Resolución 00007-2023

"Io.-  EN CUANTO A LA PREJUDICIALIDAD. En la doctrina del derecho no es posible encontrar una definición unívoca o absoluta del concepto bajo análisis, dado que existen discrepancias entre los distintos juristas que han tratado el tema. No obstante, bajo este concepto, alguna parte de la doctrina pretende aglutinar la idea de que ésta se produce cuando un tema o asunto debe ser resuelto antes de la cuestión principal, dado que es la premisa o antecedente lógico de la sentencia. En la materia que nos ocupa, como lo es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Eduardo Barrachina Juan, en su Diccionario de Derecho Público la define como "...excepción al principio de exclusividad de la competencia de la jurisdicción Contencioso-administrativa, que obliga a la misma a entender del conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo salvo las de carácter penal...". El profesor Oscar González Camacho, en la discusión del proyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo, que se llevó a cabo en la Sub-Comisión Legislativa, en relación con el artículo 4 del proyecto mencionado, que coincide con el mismo numeral de la legislación vigente, indicó al respecto: "...El artículo creo que se explica por sí mismo, no, está referido al principio de prejudicialidad y de las pretensiones anejas o anexas a lo contencioso. Es el caso de una incidencia de un aumento de alquiler, que verse o que esté muy relacionado con el proceso contencioso que se discutido (sic...). Bueno, remitir ese aspecto colateral a la jurisdicción correspondiente, pues no corresponde. Este es un principio general de teoría del proceso, que está en la ley actual y que está con muy buena técnica prácticamente se reproduce y se insiste en el principio de prejudicialidad, que ojalá los jueces lo lleguen a entender correctamente, ¡no! Porque hay un mal manejo frecuente de este principio de prejudicialidad, particularmente de los penales, que no lo logran entender. Es el caso de una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión, pero si hay un proceso contencioso en donde está discutiéndose el reconocimiento del título de universidad extranjera, pues, bueno, el proceso penal tiene que paralizarse. Eso es así por mayoría de razón y algunos no lo han entendido. De tal manera que, pienso que el artículo se explica por sí mismo y que desde luego, es de suma trascendencia para el entendimiento posterior...". Por su parte el académico Ernesto Jinesta Lobo, en relación con el artículo 4 del CPCA indica: "...El artículo 4° CPCA extiende la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa a cualquier cuestión prejudicial directamente relacionada con la pretensión ventilada, aunque no pertenezca a ese orden jurisdiccional. La norma hace la salvedad únicamente, de la prejudicialidad penal (v.gr. la falsedad de una prueba documental aportada a los autos..." (ver Manual del Proceso Contencioso Administrativo, Editorial Jurídica Continental, página 40). Para comprender la forma en la que ha aplicado e interpretado la figura del numeral 4 del CPCA bajo examen, resulta importante citar lo que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto en algunos casos. Por ejemplo, en la resolución n.° 212-A-S1-09, de las 9:31 horas del 10 de marzo del 2009, indicó lo siguiente: "...Previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, se debe conocer la solicitud planteada por la parte actora, de suspensión del proceso. Aduce la existencia de causas penales seguidas contra los titulares de las cuentas destinatarias de las transferencias electrónicas discutidas en el presente asunto, lo que, en su criterio, generaría un supuesto de prejudicialidad. En la especie no se observa que el proceso penal que se menciona, sin que se ofrezca prueba alguna sobre el mismo, tenga incidencia en la resolución del presente asunto, por lo que debe rechazarse la gestión planteada. Como se puede observar del análisis del expediente, la discusión se centra sobre la eventual responsabilidad que le corresponde a la institución financiera por la sustracción de dineros del actor mediante la utilización del servicio que ofrece de banca electrónica. En este sentido, la discusión en ambas sedes, la penal y la contenciosa administrativa versan sobre aspectos diversos, por lo que en nada influye el resultado del primero en la resolución del presente caso. De igual forma, la definición que en esta sede deba hacerse, no depende de la verificación de elementos probatorios provenientes del proceso penal...". [...]".