Resolución 00080-2025

"ll.- Consideraciones varias sobre principios y garantías que cobijan el debate oral y público. El proceso penal se rige por varios principios, algunos contenidos en el Código Procesal Penal, en la Constitución Política y tutelados en instrumentos internacionales, como el principio de legalidad, igualdad, proporcionalidad en sentido amplio entre otros; todos ellos forman parte del debido proceso y son garantía en un Estado democrático de Derecho como el nuestro. Sobre el debido proceso podemos indicar: "El debido proceso legal es una piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos; es, por excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de derecho." (Medina Quiroga Cecilia. La convención Americana: vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial. 2003. Universidad de Chile). Dentro del proceso penal costarricense, algunos principios son más representativos en etapa de juicio, como son la concentración, continuidad e inmediatez, principios que están más relacionadas a la prueba y a los juzgadores y que están implícitos en el artículo 336 del Código Procesal Penal. El principio de concentración es una garantía para todos los intervinientes del proceso, ello implica que se le debe garantizar a las personas acusadas de que el juicio se va a llevar a cabo mediante audiencias consecutivas, de manera que se impida que labores ajenas al debate influyen en el recuerdo y de esa manera asegurar que siempre exista cercanía memorística entre el alegato de apertura, prueba recabada, conclusiones y deliberación, lo anterior para dar la seguridad y confianza que lo decidido sea a consecuencia de un debate previo y fresco en la memoria del juzgador evitando impresiones derivadas del olvido. Es así como el legislador al respecto dispuso en el numeral 336 del Código Procesal Penal lo siguiente: "Continuidad y suspensión La audiencia se realizará sin interrupción, durante las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación. mismo artículo regula las causales de suspensión iniciando con la palabra "podrá", es decir, es facultativo para el Tribunal suspender hasta por diez días o por veinte días para esta Jurisdicción Especializada, las causales que avalan la suspensión de un debate se encuentran debidamente indicadas en los incisos a) al g) del citado artículo, no obstante siempre será obligación del tribunal el cumplimiento de los principios mencionados en procura de tratar de mantener las sesiones siempre continuas. Este principio de concentración va aparejado al principio de continuidad en el tanto el tiempo entre cada sesión sea el menos posible, siempre para conservar la prueba recibida en la memoria de los juzgadores, prueba que se recibe mediante el principio de inmediación, en otras palabras, la prueba es recibida y percibida por el juzgador en debate, mediante un contacto directo con ella, de ahí la importancia de preservar ese recuerdo. [...]"