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Tribunal Contencioso Administrativo Sección II
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Documento judicial
"II.- Sobre el allanamiento en el presente proceso. En la especie, la demanda se presenta para que se disponga como pretensión principal que se anule la resolución del
Tribunal de la Inspección Judicial N°435-2020 de las trece horas y veintiuno minutos del 12 de febrero del año dos mil veinte, dictado dentro de la causa N° 19-000879-0031-IJ y se declare además, la nulidad del Acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión número 60-2020 realizada el 18 de junio de 2020 en que se acordó rechazar por improcedente el
recurso de apelación interpuesto en contra del acto final. Sobre el particular cabe indicar lo que de seguido se expone. La reforma procesal plasmada a través del Código Procesal Contencioso Administrativo propugna por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos, sustentándose para ello en cuatro pilares ideológicos, todos ellos, de base constitucional, a saber: distribución de funciones, que permite al Poder Judicial controlar las conductas públicas (artículos 9, 49, 153), sometimiento del Estado al Derecho en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus competencias (artículo 11 -principio de legalidad en su doble visión-), control universal de la función administrativa, que elimina cualquier posibilidad de reductos exentos del control jurisdiccional del proceder público (artículo 49) y como corolario de esos enunciados, la tutela judicial efectiva (artículos 41 y 49). Todas esas máximas convergen para concretar una justicia pronta y cumplida, como desideratum de este tipo de procesos judiciales, siempre teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es garantizar la legalidad de la función administrativa y la tutela de las situaciones jurídicas que puedan verse afectadas en el marco de las relaciones jurídico-administrativas. Para tales efectos establece un proceso común compuesto por una serie de etapas que de manera concatenada, y cada una con una intencionalidad o ratio claramente establecida, buscan la depuración del proceso, pero a su vez, la solución de la controversia, ya no solo por la emisión de una sentencia final, sino por formas anticipadas de terminación del proceso, a saber: desistimiento (113), allanamiento total o parcial (114), satisfacción extraprocesal (115), equiparación de resolución administrativa (116), transacción (117), cumplimiento de conducta omitida (118). En el caso concreto del allanamiento, el Código de referencia establece requisitos que determinan su procedencia. Como primer aspecto, cuando la parte que expresa el allanamiento sea una Administración Pública, se impone como requisito sine qua non la presentación del acuerdo o resolución adoptada por el órgano competente. Cuando la representación de la Administración Pública corresponda a la Procuraduría General de la República (en los casos previstos en el canon 16 ibidem ), tal exigencia debe proceder de la Procuradora General de la República. De igual manera, en virtud de las implicaciones de esta figura, la intencionalidad de allanamiento debe ser expresa e inequívoca, de modo que pueda desprenderse de manera contundente el deseo de aceptar las pretensiones del actor. Incluso esa manifestación debe detallar si el allanamiento es total o parcial a fin de establecer la terminación íntegra o fragmentada del proceso. Por otro lado, el inciso 4) del artículo 114 de ese mismo cuerpo legal estatuye que la sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio. En efecto, según lo dispone esa norma: "En caso de allanamiento, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia, la cual será emitida de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si se infringe el ordenamiento jurídico." Lo anterior es derivación lógica del control de legalidad que por imperativo constitucional debe realizar esta jurisdicción contencioso administrativa. No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que, en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de
De ese modo, ante la manifestación de allanamiento, el juzgador debe ponderar si lo que en el fondo se pretende y constituye el objeto del proceso, se ajusta a ese parámetro de juridicidad, caso en el cual, dará por terminado el proceso, o, por el contrario, resuelve lo que en derecho corresponda para concretar esa finalidad de tutela del ordenamiento jurídico. Por demás, es claro que cuando existan co-demandados, el proceso debe continuar respecto de aquellos no se hayan allanado, cuando así corresponda en atención al objeto debatido.
Ahora bien, en la particularidad del presente caso, luego de un análisis a fondo de los autos, este órgano colegiado es del criterio que concurren todos los presupuestos normativos para tener por aceptada y por fenecida la discusión en cuanto a la pretensión anulatoria de los actos administrativos ut supraidentificados, en virtud y con fundamento del allanamiento manifestado por el Estado accionado. En efecto, en cuanto a la manifestación expresa de voluntad de allanamiento, se tiene que el Estado, como parte accionada, presentó solicitud de allanamiento parcial, en cuanto a la procedencia por vicios existentes en tales actos el evidenciarse el vicio en el motivo y, por ende, en el contenido y en la motivación presentes en lo resuelto por el Tribunal de la Inspección Judicial N°435-2020 de las las trece horas y veintiuno minutos del 12 de febrero del año dos mil veinte, y con ello se vicia lo resuelto por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N° 60-2020 del 18 de junio de 2020 [...]
Dicha misiva cumple con dos presupuestos fundamentales para la aplicación de la figura del allanamiento en este caso. Por un lado, Por otra parte, supone la inequívoca manifestación de voluntad de acceder parcialmente a los ruegos formulados en la demanda, pero que constituye la esencialidad del litigio. De igual manera, en cuanto al cotejo de legalidad del allanamiento, no se observa que lo dispuesto genere algún tipo de infracción al ordenamiento jurídico, sino por el contrario, reordenar el desequilibrio pernicioso en los vicios mayúsculos dados en los actos impugnados de invalidez absoluta y que contravienen el debido proceso en perjuicio de la administrada. Considérese, la demanda se presenta para que se anulen las conductas administrativas sancionatorias que entrañan violación flagrante y absoluta al debido proceso existentes en el acto sancionatorio. Tal y como señala dicho oficio, el vicio en el motivo y, por ende, en el contenido y en la motivación presentes en lo resuelto por el Tribunal de la Inspección Judicial N°435-2020 de las trece horas y veintiuno minutos del 12 de febrero del año dos mil veinte, conduce viciando lo resuelto por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N° 60-2020 del 18 de junio de 2020, al denegar el recurso de apelación contra el acto final.
De igual manera, ese oficio externa en lo conducente, que el expediente sancionatorio N°19-000879-0031-IJ seguido contra la actora, fue tramitado sin las respectivas valoraciones normativas ni las fundamentaciones pertinentes necesarias que evidencian de igual manera el trastoque al debido proceso, como compendio de principios que obligan a aplicarse a cualquier administrado al sujetarse al ejercicio de la potestad disciplinaria de su patrono; de ahí que, ante ese reconocimiento de los vicios que padece el acto sancionatorio, es claro que el allanamiento se sustenta en el reconocimiento de las pretensiones y justificaciones de la accionante en lo atinente a la nulidad de los actos administrativos en lo resuelto por el Tribunal de la Inspección Judicial N°435-2020 de las trece horas y veintiuno minutos del 12 de febrero del año dos mil veinte, y que en consecuencia vicia lo resuelto por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N° 60-2020 del 18 de junio de 2020, producto de lo cual, no se observa ilegitimidad alguna que pueda constituirse como obstáculo para desacreditar y denegar el allanamiento formulado [...]".