Resolución 00382-2002

Toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por

cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho

previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la

ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación

de los demás....².

Interpretando estas disposiciones, la Sala Constitucional, de forma

reiterada,  ha desarrollado el tema

de los lineamientos básicos que conforman el derecho a la  libertad de información -en relación a la libertad de

prensa y de información-, fijando a su vez los límites del ejercicio de los

mismos. Bajo esta perspectiva, dicha Sala Constitucional, primeramente,

estableció que, tanto la libertad de prensa y de información, facultan a quien

ejerce la labor de comunicación para  comunicar

a la ciudadanía de aquellos acontecimientos que, en razón de su naturaleza pública,

revisten de cierto interés, para que cada individuo tenga un conocimiento

oportuno de éstos, dado que dicho conocimiento puede ser de utilidad en el

desarrollo de las actividades de los ciudadanos. Ejercitado en estos términos,

el derecho a la información constituye un derecho fundamental dentro de nuestro

sistema democrático. A pesar de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico,

establece ciertos límites en el ejercicio de la labor periodística que deben

respetarse, a efecto de salvaguardar el derecho al ámbito de la intimidad que

corresponde a cada ser humano (Voto número 268-96, de las 11:33 horas, del 12

de enero, de 1996). Dichos límites, según lo señaló la misma Sala en ese

pronunciamiento, se encuentran constituidos por el orden público, la moral,

y de los derechos de los terceros, dentro de los que se debe incluir la

reputación y el honor como parte del derecho a la intimidad. Siguiendo esta línea

jurisprudencial, en el Voto n° 8022-99, de las 12:18 minutos, del 15 de octubre

de 1999, la Sala indicó que el honor,

tiene dos facetas, una interna o subjetiva que se presenta en la estimación

que cada persona tiene de sí mismo, y otra de carácter objetivo, que es la

transcendencia o exterioridad conformada por el reconocimiento que los demás

tienen acerca de nuestra estima . De esta forma, el derecho de información se

ve limitado por el respeto a la reputación y al honor de las personas, tal y

como lo señalan los artículos 11 y 13 aparte a) de la Convención Americana de

Derechos Humanos. Es por esto que, según  concluye

la  Sala,

en caso de existencia de conflicto entre el derecho de información y el

de intimidad  no es posible

establecer un principio general sobre el cual uno se imponga al otro, por lo

que, corresponde al órgano jurisdiccional examinar cada caso concreto, para así

determinar si mediante el ejercicio del derecho de información se lesionó el

derecho a la intimidad porque, si bien es cierto, el artículo 29 constitucional

establece la posibilidad de comunicar sus pensamientos y publicarlos sin censura

previa, también  establece el

supuesto de que, cuando tales comunicaciones provoquen un abuso, quienes las

suscriben deben resarcir el daño causado ( votos números 8022-00 y 5153-2000,

de las 17: 41 horas, del 28 de junio del 2000).

Una vez establecido lo anterior,

cabe ahora determinar cual es el tipo de responsabilidad que genera la actuación

de un periodista en el supuesto en el que nos ocupa. El artículo 41 de la

Constitución Política establece que, ocurriendo a las leyes, todos han de

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su

persona, propiedad o intereses morales. Igualmente, el artículo 22 del Código

Civil, señala que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio

antisocial de éste, de manera que, todo acto u omisión que, por las

circunstancias en que se realice sobrepase los límites normales del ejercicio

de un derecho, con daño a un tercero, da lugar a la correspondiente indemnización.

En este sentido, la Sala Primera de la Corte

Suprema de Justicia ha afirmado ²...VII.-

El acto abusivo es un acto de índole antifuncional, contrario o desviado del

espíritu, destino o función económico social de un derecho determinado. Lo

característico de este acto es su desarmonía con el fin económico social

merced al cual el derecho subjetivo se encuentra amparado por el ordenamiento

jurídico, es decir, implica un divorcio absoluto entre la finalidad perseguida

y el espíritu de la institución. El derecho subjetivo debe ejercerse según

fines confesables, dentro del ámbito de la institución, y de consuno con su

espíritu, pues de lo contrario deja de ser una facultad tutelada por el

ordenamiento jurídico. Son varios los criterios reveladores del abuso, los

cuales permiten, al propio tiempo, concretar el concepto de función económico-social

de los derechos subjetivos, entre los cuales se pueden citar, por su

trascendencia, los siguientes : a) Intención de dañar; b) elección, entre los

varios modos posibles de ejercer un derecho, del más gravoso o dañino para el

tercero; c) ausencia de un interés o móvil serio y legítimo, en cuanto el

derecho subjetivo ha sido otorgado únicamente para la consecución de intereses

humanos confesables susceptibles de ser tutelados por el derecho objetivo, de

modo que el acto deviene en antifuncional cuando se propende a la obtención de

intereses ilegítimos contrarios a la probidad que orienta la actuación humana.

De esta manera, este criterio se yergue como medida y justificación del

ejercicio de los derechos. Del concepto de interés serio o legítimo, derivan

otra serie de parámetros similares tales como la ²utilidad

personal²,

²razón

o causa legítima²,

etc.; d) quebranto de la regla moral, todo derecho subjetivo debe ejercerse de

conformidad con la buena fe, la moralidad y las buenas costumbres, surgen así

los conceptos de buena fe-creencia, buena fe-lealtad y buena fe-probidad, como

principios rectores de las relaciones contractuales, los cuales imponen una

conducta socialmente media, obligatoria en el tráfago -sic- jurídico. Históricamente,

la teoría del abuso en el ejercicio de los derechos, tiene su origen en la

doctrina de los actos de emulación (ad aemulationem) cuyos primeros contornos

aparecen en el derecho romano (a partir del período clásico), y más tarde, en

el medievo, y la cual fue estructurada casuísticamente. Los actos emulativos

son aquellos ejecutados con un ánimo de dañar o vejar (animus nocendi o

vexandi), sin beneficio o con un provecho mínimo para su autor, en este tipo de

actos el elemento manifestador de la intención de dañar lo constituye la

ausencia o mínima utilidad reportada para su autor... ²

( Voto número 106-92, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Con

base a lo anterior, cabe ahora analizar cuáles son los límites del derecho de

información. A nivel doctrinario,   se

ha establecido la relación que puede darse entre el derecho a informar y el

ejercicio abusivo del mismo, lo cual debe ser analizado desde el punto de la

antijuridicidad de la conducta desplegada. Diversos autores, señalan que, el

derecho a informar, como todo derecho, tiene un objeto y un contenido, cuya

determinación resulta necesaria fin de limitar los alcances cualitativos y la

extensión cuantitativa del mismo. Esos límites constituyen los llamados ²límites

internos²

del derecho de información ( consultar en este sentido, ZANNONI, Eduardo. ²El

factor de atribución de responsabilidad en los medios masivos de comunicación²

en la obra homenaje ²Responsabilidad

por daños².

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, t 2°, pág. 7 y siguientes.

PIZARRO, Ramón Daniel. ²RESPONSABILIDAD

CIVIL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN²,

Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1991, pág. 154.).  Su objeto es la información que es un contenido simbólico

que expresa hechos, ideas u opiniones, en tanto que, su contenido es el conjunto

de facultades que comprende. La información de tales hechos, continua señalando

el autor Ramón Daniel Pizarro, debe ser objetiva y veraz, esto es idónea para

transmitir la realidad como es, desprovista de elementos subjetivos que pueden

distorsionarla. Por ende, habrá objetividad en la medida de que exista un obrar

diligente y de buena fe por parte del informador, aún cuando no llegue a

reproducir fiel y exactamente la realidad.

En cuanto a la veracidad de lo informado, esto implica una armonía entre

el hecho que sirve de base a la noticia, de forma tal que, ante la inexistencia

de esa armonía se produce la inexactitud de la información. De forma similar,

el autor argentino César Belluscio indica que, para que la libertad de

información sea tutelada y no de lugar a la responsabilidad civil se requiere

que la información brindada no sea falsa. Esto, continua explicando el autor,

no implica exigir una veracidad absoluta, dado que es posible publicar una

información inexacta, siempre y cuando, se recurra, de forma razonable, a todos

los medios exigibles a fin de cerciorarse de la fuente de la cual emana

–BELLUSCIO, César ²DAÑOS

CAUSADOS POR LA PUBLICACION DE NOTICIAS².

En ²Del

Daño²,

Editorial Jurídica de Colombia, 2001, pág. 414).  De la misma forma, el autor Ramón Daniel Pizarro, señala

que se debe valorar que, en la mayoría de los casos los informadores son meros

intermediarios que no conocen la realidad de forma directa, sino que se limitan

a reproducir noticias proporcionadas por ²fuentes

confiables²,

lo que, en principio, atenuaría la responsabilidad. No obstante, esta hipótesis,

implicaría reconocer, implícitamente, que el periodista, por la múltiple

existencia de ²verdades²

sobre un mismo hecho, puede informar lo que le plazca, como le parezca

conveniente o como crea que le conviene a determinados intereses. Esto no

implica un límite a la libertad de información, dado que, por el contrario,

los medios deben responder por la inexactitud de sus informaciones, como una

contingencia propia de la actividad desplegada. En conclusión, el autor Ramón

Daniel Pizarro  arriba a las

siguientes premisas:

El objeto de la información tiene límites ²internos²

que varían, según el tipo de información que se trate.

Esos límites están

constituidos por los deberes de objetividad, exactitud y veracidad que van

aparejados cuando la información se refiere a la difusión de hechos, pero que,

se tornan relativos, parcialmente, en los casos en los que se externa un juicio

o una opinión, y que se diluyen totalmente cuando se trata de la comunicación

de ideas.

Los límites ²externos²

del derecho de información, los constituyen el derecho a la intimidad, al honor

y todos aquellos derechos fundamentales de la persona, los cuales se pueden

violentar mediante la difusión de hechos, opiniones o juicios. (PIZARRO, Ramón

Daniel. Misma cita anterior, págs. 155 al 165).

Aplicando la jurisprudencia y la doctrina señalada al sub-júdice

podemos concluir que, el accionado Roy Solano Chevez, como él mismo lo reconoce

- a través del noticiero que transmite la sociedad accionada-, divulgó una

información, basada en un supuesto hecho, en la que manifestó que, una fuente

judicial muy cercana, le había indicado que, con ocasión de la detención del

exjuez Alvaro Jiménez,  otro juez

de apellido Villalobos, estaba siendo investigado por la inspección judicial,

en razón de que varios allanamientos a lugares donde había droga no se

pudieron realizar. Conforme a las características de la noticia, el único que

podía relacionarse con esa información, era el actor, dado que, el

exfuncionario Alvaro Jiménez desempeñaba labores en San José, y el único

juez penal de apellido ²Villalobos²

que, en ese momento, laboraba en esa jurisdicción era el actor. Como señalamos

anteriormente, el derecho a la información, como todo derecho esta sujeto a límites

internos y externos que circunscriben su ejercicio al amparo de los principios

generales de la buena fe, la moral y las buenas costumbres, dentro del cual el

mismo se debe ejercer, dado que, su ejercicio fuera de esos límites se

transforma en un ejercicio abusivo y negligente del derecho de información,

sujeto por esa circunstancia a una indemnización por el daño causado.

Uno de los elementos internos que limita ese derecho consiste en que la

información que se brinda debe tener cierto grado de veracidad. En este asunto,

mediante la confesión extrajudicial rendida por el accionante, al momento de

presentar su escrito de retractación ante la querella por difamación formulada

por el actor, éste reconoció que el hecho divulgado en el noticiero de la

sociedad co-accionada, se trató de una noticia sin confirmar y carente de

fundamento, por lo tanto, falsa -folio 47-. Ante esta perspectiva, el accionado,

ejerció abusivamente su derecho de información, dado que, no es posible que se

escude en ese derecho para comunicar hechos que, como él mismo lo reconoce,

infringen los límites de ese derecho, puesto que son hechos falsos y carentes

de fundamento que violentan los derechos al honor y a la reputación que tiene

el actor. En otro de sus argumentos, la parte demandada, sostiene que el

accionado no actuó de forma intencional o dolosa para dañar el derecho al

honor y a la imagen del actor. Esta situación no constituye un eximente de

responsabilidad, puesto que, del contexto del numeral 22 del Código Civil, se

extrae que basta con el ejercicio de un derecho contrario a los límites

establecidos de la buena fe, la moral y las buenas costumbres para que el

perjudicado pueda reclamar la indemnización por el daño causado. Como se ha

venido explicando, el accionado, incurrió en un ejercicio abusivo de su derecho

de brindar información, puesto que utilizó ese derecho para difundir

informaciones falsas que perjudicaron la honra del actor. Con respecto al hecho

de que el accionado se retractó de la comunicación divulgada, tanto en el

proceso penal, como mediante la publicación de la sentencia dictada en esa

sumaria en un campo pagado en el periódico ²La

Nación²

del 9 de junio de 1999, estos son elementos a valorar a efecto de establecer los

extremos a indemnizar por los accionados, pero que no diluyen la responsabilidad

de éstos. Como último motivo de agravio, la parte demandada, alega que el

juzgado de primera instancia no interpretó la responsabilidad subjetiva

indirecta que se extrae del artículo 23 de la Ley de Radio y Televisión, por

lo que, la sociedad accionada, no incurrió en culpa ²in

eligendo²

o ²in

vigilando².

La Ley citada corresponde a la número 1758, del 19 de junio de 1954, publicada

en la Gaceta n° 142, del 26 de junio de 1954. El numeral 23, reformado por ley

n° 3981, del 2 de noviembre de 1967, en lo que interesa dispone:

²....Los

propietarios, empresarios y directores de las empresas de radio y televisión, o

quienes los representen, así como quienes usen el tiempo de esas empresas para

radiodifusiones, tienen la obligación ineludible de vigilar las radiodifusiones

y proceder con previsión y prudencia al hacerlas y al permitir el uso de sus

medios informativos a personas ajenas a la empresa, para evitar la comisión de

delitos contra el honor de las personas. Ellos serán penalmente responsables

de acuerdo con las disposiciones del Código Penal por todas las informaciones y

opiniones que se difundan cuando sean injuriosas o calumniosas. Sin embargo,

estarán exentos de responsabilidad cuando, de acuerdo con la premura con que se

da una información o las circunstancias en que ésta se produce, se revele que

el empresario no conoció ni estuvo en condiciones de impedir que se produzca el

hecho o expresión injuriosas, o calumniosos.²

De la sola lectura de esa norma se extrae que ésta no resulta aplicable

para los casos en los que se pretende una indemnización de naturaleza civil,

sino como un eximente de la responsabilidad penal para los propietarios de las

empresas televisoras. Por ende, el a-quo, aplicó de forma correcta el numeral

1048 del Código Civil para establecer la responsabilidad solidaria de la

sociedad accionada, ante el ejercicio abusivo del derecho cometido por el

co-accionado Solano Chevez."