Resolución 00165-2023

"V. [...] Efectivamente la Ley de Informaciones Posesorias N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, en sus artículos 12, 13 y 14, establecen la posibilidad de realizar la rectificación de medidas de un bien inmueble cuando se detecte un error en su cabida, sea a través de un trámite notarial o de uno judicial. En sede notarial, la ley limita la gestión extrajudicial para aquellas fincas inscritas antes del 23 de octubre de 1930, o sus segregaciones de acuerdo con los porcentajes que la norma señala (artículo 13). Por otra parte, el trámite judicial se dirige a rectificar la medida en aquellas fincas cuyos porcentajes sean superiores a los señalados en la norma anterior o bien, cuando se trate de fincas inscritas con posterioridad al 23 de octubre de 1930, tal y como se desprende de los numerales 12 y 14 de la Ley en cita, respectivamente; véase, que en ninguna de estas dos normas se excluye esta última posibilidad. Si bien es cierto, la jurisprudencia de vieja data consideró que eso no era procedente en razón de la fecha de inscripción de la finca, lo cierto es que este Órgano, atendiendo a una interpretación evolutiva de la ley conforme lo señala el artículo 3.3 del Código Procesal Civil, y considerando por un lado, el hecho de que una propiedad descrita en un plano catastrado no excluye la posibilidad de error respecto de la cabida y la ubicación; por otro lado, que la propia normativa somete este tipo de procedimientos a una serie de formalidades o requisitos rigurosos, precisamente para que no se afecten los derechos de terceros, con la posibilidad incluso de discutir el asunto dentro del plazo de convalidación, es que se arriba a la conclusión en asocio con el articulado citado, que no es posible denegar el trámite de rectificación de medida que se solicita con el solo fundamento de la fecha en la cual fue inscrita la finca. Este mismo criterio ya había sido externado previamente por el Tribunal Agrario en votos N° 614 y N° 698 ambos del año 2019, y 172 del año 2020, entre otros, mismos que se comparten plenamente. En consecuencia, esta Autoridad no comparte la tesis del Juzgado a-quo en el sentido de que únicamente procede la rectificación de medidas en bienes inmuebles inscritos antes del 23 de octubre de 1930. En razón de lo anterior, se declara la nulidad de la sentencia impugnada, por lo que deberá proceder el Juzgado de Instancia conforme a derecho."