Cargando la resolución…
Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Civil
Cargando texto de la resolución…
Los enlaces corresponden únicamente a citas expresas verificadas.
Documento judicial
"III. La recurrente tiene razón. Al menos en una ocasión anterior, este
tribunal conoció una situación semejante a la planteada en el recurso bajo examen. En el voto 2023000150, se desarrolló el siguiente criterio: "...En el caso que nos ocupa, se pretende el cobro de una cantidad de dinero que habría sido fijada en una resolución administrativa, después de seguir el debido proceso. Con la finalidad de hacer efectivo el cobro, se emitió la certificación de fecha 27 de noviembre de 2019. Efectivamente, dicha certificación no encuadra en el título ejecutivo previsto en los artículos 189 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios porque el crédito exigido no es de naturaleza fiscal. No obstante, dicho documento sí encaja en la hipótesis prevista en el artículo 149.1 de la Ley General de la Administración Pública que, en forma amplia, se refiere al cobro de un crédito líquido a favor de la Administración (en este caso, la repetición de lo pagado de más por concepto de salarios).
Con todo, el hecho de que el crédito certificado se haya originado en el pago excesivo de salarios (aspecto propio de una relación de empleo público) no significa que el proceso deba ser conocido en la Jurisdicción Laboral. Antes bien, el cobro del título ejecutivo contemplado en el artículo 149.1 de la Ley General de la Administración Pública presupone el trámite de un proceso monitorio dinerario, por medio del cual se reclama el pago de esa suma líquida y exigible, que habría sido fijada en una
resolución administrativa después de agotar el debido proceso....".
En el presente asunto, se aplica el mismo criterio. La certificación de fecha dos de febrero del año anterior, se refiere a un adeudo por concepto de salarios pagados de más. Se estima que un crédito de esta naturaleza encuadra en el amplio concepto de "crédito líquido de la Administración" a que se refiere el .1 de la Ley General de la Administración Pública. Véase que el ámbito de aplicación de dicha norma no está delimitado a las sumas que se generen por responsabilidad patrimonial a favor de la Administración. De esta forma, al expedirse la certificación mencionada en dicha norma, la Administración puede acudir al proceso monitorio dinerario a cobrar las sumas que se habrían fijado en sede administrativa, después de seguir el debido proceso. Cabe explicar que la norma citada prevalece sobre la regla contenida en el artículo 420 del Código de Trabajo en el tanto el carácter ejecutivo de la certificación aludida, y el consustancial proceso cobratorio en la vía monitoria dineraria, excluyen la remisión a otro tipo de jurisdicciones o vías procesales."