Resolución 00244-2024

"II. VOTO SALVADO DE LA SEÑORA JUEZA GUERRERO LOBATO: Con acentuado respeto hacia mi compañera jueza y compañero juez que, en este caso concreto, integran este Tribunal, me aparto de la decisión tomada por la mayoría y salvo mi voto y lo emito en los siguientes términos: Considero que no existe ninguna causa de impedimento para conocer en segunda instancia de la medida cautelar que se acogiera en primera instancia, número 2024000452 de las doce horas con veintitrés minutos del veinte de marzo de dos mil veinticuatro. Lo anterior lo fundamento en lo establecido en el artículo 420 párrafo segundo del Código de Trabajo, el cual a la letra señala en lo que interesa: "Dentro de este ámbito se incluyen el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público, relativos a dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral". En ese escenario, en mi opinión personal, todo el tema relacionado con la nulidad de actos administrativos se aplica el fuero de atracción al aplicarse normativa laboral al tema que nos ocupa. Obsérvese que la parte actora fundamenta su demanda en el proceso disciplinario que se inició en su contra y finalizó en el despido, así como al reclamo del pago de horas extras, solicitando: "a) se resuelva que el despido fue contrario a derecho; b) Se ordene a la demandada la reinstalación de Juan Diego Monge Bermúdez en su puesto de trabajo con el pleno goce de todos sus derechos laborales; c) se condene a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir desde el despido y hasta la efectiva reinstalación; d) Se condene a la demandada al pago de anualidades, vacaciones, aguinaldos, salarios escolares, incrementos salariales, aumentos anuales, cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, Cuotas del Fondo de capitalización laboral del Régimen de Pensiones Complementarias desde el despido y hasta la efectiva reinstalación; e) Se condene a la demandada al pago del daño moral subjetivo ocasionado al actor, el cual lo estimo en la suma de C. 100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE COLONES), y el cual consiste en la angustia, estrés, sufrimiento y depresión que fue sometido juntamente con su familia, ante la incertidumbre generada por el despido realizado de manera contraria a derecho; f) Pago de ambas costas del proceso; g) Sobre los extremos anteriores solicito su indexación; h) Pago de los intereses legales sobre dichas sumas, desde la fecha en que se dejaron de pagar y hasta su efectiva cancelación; i) De igual manera solicito que la sentencia que acoja el reclamo de horas extras, sea comunicada a la Caja Costarricense del Seguro Social, paara que se haga el ajuste de mis salarios durante la relación laboral con la empresa demandada" (Sic) (las negritas no son parte del original). Consecuentemente el contenido material de las pretensiones, especialmente el pago de las horas extras es de índole laboral, independientemente de quien sea su empleador. En consonancia con lo expuesto, la normativa aplicar es la laboral y no la contencioso administrativa, por lo que, el pretender declararse incompetente de forma oficiosa en razón de la materia va en detrimento de los derechos laborales del actor, donde se aplican los principios procesales propios de dicha materia (artículo 421 del Código de Trabajo) como son entre otros el de gratuidad o costo mínimo, sencillez e informalismo, obligando a la persona trabajadora a contratar en forma obligatoria y no voluntaria los servicios de un letrado en derecho, para poder litigar en la jurisdicción donde se está trasladando el proceso que nos ocupa. Tal cosa iría en contra del acceso a la justicia. Obsérvese que la norma que permite el conocimiento del caso en estudio (artículo 420 del Código de Trabajo), es clara al indicar que es competencia de la jurisdicción laboral el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público, aún las nulidades de actos administrativos, cuando su contenido material o sustancial es laboral. Con base en lo expuesto, en voto de minoría, declaro que se debe conocer en esta segunda instancia la impugnación que hace la parte demandada en contra de la medida cautelar otorgada a la parte actora.