las instalaciones legislativas son parte de las reglas de uso y permanencia

de las mismas, establecidas por la Administración, por lo cual, este recurso

debe ser rechazado por el fondo y así se declara”.

Además de lo anterior, en la Sentencia N° 2012-13317, de las 9:05 horas

del 21 de septiembre de 2012, se estableció que:

“El acceso de personas a edificios públicos no es un derecho

irrestricto, no es el derecho incluido en el artículo 30 constitucional, que en

el fondo lo que protege es el acceso a la información sobre asuntos de interés

público. No cualquier persona puede entrar a cualquier edificio público, la

Administración está facultada para establecer restricciones  y regular el acceso físico de la forma que

estime necesaria. Si el recurrente estima que su situación particular amerita

que se le permita el acceso a las instalaciones de la biblioteca y a sus

fuentes bibliográficas, la vía de amparo no es la correspondiente para analizar

la situación".VII.- En relación con las medidas de

seguridad para el ingreso de visitantes a los centros penales. Esta Sala, entre

otras, se pronunció en Sentencia N° 2015-006140 de las 14:30 horas del 30 de

abril del 2015, reiterada en la N° 2021-026757, de las 09:15 horas del 26 de

noviembre de 2021, en los siguientes términos:“Primeramente, conviene aclarar que dadas

las necesidades especiales de seguridad de los centros penitenciarios, esta

Sala avala que el ingreso incontrolado de objetos y personas puede implicar un

peligro para la seguridad de los privados de libertad, los funcionarios y los

mismos visitantes. Bajo esta tesitura, se justifica la realización de controles

a los visitantes apegados a la normativa que regula la materia y siempre

respetándose el principio de la dignidad humana y demás derechos

fundamentales”.VIII.- En cuanto a la toma de datos

biométricos como requisito para el ingreso a un centro penal y el derecho a la

intimidad. En el caso bajo estudio, el recurrente manifiesta que, en condición

de abogado, acudió al centro penal a visitar a un cliente y no se le permitió

su entrada, ya que se negó a que los oficiales penitenciarios le tomaran sus

datos biométricos, pues considera que ello es violatorio a su libertad de

tránsito y a su derecho a la intimidad. Efectivamente, el Ministerio recurrido

tiene instalado un sistema de identificación biométrica en varios centros

penales, entre ellos, en la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos

Zúñiga, mediante el cual se recolectan las huellas dactilares y rasgos faciales

de las personas que ingresan o egresan, tanto en calidad de visita,

funcionarios, abogados o privados de libertad, con el fin de reforzar la

seguridad y el control. De manera, que una vez tomados los datos de la persona

juntos los elementos biométricos, se almacenan en un sistema, y posteriormente,

con los mismos, dichos individuos serán reconocidos. Previo al análisis del

caso bajo estudio, es necesario aclarar, que los datos biométricos consisten en

aquellas características físicas y del comportamiento que son propias de cada

ser humano, y en consecuencia permiten identificarlo y diferenciarlo del resto

de la población. Dentro de los datos biométricos, existen: a) los biométricos

estáticos, que son aquellos datos que se relacionan en mayor medida con

características físicas o estructurales de las personas y que, por lo tanto,

son en general permanentes en el tiempo, ya que se asocian con órganos o

sistemas anatómicos humanos, tales como las huellas dactilares, el color del

iris, los rasgos faciales, la piel o la composición química del cuerpo; y b)

los biométricos dinámicos, que son los que se determinan en relación con

características funcionales o del comportamiento de las personas, como por

ejemplo información relativa a la forma de caminar, el comportamiento al

firmar, el ritmo al hablar, forma de teclear, o gestos y movimientos

corporales. No hay duda, que la información biométrica posee una relación

intrínseca con la persona de la cual proviene, pues existe una conexión de este

dato con una persona identificada o identificable, caso contrario de no existir

tal relación, la información contenida en esos datos será anónima; y por lo

tanto no será merecedora de protección por parte de ordenamiento jurídico. De

modo, que los datos biométricos son considerados, en principio, como datos  reservados frente a la acción y el

conocimiento de los demás, que es lo que preserva el derecho a la intimidad

contenido en el 24, de la Constitución Política.“Artículo

Se garantiza el derecho a

la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables

los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier

otro tipo de los habitantes de la República (…)”.Asimismo, derivado del derecho a la

intimidad, nace el derecho a la autodeterminación informativa, que surge como

respuesta a los cambios en la fluidez de la información, evolucionando a nuevas

herramientas de comunicación y distribución de la información, por lo que se

debe garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién,

cuándo, dónde y bajo qué circunstancias se puede tener contacto con sus datos.

Al respecto, y en lo que interesa, la Sala, en la Sentencia N° 2011-5268, de

las 15:13 horas de 27 de abril de 2011, señaló:“…la normativa se ocupa de llenar un

importante vacío normativo relacionado con el derecho a la autodeterminación

informativa, que si bien la jurisprudencia de la Sala se ha ocupado de

desarrollar su contenido, persiste la necesidad de desarrollar una institución

administrativa que vele por un equilibrio en la actividad, y para que se

constituya en una primera línea de defensa especializada de este derecho

fundamental. Por ello es necesario señalar la máxima jurídica (más conocida en

el derecho anglosajón) de que no hay derechos sin un remedio procesal (there is

no right without a remedy). En un escenario en el que los recursos tecnológicos

permiten un uso masivo de almacenamiento de datos de toda naturaleza, y con

múltiples posibilidades de transferencia, es importante que toda aquella

información personal que llegue formar parte de las bases de datos tenga

normada las conductas lícitas e ilícitas de los operadores para que no lleguen

a lesionar derechos fundamentales . Actualmente, tanto las Administraciones

Públicas, como las personas físicas y empresas que recopilan datos personales,

carecen de regulaciones legales que fiscalicen, controlen e intervengan los

archivos que contienen estos datos, lo cual repercute en los métodos que

sistematizan estos datos. Es claro, los derechos de los particulares están más

expuestos sin normativa que cuando ésta la regula de forma más ordenada y

compatible con el Derecho de la Constitución. Lo contrario, evidentemente,

prolonga una asimetría entre los ciudadanos y los poderes públicos y privados

que manejan dicha información, lo cual se ha venido solventando mediante la

jurisprudencia de la Sala, la que desde hace más de una década reconoció la

ausencia de legislación y de un organismo administrativo de control. De ahí que

la legislación llena un importante vacío del ordenamiento jurídico al procurar

un equilibrio entre las instituciones y la sociedad costarricense que permita

una tutela eficaz de la libertad a la autodeterminación informativa y una mejor

protección administrativa de frente a la acumulación de poderes que ha ocurrido

a lo largo de los años en que no ha habido tales controles”.Sin embargo, el derecho a la

autodeterminación informativa, como todos y sin excepción, puede ser limitado

cuando sea preciso preservar otros derechos y bienes constitucionales mediante

una previsión legal que tenga justificación constitucional, sea proporcionada y

que exprese, con precisión, todos y cada uno de los presupuestos materiales de

la medida limitadora. Consecuencia de ello, es que el legislador creó la “Ley

de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales” , N°

8968, del 05 de setiembre de 2011, y su reglamento, que viene garantizar a

cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o

domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a

la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y

demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e

igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos

correspondientes a su persona o bienes. Actualmente, existe una rápida

evolución tecnológica y de globalización que han planteado nuevos retos para la

protección de los datos a nivel legal, y pese que a la fecha, el tratamiento de

los datos biométricos no está contemplado de manera explícita en la legislación

nacional,  los mismos pueden ser

considerados como parte de datos personales. En ese sentido, dentro de las

categorías reguladas en el artículo 3, de la Ley de Protección de la persona

frente al tratamiento de sus datos personales, esos datos deben catalogarse:

“Para los efectos de la presente ley se define lo siguiente: (…) a)

Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física

identificada o identificable.(…)e) Datos sensibles: información relativa

al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial,

opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición

socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual,

entre otros (…)”.

A su vez, el artículo 9, en lo conducente indica :“Artículo

Categorías particulares de

los datos.Además de las reglas generales

establecidas en esta ley, para el tratamiento de los datos personales, las

categorías particulares de los datos que se mencionarán, se regirán por las

siguientes disposiciones:1.- Datos sensibles. Ninguna persona

estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de

datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones

políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los

relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros (…)”.2.- Datos personales de acceso

restringido.Datos personales de acceso restringido son

los que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso

irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración

Pública. Su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si se

cuenta con el consentimiento expreso del titular (…)”.Asimismo, el Reglamento a la Ley de

Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Decreto

Ejecutivo N° 37554-JP del 05 de marzo de 2013, en el artículo 9, considera

estos datos como una categoría especial de datos personales, en cuyo caso, como

regla general, está prohibido su tratamiento. Señala este numeral:“Tratamiento de categorías especiales de

datos personales.1. Quedan prohibidos el tratamiento de

datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones

políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical,

y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar

de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos

relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física”.Así las cosas, los datos biométricos

constituyen una categoría específica de datos personales, en la medida en que

proceden del cuerpo humano, siguen siendo los mismos en distintos sistemas y

son inalterables de por vida. Precisamente, como provienen del cuerpo humano,

representan mayores riesgos para la garantía de derechos fundamentales, y por

lo tanto, debe existir un resguardo mayor, ya que tienen que ver con las

características comportamentales y fisiológicas de una persona las cuales,

permiten identificarla inequívocamente. Sobre el particular, si bien tienen una

especial protección, están sujetos también a excepciones, que se encuentran

establecidas en el artículo 8, de la citada ley:“Excepciones a la autodeterminación

informativa del ciudadano.Los principios, los derechos y las

garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera justa, razonable y

acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan los

siguientes fines:a) La seguridad del Estado.b) La seguridad y el ejercicio de la

autoridad pública.c) La prevención, persecución,

investigación, detención y represión de las infracciones penales, o de las

infracciones de la deontología en las profesiones.d) El funcionamiento de bases de datos que

se utilicen con fines estadísticos, históricos o de investigación científica,

cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas.e) La adecuada prestación de servicios

públicos.f) La eficaz actividad ordinaria de la

Administración, por parte de las autoridades oficiales” .En ese sentido, es importante traer a

colación, la trasparencia del Estado, que es una condición indispensable en

todo régimen democrático, sobre todo en los asuntos relacionados con la

necesaria protección que se debe dar a los derechos fundamentales de las

personas, dentro de ellos, el derecho a la intimidad, autodeterminación

informativa y el consentimiento informado. Es claro que la transparencia trae

consigo la obligación de crear mecanismos eficientes y efectivos para que las

personas titulares de los datos que son almacenados en los archivos, puedan

conocer el detalle de las informaciones que constan sobre sí y que están a

disposición de las autoridades del país; además, deben conocer los fines que

justifican el almacenamiento de estos datos. Sin embargo, no debe interpretarse

este principio de trasparencia de los Estados, de una manera irrestricta,

puesto que el acceso a la información almacenada en dichos archivos debe estar

limitada de manera suficiente, siendo que no imposibilite a la persona

interesada a ejercer su derecho de información, ni que permita que cualquier

tercero pueda accesarla, poniendo con ello en peligro la dignidad e integridad

del titular. Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado,

jurisprudencialmente, que la transparencia es uno de los lineamientos que debe

respetarse a fin de que el Estado pueda cumplir el fin público de seguridad de

la sociedad, sin que por ello se vulneren los derechos de las personas, en

especial el derecho a la intimidad; y lo define de la siguiente manera:“La transparencia: la persona debe tener

la posibilidad de ser informada de la totalidad de los datos existentes sobre

su persona en un determinado archivo, de manera que le permita hacerse una idea

integral de la información recopilada. Al mismo tiempo debe ser informada del

tipo de tratamiento al que serán sometidas sus informaciones, a fin de que

logre determinar si sus datos serán compartidos por otras instituciones o

centro de procesamiento de datos” (ver Sentencia N° 1999-5802 de las tres horas

y treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y

nueve).Conjuntamente, para que el tratamiento de

los datos biométricos se ajuste a parámetros constitucionales, debe ser

proporcional a la legitima finalidad que lo motivó, siendo que deben concurrir

tres principios: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo

propuesto (juicio de idoneidad); si es necesaria, en el sentido de que no

exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual

eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o

equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés

general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de

proporcionalidad en sentido estricto).IX.- Sobre el fondo. El acceso de personas

a los centros penitenciarios del país, con el propósito de visitar las personas

privadas de libertad, si bien es un derecho ciudadano, el visitante debe

cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades penitenciarias, lo

mismo que el ingreso de funcionarios públicos, profesionales u otras personas

que por imperativo legal, o en funciones propias de su cargo, deben realizar la

visita carcelaria o desempeñen  allí sus

labores regulares. Igualmente deben tomarse medidas atinentes al egreso e

ingreso de los privados de libertad de los centros penitenciarios, ya sea por

traslado u otras circunstancias que así lo requieran. Por su parte, corresponde

a la Dirección General de Adaptación Social velar por la seguridad de las

personas y bienes que se encuentran en las instalaciones del Sistema

Penitenciario Costarricense, por lo que la visita y el tránsito de objetos en

los centros penitenciarios del país debe realizarse en condiciones de orden y

seguridad y con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente. En el caso

bajo análisis, la Sala no encuentra que la autoridad recurrida haya lesionado

el derecho a la libertad de tránsito ni el de intimidad del recurrente, ya que

el acceso a los centros penales no es irrestricto y la administración se

encuentra facultada a imponer determinados requisitos, establecer horarios y

espacios, a efectos de garantizar el debido funcionamiento, así como proteger

la seguridad institucional. De manera que la medida cuestionada por el

recurrente es legítima, proporcionada, razonable e idónea, ya que su fin es

mantener un adecuado orden, control e identificación de las personas privadas

de libertad, residentes, beneficiados y personas visitantes y así evitar la

falsificación de documentos, la suplantación de identidades, aligerar los

trámites para el ingreso de los visitantes, privados de libertad y mejorar los

controles de seguridad. En el sub examine, la administración penitenciaria

estableció como parte de los requisitos, la toma de datos de identificación y

biométricos, para todas las personas que ingresen a los centros penales, ya sea

en calidad de visitantes, abogados, funcionarios públicos para evitar la

suplantación de identidades, garantizar el acceso más fluido y así evitar

conglomeraciones en la entrada, y proteger el orden institucional. Si bien como

se expuso en los considerandos anteriores, el tratamiento de datos personales

es un derecho fundamental; tampoco es absoluto y debe considerarse en relación

con su función en la sociedad y el equilibrio con otros derechos fundamentales,

con arreglo al principio de proporcionalidad. Así las cosas, la toma de datos

biométricos como requisitos para el ingreso al centro penal no resulta

inconstitucional ni lesiona el derecho a la intimidad, pues si bien constituyen

información privada de carácter restringido o confidencial, su recopilación no

está prohibida en el ordenamiento jurídico y resulta proporcional al fin

señalado. Ante lo expuesto, la parte recurrida actuó de conformidad al

principio de legalidad o de la juridicidad

que consagra el artículo 11, de la Constitución Política, que significa

que los actos y comportamientos de la Administración deben de estar regulados

por norma escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la

Constitución  a la ley,  y en general a todas las normas del

ordenamiento jurídico. Por tal razón, las instituciones públicas sólo pueden

actuar en la medida en la que se encuentre apoderadas para hacerlo por el mismo

ordenamiento y normalmente a texto expreso, en consecuencia solo le es

permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente autorizado en forma

expresa y todo lo que no les esté autorizado, les está vedado. En este aspecto,

se constata que el principal objetivo de la toma de datos biométricos por parte

de la autoridad recurrida, lo es para salvaguardar la seguridad institucional y

de acuerdo con el principio de proporcionalidad, la medida resulta razonable en

atención al interés que se pretende proteger. Además, el artículo 8, de la Ley

de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales,

establece como una excepción al derecho a la autodeterminación informativa, la

seguridad del Estado. Pese a lo anterior, la autoridad recurrida, previo a la

recolección de los datos biométricos, le entregó al recurrente una boleta en

las que se indican  las razones por las

cuales se recogen, la cual debe ser firmada para que conste su conocimiento y

autorización. Bajo esa premisa, el administrado es conocedor, como mínimo, de

la identidad del responsable del sistema; es decir, la administración

penitenciaria y el destino de sus datos personales (sistema de automatizado de

identificación biométrica (ABIS), lo cual es parte del principio de

transparencia, lo cual implica que, aún y cuando se restrinja el derecho a la

intimidad, los titulares de los datos o sus representantes puedan conocer sobre

la existencia del archivo, los datos que constan allí y el tratamiento que

recibirán. Conforme lo anterior,  el

derecho a la intimidad del recurrente se encuentra limitada de una manera

justa, razonable, idónea y acorde con el principio de transparencia

administrativa, ya que el fin es la prevención, para una adecuada prestación de

servicios públicos, y, para una eficaz actividad ordinaria de la

Administración.-

X.-

CONCLUSIÓN. La Sala estima que la parte recurrida no ha lesionado el derecho a

la libertad ambulatoria ni intimidad al recurrente, ya que las limitaciones

impuestas no resultan arbitrarias ni discriminatorias sino que resulta

razonables por el tipo de lugar que se frecuenta y obedecen a razones de

seguridad institucional y van dirigidas a todas las personas tanto privadas de

libertad como visitantes que concurran a los centros penales. Debe tenerse

presente, que las disposiciones cuestionadas, son aplicables a todas las

personas visitantes, sin que el amparado haya sido la excepción así como

tampoco que con ello, se haya lesionado el derecho de defensa de su cliente,

dado que su ingreso se produjo durante el horario de vistas de carácter

general. Es importante tener presente, que el legislador previó una serie de

excepciones que restringen el derecho a la intimidad en relación con el uso de

datos personales, siendo que en acatamiento al principio de legalidad, el

Ministerio de Justicia y Paz  está

facultado a establecer una serie de requisitos, entre ellos la recolección de

datos personales de aquellos individuos que ingresen a los centros penales, ya

sea como visita en general o abogados,

pues el carácter de público o demanial de un bien no significa que deba

servir para el libre tránsito de personas. Otro punto que debe de tomarse en

cuenta, es que la inforamción requerida es por razones de seguridad, lo cual

constituye una excepción del derecho de autodeterminación informativa y pese a

ello, la administración puso en conocimiento del tutelado, el tipo de datos que

recopilan y del uso que se dará a dicha información, respetando así los demás

derechos que se derivan del derecho a la intimidad. Corolario de ello, lo

correspondiente es declarar sin lugar el recurso en todos sus extremos.

TOME NOTA LA

AUTORIDAD RECURRIDA. Si bien el presente recurso no se estima que se haya

lesionado derecho fundamental alguno al tutelado, se le advierte a la autoridad

recurrida que al estar los datos biométricos resguardados por el artículo 24,

de la Constitución Política, y dadas sus especiales características, tiene la

obligación de guardar su deber de confidencialidad así como también el deber de

establecer mecanismos de seguridad adecuados acordes con el desarrollo

tecnológico con el fin de resguardar dicha información y evitar su alteración,

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta los riesgos a que

están expuestos, ya sea que provengan de la acción humana o del medio físico o

natural. De manera, que los datos recolectados mediante el sistema ABIS deben

ser debidamente custodiados y se deberá garantizar el manejo cuidadoso en su

tratamiento, así como el responsable del fichero y quienes intervengan en

cualquier fase del proceso de recolección y tratamiento, están obligados a

guardar el secreto profesional. (…)”