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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón
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Documento judicial
"IV.[...] El agravio así planteado no puede prosperar.[...] Nótese cómo, sí quedó probado el otorgamiento de la escritura de hipoteca, así como se analizó en el acápite intelectivo del fallo que parte de la cadena de actos que conllevó a la configuración de tal gravamen abarcaron un documento falso (la protocolización realizada por parte de la señora [Nombre 001] en su calidad de Notaria Pública), todo lo cual condujo a la Cámara de Juicio a acoger la declaratoria de falsedad instrumental requerida en conclusiones por el representante del Ministerio Público y la parte querellante, no obstante, no se condenó en lo penal ni en lo civil a [Nombre 001] al prevalecer una duda razonable respecto de que ésta estuviese de común acuerdo con el resto de coimputados (a quienes se les resolvió la causa por aparte) para defraudar a la sociedad ofendida, no pudiéndose configurar a plenitud el dolo en su proceder, tal cual lo fundamentó así el fallo impugnado. De lo expuesto, se comparte el argumento de la Cámara de Juicio sobre la existencia de una razón plausible para litigar, pues la conclusión absolutoria únicamente era factible arribarla tras la celebración del contradictorio, lo cual incluso quedó avalado con el auto de apertura a juicio dispuesto por la Jueza de la etapa intermedia, siendo evidente como la sumaria arribó a la fase plenaria con una probabilidad de ocurrencia de los hechos, descartando que el proceder los acusadores (Ministerio Público y querellante en este caso), hubiese sido temerario, infundado o arbitrario, de ahí que se respalde la decisión tomada por el a quo de eximir en el pago de las costas personales y procesales a la parte querellante y actora civil de este asunto, tal cual lo razonó la sentencia en el siguiente pasaje:[...] A mayor abundamiento, y en relación con el artículo 73.2 del Código Procesal Civil, los supuestos ahí previstos para la exoneración en costas por una razón plausible para litigar de acuerdo con la realidad procesal de este asunto también acuerpan la decisión tomada por el a quo. Al respecto tal ordinal indica lo siguiente: “73.2 Exención. Se podrá eximir, total o parcialmente, de forma razonada, cuando:
La demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas.
El fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, que modifiquen sustancialmente lo pretendido.
Haya vencimiento recíproco trascendente sobre pretensiones, defensas o excepciones.
La parte haya ajustado su conducta a la buena fe, la lealtad, la probidad y al uso racional del sistema procesal.” En este caso, nótese cómo la pretensión final en conclusiones de la acción civil no fue de doscientos millones de colones como inicialmente se estimó en tal libelo, siendo que la liquidación de pretensiones en juicio no se tiene como exagerada; en segundo término el fallo rechazó las excepciones planteadas por la defensa técnica; y finalmente, no se advierte un uso irracional del sistema respecto de la parte querellante y actora civil, en los términos antes expuestos, descartándose que éstos se condujeran litigando de mala fe. De lo expuesto, se concluye que la resolución sin especial condenatoria en costas en este asunto al amparo de una razón plausible para litigar quedó más demostrada, por lo cual se avala el razonamiento así expuesto en sentencia al haberse absuelto a la imputada por la existencia de una duda razonable y en donde, siempre quedó probada la falsedad del documento hecho por ésta en su condición de notaria, más allá de la no demostración del dolo en su caso, todo lo cual condujo a la declaratoria de falsedad instrumental. Además, resultaron infundadas las afirmaciones atinentes a que la parte querellante y actora civil litigaron de mala fe al amparo por el ocultamiento de información y datos a la Cámara de Juicio; y finalmente, la acusación formulada por la querellante no contiene elementos los cuales permitan sustentar que ésta haya sido producto de un ejercicio irresponsable, temerario, arbitrario o infundado en contra de la señora [Nombre 001], antes bien, deviene del ejercicio propio de derechos y garantías procesales reconocidas para toda persona en nuestra legislación e instrumentos internacionales de derechos humanos.[...]"