Resolución 00159-2021

"III.- [...] En lo que respecta al pago del impuesto al valor agregado, que se liquida sobre los honorarios de abogado, debe tenerse claro que las costas que se calculan tomando la base de honorarios de abogado son acreencia de la parte litigante vencedora en un proceso contencioso, no así de su abogado, porque aún y cuando se tome como parámetro el mínimo tarifario establecido en el decreto, el derecho patrimonial corresponde a la parte y no al profesional que le haya asistido. Por su parte los honorarios de abogado que corresponden propiamente a quien asume el patrocinio de la respectiva parte, éstos si son de su acreencia, y pueden no coincidir con las costas (honorarios de abogado), porque simplemente la negociación entre abogado cliente podría fijar, de común acuerdo, una suma mayor a la dispuesta por el mínimo que fija el arancel respectivo, incluso el pago del abogado depende de las etapas procesales en las que participe. En este sentido, el artículo 73.1 del Código Procesal Civil, establece: "En toda resolución que le ponga fin al proceso, de oficio, se condenará al vencido al pago de costas. Se considerarán costas los honorarios de abogado, la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su presencia y los demás gastos indispensables del proceso ". Y por su parte el numeral 76.4 ibídem, prevé: "Los abogados y sus clientes podrán fijar contractualmente el monto de los honorarios y sus modalidades de pago respetando los límites impuestos por la ley y el decreto respectivo. Dicha estipulación no afectará a las partes contrarias del proceso, para efectos de fijación de costas personales ". Es así como las costas otorgadas en los procesos judiciales difieren de los honorarios de abogado que finalmente pacte éste con su cliente, por cuanto son precisamente los que derivan del servicio profesional contratado, que resulta el hecho generador que están afectados por el impuesto al valor agregado, en concordancia con el artículo 1 en relación con el 3 inciso 3 y 4 de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no estando las costas impactadas por dicho impuesto, porque no estamos ante una prestación de servicios realizada por un contribuyente, por ende no es posible acceder a su cobro, debiendo confirmarse su rechazo.-"