Resolución 00261-2002

"VII.  Quedó debidamente probado en autos que en el año

1998 la actora inició estudios de licenciatura en educación preescolar, en la

universidad demandada. También se demostró

que aprobó las materias suficientes para optar al grado de licenciada, con lo que, de

igual forma, pagó el costo de la matrícula, así como el de cada materia que cursó,

compró libros y demás materiales útiles y necesarios para culminar sus estudios, aparte

de que pagó el derecho correspondiente para defender su tesis de licenciatura.   Igualmente quedó acreditado en el expediente que

un día antes de la defensa de su tesis, se le comunicó que no era posible llevar a cabo

ese acto académico por cuanto ella no cumplía con todos los requisitos para ello.  Si un estudiante no tiene los requisitos

académicos necesarios para iniciar una carrera universitaria se le impide que la

comience.  Eso es lo lógico y normal.  No es posible que se le permita matricularse en

los diversos cursos y que un día antes de presentar su tesis de grado se le comunique que

no puede hacerlo por falta de requisitos.  Eso

fue, precisamente, lo sucedido con la actora.  Resulta

evidente que la actuación de los personeros de la universidad demandada fue total y

absolutamente negligente.  Esa negligencia,

sin duda, le causó daños a la demandante  -artículo

702 del Código Civil-.  Dice la parte

demandada que no fueron demostrados los daños y perjuicios.  ¿Qué mayor demostración de los daños que

permitir el ingreso a una carrera sin contar con los requisitos necesarios para ello y

hasta recibir el pago de los derechos de defensa de la tesis y un día antes de

presentarla impedírselo? Esta situación fue

la que le ocasionó los daños, no solo materiales, sino también morales a la demandante. Una persona que se prepara, estudia durante casi

dos años, paga su matrícula, sus cursos, adquiere libros, cuadernos, etcétera y  hasta elabora una tesis de grado y un día antes

de defenderla se le comunica que no puede hacerlo, es evidente que se le causa daños no

solo materiales, sino también morales.  Se

trata de un hecho notorio que no requiere de ulterior prueba.  Ahora bien, ¿cuáles fueron los daños materiales

que sufrió la actora?, es decir, ¿cuál fue la pérdida por ella sufrida?  Esa pérdida consiste en los gastos en que

incurrió durante su carrera, incluidos por supuesto los referentes a la elaboración de

su tesis de grado. Dentro de tales daños

están los gastos de matrícula, pago de materias, gastos de material como compra de

libros, cuadernos, fotocopias. Todo el material que ella adquirió fue una verdadera

pérdida, porque las materias que aprobó tenían como finalidad inmediata la obtención

del título de licenciada y al no lograrlo, a causa de la actuación negligente de la

demandada, se convierten en un daño a su patrimonio.

VIII.

La universidad apelante ha insistido en que, en este caso, existe una cuestión de

estricto derecho, que son las disposiciones normativas impuestas a las universidades

privadas por el CONESUP.  Que dichas

disposiciones, en el caso de la actora, consistían en tener su bachillerato en educación

preescolar.  Que ese hecho, fundamental para

decidir este asunto, no fue estimado ni valorado debidamente por la sentencia recurrida y

que ese es el principal motivo de agravio y fundamento de este recurso de alzada.  Dice que existió una causa justa, de naturaleza

jurídica, que impedía que la actora pudiera replicar su tesis y que, consecuentemente,

le impedía licenciarse. Con relación a esos

argumentos ha de señalarse que, ciertamente, esos aspectos de legalidad deben cumplirse;

pero su cumplimiento era, y es,  resorte

exclusivo de la universidad, no de la actora.  La

demandada estaba en la obligación de verificar, al momento de la matrícula  -y no un día antes de la presentación de la

tesis-, que los requisitos exigidos por el CONESUP se habían cumplido adecuadamente. No

obstante, el aspecto de la legalidad y de los requerimientos que debía cumplir cada

estudiante para obtener el grado de licenciatura en preescolar no es, en realidad, el

punto importante a valorar en el caso bajo examen.  Aquí

lo que interesa es el acto negligente, por parte de la universidad, al no detectar la

falta de requisitos al inicio de los estudios de la actora, sino esperar hasta el final

para comunicarle que no podía defender su tesis.  Incluso

el daño hubiere sido menor, si ni siquiera se le permite iniciar la elaboración de su

tesis; pero admitirle un tema de tesis, recibirle el pago de los derechos para defenderla

-por un monto de 46.800,oo- y hasta fijar fecha para su defensa; evidentemente que le

ocasionó un daño a la demandante, aparte de todos los que ya se le habían ocasionado

con el resto de cursos que llevó y aprobó como parte del grado académico a que

aspiraba.

IX.

Así las cosas, procede modificar la sentencia apelada para, de una vez, fijar

parcialmente el monto del daño material.  La

demandada deberá pagarle a la actora la cantidad de 46.800,oo que corresponde al pago que

hizo Canales Flores por derechos de defensa de su tesis y abono a derecho de título.  Se mantiene la condena en abstracto en lo

referente al restante daño material reclamado por la actora, pero fijándose las bases

sobre las que se liquidará ese daño en ejecución de sentencia   -artículo 156 del Código Procesal Civil-.  El daño a liquidar será el relativo a todos los

gastos que acredite la actora haber efectuado en sus años de estudio de la licenciatura

en preescolar, tales como pagos de matrícula, pago de materias, gastos de material como

compra de libros, cuadernos, fotocopias, así como los propios de la elaboración de su

tesis de grado, como por ejemplo el pago de digitarla en computadora, la compra de

papelería, la revisión por un filólogo, así como la impresión de los tomos y su

encuadernación. Todo lo cual, se reitera,

quedará para ser liquidado en la fase de ejecución de sentencia.