Resolución 00281-2022

"III.- PRONUNCIAMIENTO: Los agravios no tienen la virtud de modificar lo resuelto. Le corresponde al legislador definir cuáles son los documentos que tendrán la condición de título ejecutivo, y ciertamente a las certificaciones de contador público autorizado les ha concedido tal calidad, pero no en forma ilimitada, la ley se encarga de definir el tipo de adeudo que podrá gozar de tal ejecutividad. Por ejemplo, el artículo 611 del Código de Comercio, prescribe la posibilidad de certificar aquellas deudas originadas en los saldos de sobregiros en cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito para el uso de tarjeta de crédito; también la Ley Marco de Contrato de Factoreo (Ley 9691), debiendo tener claro que ésta es una regulación específica para un tipo de contrato, sea para regular la actividad de factoreo de índole mercantil, así como cualquier transferencia de derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros a un factor. Esta ley en su numeral 2 inciso b) se encarga de conceptualizar el contrato de factoreo, como aquél “contrato de gestión mercantil mediante el cual una persona física o jurídica que desarrolla una actividad lucrativa, llamada cliente, transmite a la empresa de factoreo, llamado factor, sus derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros de terceros deudores, sea mediante facturas o cualquier otro efecto comercial, a cambio de una remuneración previamente estipulada [...] el hecho de que existan unas facturas y transferencias de dinero, un acuerdo entre las partes para la compra venta de materiales, ello no faculta al acreedor para proceder a la certificación del adeudo por medio de un Contador Público Autorizado, certificar un incumplimiento de contrato y pretender con ello tener un título ejecutivo, porque el título ejecutivo previsto por la ley que cita el apelante, debe entenderse con ocasión de  un contrato de factoreo existente entre las partes, situación que dista mucho de lo aquí ocurrido. Tome en cuenta el inconforme que el artículo 6 de la Ley Marco del Contrato de Factoreo (Ley 9691), que cita como apoyo de su tesis, dispone lo siguiente: “Ejecutividad del monto adecuado de la factura. Las certificaciones del monto adeudado de una factura tendrán el carácter de título ejecutivo, cuando sean expedidas por un contador público autorizado, a partir de la veracidad de la existencia del contrato o acto jurídico.”. Así queda claro que la prescripción normativa permite acudir a la certificación del adeudo a través de una certificación de contador público autorizado no de manera irrestricta, sino cuando exista un contrato de factoreo por medio del cual el factor -entidad encargada de administrar la facturación que adquiere del transmitente-, lleva a cabo su labor de factoraje, entendiendo este último como aquel “producto financiero que consiste en anticipar los derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros, los cuales son cedidos por un transmitente a un factor y este a su vez se encarga de administrar y cobrar dichos derechos al pagador como primer obligado.” (Artículo 2 inciso g) de la citada ley [...]".