Tribunal Contencioso Administrativo Sección II
Cargando texto de la resolución…
Los enlaces corresponden únicamente a citas expresas verificadas.
Documento judicial
"VI. OBJETO DEL PROCESO. Conforme lo señalado por la parte actora como pretensiones de este proceso y, revisados los motivos en que sustenta los vicios de nulidad de las visitas de inspección, la resolución administrativa que rechaza el visado de los 27 planos y las subsiguientes resoluciones administrativas dictadas con ocasión de conocer y rechazar los recursos de revocatoria y apelación "...en el presente caso no se discuten normas de protección ambiental aplicables a propiedades ubicadas en zonas de protección, sino el rechazo del visado de los 27 planos solicitados por RDC, que es un tema urbanístico, y por ello, es que el tema medular en el presente proceso consiste en la interpretación del ámbito de aplicación territorial de los decretos urbanísticos en cuestión y no temas ambientales, ya que las propiedades dentro de zonas de protección a las que se le otorguen los visados de planos debe respetar restricciones y normativas ambientales, pero no resulta conforme con el ordenamiento jurídico denegar visados de planos con base en normas urbanísticas inaplicables al inmueble y que no afectan la protección del ambiente que brindan las normas propias de esta materia" (ver imagen 15 del expediente judicial, escrito de demanda y conclusiones imágenes 339 y 364). Esta Cámara, a la luz de la consideración de la parte actora, precisa indicar que, comparte parcialmente lo señalado, pues estima que, el punto a dilucidar es, si la exégesis dada por la oficina del SINAC de Grecia al artículo 5 del DE N°25902-MIVAH-MP-MINAE es ajustada a derecho, y revisar si el fundamento normativo dado en las inspecciones de campo y en los actos administrativos dictados, tiene un error en el motivo que alcanza la motivación de las resoluciones y, determinar así la antijuridicidad de base en las actuaciones formales impugnadas. Sin embargo, es igualmente necesario señalar que, si bien se trata de un tema que puede calificarse como eminentemente urbanístico (el visado de planos); como se verá, las normas y leyes de cita, no permiten deslidar un aspecto del otro, recordando esta Cámara que, el desarrollo urbano tiene incidencia total en el ambiente; tanto que, el visado de los planos por parte de las instancias administrativas correspondientes, llámese SINAC, AYA, MIRENEM o los propios gobiernos locales, es un requisito que prevé el ordenamiento nacional para su inscripción finalmente en el catastro. El objetivo de ello es precisamente que la Administración cumpla con el mandato constitucional (artículo 50) de procurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ejerciendo así las potestades de fiscalización para garantizar que la normativa ambiental que aplica a cada caso, según la calificación de las áreas silvestres protegidas dadas en el territorio nacional -a saber- Reservas Forestales, Zonas Protectoras, Parques Nacionales, Reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales ( de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554) sea acatada, respetada y aplicada en su correcta interpretación [...]
CONTINUACIÓN. PRECISIÓN NECESARIA. Estima necesario este Colegio aclarar que, en este análisis sistémico, no puede obviarse que el inmueble que se pretende segregar, por su ubicación (cantón de Naranjo) está ubicado en una "zona protectora", DE N°6112-A del 23 de junio de 1976, instrumento calificado como una área silvestre protegida por la Ley N°7554 y, en ese sentido sí es apegado a derecho la afirmación que hace el SINAC y el rechazo fundamentado en que, el territorio que describen los planos cuyo visado se rechazó, están inmersos dentro de una zona protegida ambientalmente, que se denomina Zona Protectora Río Grande, y como tal, está sometida al régimen jurídico y regulaciones ambientales que se definen para esa categoría de protección específica y, que la Administración debe velar por su aplicación y exacto cumplimiento. El yerro está -en criterio de este Colegio- en afirmar que esa área a su vez está afectada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, esa es la interpretación extensiva que no comparte el
Tribunal, por cuanto el fin contenido en el Reglamento N°3332 del INVU y del DE N°13583 es regular el desarrollo urbano del sistema de ciudades y centros de población del Valle Central del país, designado como Gran Área Metropolitana y, la primera acción que se da en esas normas, es la definición en una lista taxativa de los territorios que comprende la misma. Si la norma no incluyó el cantón de Naranjo y ninguno de sus distritos, no puede entenderse que el DE N°25902 abarca o cubre dentro de su ámbito de aplicación territorios que están protegidos por un instrumento distinto, a saber la "Zona protectora de Río Grande". Al realizar esta aplicación extensiva, estima este Colegio se incurre en un vicio en el motivo de las resoluciones dictadas [...]
Tome nota la administración recurrida que, el inmueble que se pretende segregar, está ubicado dentro de los límites de una zona protectora, conforme se indicó en los Hechos Probados números 3, 13, 15 y 16 de esta resolución y, en esa particularidad está sometida a las regulaciones y limitaciones que prevé el decreto ejecutivo N°6112-A. Consecuentemente, al materializarse su aplicación a un caso concreto, deben privar los principios rectores ambientales, como el in dubio pro natura y el principio precautorio en armonía con lo señalado en el decreto aludido; tal y como lo reconoce la parte actora: "RDC no solicita la desaplicación de las normas ambientales aplicables a las propiedades tales como la Ley Orgánica del Ambiente o la Ley Forestal, ..." (imagen 15 expediente judicial). [...]".