Resolución 00819-2017

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“II.- Sobre la efectividad de una

cláusula arbitral en una ejecución colectiva, ya este

Tribunal, en la Sección Primera, pero con redacción

de quien ahora lo hace, ha razonado que una cláusula arbitral no se puede

oponer a los demás acreedores de una persona sometida a quiebra, pues se trata

de una disposición de naturaleza contractual y que obliga solo a quienes la

suscriben (principio de relatividad contractual). En consecuencia, el proceso concursal debe tramitarse en la vía civil común. En ese

voto 270 citado de las diez horas cincuenta minutos del catorce de setiembre de dos mil seis, se razonó en el siguiente

sentido: “El artículo 15 del Código Procesal Civil establece expresamente que

serán siempre del  conocimiento de los juzgados civiles dichos asuntos; en

consecuencia, no es posible disponer sobre la materia por vía de un acuerdo

contractual. La ley procesal es de orden público y acatamiento obligatorio y

aunque en principio es permitido a los sujetos de derecho privado optar por la

vía arbitral en la resolución de sus disputas, les está vedado en áreas donde

la ley prohíbe, en forma expresa o tácita dicho convenio. Como se indicó, el

ordinal 15 precitado expresamente hace residir el conocimiento de los procesos concursales en la jurisdicción común. (...)  La Ley sobre Resolución Alterna de

Conflictos, número 7727, en el numeral 18, establece los límites para que una

cláusula arbitral tenga vigencia. Literalmente dispone: 'Cuando las partes

hayan convenido por escrito que las controversias relacionadas con su contrato

o relación jurídica se sometan a arbitraje tales controversias se resolverán de

conformidad con la presente ley, sin perjuicio de lo que las partes acuerden

por escrito, siempre y cuando no se oponga a las disposiciones prohibitivas o

imperativas de esta ley. Podrán someterse a arbitraje las controversias de

orden patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales

comunes, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena

disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes.

Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus

controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y

el inciso 3) del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública'. En el caso

específico de los procesos concursales, operan dos

circunstancias que rebasan esas limitaciones a la posibilidad de disponer por

parte de los contratantes. La primera referente al hecho que el proceso concursal obedece a circunstancias extrínsecas al contrato,

cual es el estado de cesación de pagos del deudor como supuesto fáctico de su

acogimiento y no propiamente la simple falta de pago, que sería la discusión

factible en la sede arbitral. Se atribuye en ese supuesto al deudor la

imposibilidad de cumplir sus obligaciones. En consecuencia, la controversia que

se debe dilucidar no es del contrato, sino de la situación patrimonial del

deudor. Como se indicara anteriormente, el segundo límite franqueado por el

proceso concursal, es la imposibilidad de someter a

arbitraje asuntos cuando hay una norma imperativa, el artículo 15 del Código

Procesal Civil. En abono a lo anterior, debe considerarse que en un proceso concursal se operaría una liquidación colectiva, con lo

cual los demás acreedores no estarían obligados a someterse al pacto arbitral

existente entre el deudor y uno solo de los acreedores. En consecuencia, deberá

revocarse la resolución apelada, para que el Juzgado de primera instancia

continúe con el conocimiento del asunto”. Razonamiento, con el que coincide

esta integración del Tribunal, por lo que para evitar repeticiones

innecesarias, se remite a las partes al voto transcrito.