Resolución 00685-2017

En el proceso penal,

expediente número 98-24942-042-PE, la señora Julie

Pujol Arnau fue procesada por los supuestos delitos de fraude

de simulación y estelionato, relacionados con la venta del inmueble 183312-000,

de San José, que le hiciera Inversiones y Bienes Raíces S.A. y la opción de

compra que se ofreció del apartamento número tres. Asimismo, la venta que se

hizo a Inversiones Condal S.A. de ese mismo inmueble y la que posteriormente se

hiciera a Garraf S.A. de la finca filial 15917-F-000.

Se trata de los mismos hechos que aquí se señalan como base del proceso. Ahí se

decidió que los sucesos alegados no cumplen los elementos del tipo penal, para

que se configure un delito. La acción civil se rechazó porque los hechos no

constituyen delito. Asimismo, se partió del análisis que se hizo en la

sentencia número 740-F-01, de la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia, dictada en el expediente 96-631-181-CI. El

artículo 164 del Código Procesal Civil estatuye lo siguiente:

ARTÍCULO

164.- Sentencias penales.

Las sentencias firmes de los tribunales penales producen cosa

juzgada material para o contra toda persona, indistintamente y de una manera

absoluta, cuando decidan:

Si la persona a quien se le imputan hechos que constituyen

una infracción penal, es o no el autor de ellos.

Si esos hechos le son imputables desde el punto de vista de

la ley penal.

Si ellos presentan los caracteres requeridos para la

aplicación de tal o cual disposición de aquella ley.

Los demás pronunciamientos de una sentencia dada por un tribunal

penal, que no se encuentren comprendidos en uno de los tres incisos anteriores,

no producirán cosa juzgada material, ante un tribunal civil, a menos que en el

proceso penal hubiera intervenido el damnificado”.

En

ese proceso penal se concluyó que los dos traspasos citados no fueron un

negocio simulado por dos circunstancias: “...la fe pública del notario que

realiza (sic) dichas ventas y en segundo lugar por que pese a que se realizan

los mencionados traspasos las dueñas de la finca, sea las sociedades anónimas,

la encartada siempre fue su representante (…) lo que genera que el derecho con

que cuenta el ofendido siempre se pudo establecer y que por consiguiente no le

generó perjuicio alguno...” (sic). En su apoyo cita la

sentencia de casación civil ya aludida. Esta conclusión se encuentra dentro del

contexto del inciso 3) del mismo artículo 164 del Código Procesal Civil, pues

se determinó que los contratos, que son la causa de pedir de este proceso, no

fueron simulados y no se presentan los caracteres necesarios para proseguir el

proceso penal respecto a los tipos penales de fraude de simulación y

estelionato, que fueron los acusados. Ninguna autoridad jurisdiccional puede

volver a analizar, en ningún otro proceso, la supuesta simulación de esos

convenios. En este caso concreto y sólo en lo que toca al proceso penal, lleva

razón el impugnante que es suficiente sólo la identidad de la causa, es decir,

de los hechos objeto del debate. Pero, sólo en cuanto se alude a los supuestos

que establece el artículo previamente transcrito. La

cosa juzgada material que genera el proceso penal, estatuido en el artículo

164, antedicho, afecta a toda persona, indistintamente y de una manera

absoluta, es decir, tiene efectos erga omnes, por lo que pierde relevancia si las demás

accionadas participaron o no en aquel proceso. El razonamiento expuesto por el

señor Juez de primera instancia y el argumento del apelante en ese mismo

sentido, son totalmente erróneos, porque no es necesaria la identidad de partes

y pretensión, para determinar si hay cosa juzgada de un proceso penal que

afecte a un proceso civil. El concepto de parte en el proceso penal es

diferente al que se usa en el proceso civil; pues la acción penal es dirigida

por el Estado, por intermedio del Ministerio Público, en los delitos de acción

pública y la persona acusada si se constituye en parte opuesta a ese ente

estatal. La persona ofendida no es técnicamente una parte en el proceso penal,

porque la acción es pública, es decir, la sigue el Estado por medio de un ente

estatal. Solo si se interpone una acción civil resarcitoria

en ese proceso, podría considerarse partes a la acusada y la ofendida. No

obstante, la declaración que tiene fuerza de cosa juzgada material erga omnes en la

sentencia penal, es la que alude a la atribución de responsabilidad penal:

autoría, imputabilidad y tipicidad. Pierde relevancia el pronunciamiento de la

acción civil, porque en este caso, se desestimó ante la inexistencia de causa

probable para elevar a juicio el asunto. Se reitera, la sentencia penal tiene

efectos de cosa juzgada material con respecto a cualquier persona, por ello la

calificación jurídica que se atribuye a los hechos objeto del proceso es

vinculante, sin importar quienes hubieran participado en el proceso y no es

necesario determinar si hay identidad de partes. Finalmente, la pretensión de

la acción penal es por sí misma diferente de la petitoria civil, pues en la

primera se persigue el castigo de una conducta típica, antijurídica y culpable

y, en la segunda, la resolución de una controversia en el ámbito del derecho

privado. Como lo indica el impugnante, no es posible para una autoridad civil

proceder a calificar nuevamente hechos que en sede penal han sido valorados

mediante sentencia firme, pues esto conculcaría la garantía que prohíbe

pronunciarse en dos ocasiones sobre los mismos hechos acusados en sede penal

(artículo 42 de la Constitución Política).

En este caso, la simulación aludida no existe, porque ya una autoridad penal

así lo declaró. La base de esta demanda es el supuesto acto simulatorio

y con esa declaratoria la pretensión carece del sustrato lógico previo para su

procedencia. En consecuencia, se deberá revocar la resolución impugnada, en

cuanto rechazó la cosa juzgada. En su defecto, se acogerá esa excepción.

Asimismo, como consecuencia de esta decisión y por autorizarlo el ordinal 565, párrafo

final, del Código Procesal Civil, se revocará la condena en costas procesales

contra las accionadas. En su lugar, se condenará en ambas costas a la parte

actora.”