Resolución 00314-2025

"VIII.) [...] Se violenta el art 41.4 CPC pues no se valora en forma debida la prueba provocando una infracción del derecho de defensa. La resolución apelada, presenta un contenido fragmentario y vago, que deja por fuera el análisis integral del marco del debate sin relación a la prueba en conjunto, conforme el art 39 CPC, implicando un vicio de incongruencia, cfr. Art. 61.2, in fine, CP, razón suficiente para disponer la nulidad de la resolución venida en alzada. Téngase presente que, según reiterada doctrina casacional, la congruencia corresponde al “[…] marco inexorable dentro del cual las personas juzgadoras deben resolver; [que no solo corresponde a] lo pretendido, […] sino que son los hechos de la demanda y la contestación, las pretensiones y las excepciones los que determinan la forma en que se resuelve el asunto sometido a su conocimiento […]” (Cfr. Entre otros: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 000038-F-S1-2024 de las ocho horas cuarenta y uno minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro); de esta forma, al omitirse el análisis del contenido íntegro de la prueba en relación con demanda y oposición, así como la tipología de argumentos expuestos, se incurrió en una violación al derecho de defensa de las partes (cfr. Art. 39 y 41, Constitución Política); por tanto, no queda más camino que disponer la nulidad de fallo venida en alzada. La falencia detectada no puede ser solventada por este Tribunal de alzada en única instancia, lo cual refuerza aún más la nulidad dictaminada. El numeral 28.1, in fine CPC, dispone que: “Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley”. En la actualidad el consenso es general, la motivación de las resoluciones sea en su concepción fáctica o jurídica, se erige como condición imprescindible del correcto ejercicio de la función jurisdiccional y como derecho inalienable de las personas ciudadanas. La persona juzgadora está obligada, siempre a fundamentar sus decisiones, es un derecho que surge, entre otros, de los artículos 1.1., 8.1 y 66.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y numerales 39 y 41 de la Constitución Política, pues con la motivación de las resoluciones se garantiza el derecho a ser juzgados por las razones que el derecho establece y tiene entre sus fines fundamentales dar credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática."