Resolución 19096-2021

VOTO SALVADO

DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO

50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

El contexto histórico que motivó

en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido

una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las

condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las

personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el

artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual

–caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye

reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de

lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior,

en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia

apropiada,  le impuso a la Sala un papel

de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho

constitucional.

Hoy en día, nos

encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha

producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento

de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia

en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos

estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la

actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa

creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae

aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa

como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso

administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del

derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de

legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo

establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema

ambiental.

En ese contexto, no resulta

apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala

Constitucional desplace,  o -peor aún-

sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea,

también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes

y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos

casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y

reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros

órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales

tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus

procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos

conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y

jurídicamente complejos.  Sobre ambas

cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una

resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado

fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

Como parte de

los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta

jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle

seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en

ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación

interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

Desde esa

perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por

parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia

ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor

se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe

ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de

los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley

Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para

casos específicos. Se trata  más bien, de

un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los

distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar

plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del

ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de

su Ley Orgánica.

Queda claro que

la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección

de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien

todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser

reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no

exige más que la aplicación del derecho de la Constitución.  Se trata entonces de lograr que la Sala se

convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada

uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta

una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una

sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes.  Con esta posición creo firmemente que el

ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en

amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes,

principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica

constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-

En línea con lo

anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se

le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política

para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa

administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter

general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o

grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por

esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de

tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una

lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el

conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones

ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el

acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al

ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por

parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del

reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto

procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el

amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad

de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

En el caso

concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las

excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos

casos en las que la intervención de los medios de protección de la

Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y

completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas

y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba,

seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió

aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar

de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora

declarar sin lugar el amparo interpuesto.

VCG09/2021