Resolución 00123-2015

Distinta naturaleza tiene la obtención de prueba en poder de la parte

contraria, pues no se trata de una medida cautelar, sino de un problema de

adquisición de medios probatorios regulado, en primer lugar, por los artículos

43 y 47 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC), tema incluido en el numeral 39 de la LPODPI. Puede darse como anticipada o como prueba durante el

proceso.

Una vez esbozada la naturaleza de los dos pronunciamientos combatidos ante este Tribunal, cabe determinar, en primer lugar, si la

apelación es admisible respecto de cada uno. En cuanto a la

obligación de la parte accionada de aportar la prueba requerida, conforme al

numeral 39 citado, la apelación ha de declararse mal admitida. En materia probatoria solo resulta apelable la

resolución que deniegue su admisión, en los términos de los artículos 316,

párrafo final, y 329 del CPC. Tampoco en la LPODPI existe norma alguna que otorgue el recurso vertical a la resolución

que admita prueba, motivo por el cual este aspecto del auto impugnado cuenta únicamente con el

recurso de revocatoria. En cuanto al auto que admite las medidas cautelares,

del artículo 6, párrafo primero, in fine, de la citada Ley, puede extraerse que

el legislador sí otorgó el recurso de apelación, por cuanto dispuso: “(…) La

resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial,

el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad

judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende

los efectos de la ejecución de la medida.”. Tratándose

de medidas tomadas sin dar audiencia previa a la parte contraria, el numeral 7°

de ese cuerpo normativo le da la posibilidad al

perjudicado de recurrir la medida ejecutada, lógicamente con los mismos

recursos procedentes en caso de habérsele dado audiencia previa. Por ende, el recurso resulta admisible únicamente en cuanto al

otorgamiento de la medida de embargo decretada.

En cuanto subsiste la apelación presentada, el análisis del

Tribunal debe restringirse a lo que fue objeto de apelación en el escrito de

interposición del

recurso. Por tratarse de un auto, según lo dispone el artículo 559, último párrafo, del CPC, el escrito

donde se interpone la apelación deberá contener, necesariamente, los motivos en

los que se fundamenta. Por ende, si no se expresa motivo alguno el recurso

deberá rechazarse de plano y, si se expresan motivos concretos, el análisis se

deberá circunscribir a dichos motivos, sin que pueda el recurrente introducir

válidamente otros posteriormente, en el escrito de expresión de agravios. Cabe

señalar, entonces, que en esta última oportunidad procesal tan solo se puede

ahondar en los aspectos comprendidos en el escrito de apelación, sin que puedan

invocar otros motivos nuevos. […]

El artículo 3, párrafo segundo, de la LPODPI, regula la legitimación para solicitar una

medida cautelar en esta materia, al disponer que solo se ordenará, cuando quien

la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. Basta, para el

legislador, con demostrar el vínculo de titularidad entre quien solicita la

tutela y el derecho de propiedad intelectual que se estima quebrantado, para

cuya protección se pide la cautelar. Sin entrar a analizar lo concerniente a la

legalidad o no de la cesión de derecho efectuada por el inventor a la

accionante, pues ello no fue objeto de impugnación al momento de apelar, cabe

señalar que con la cesión cuya validez se mantiene, entre el anterior titular y Conair Coporation se dio la trasmisión del Modelo

Industrial No. 458 (Plancha para peinar cabello). La LPODPI no requiere, para

otorgar la tutela cautelar, que la cesión esté inscrita en el Registro de

Propiedad Intelectual, pues la legitimación se basa en el principio de titularidad, más no en la

oponibilidad registral. Esta última pretende proteger la seguridad jurídica en

los aspectos atinentes a la constitución, modificación y trasmisión de los

derechos inscribibles, protegiendo a los terceros de buena fe

que efectúan actos de esta naturaleza con quien registralmente aparece como

titular. Por ello, para los actos de disposición relativos a

esos derechos debe respetarse el principio “primero en tiempo, primero en

derecho”. Así, por ejemplo, si quien aparece registralmente como titular

–aunque ya no lo sea por haber cedido su derecho- otorga licencias, garantías

mobiliarias u otra cesión de su patente o modelo a un tercero de buena fe,

dichos actos tendrían validez y eficacia si este tercero presenta al Registro

el acto respectivo, antes de quien haya adquirido por cesión y no la hubiere

presentado. Es en este contexto donde encuentran aplicación los artículos 3 de la LPODPI y 7 de la Ley sobre inscripción de

documentos en el Registro Público, referidos entonces a los actos de

constitución o modificación de los derechos y la seguridad jurídica del tráfico comercial. Pero tratándose de

la tutela de la propiedad intelectual ante eventuales actos lesivos, no nos

encontramos frente a problemas de terceros de buena fe

que realizan negocios jurídicos de adquisición de derechos del titular

registral, como

serían la obtención de licencias, garantías o la cesión. La tutela se funda,

más bien, en la actuación

supuestamente violatoria de los derechos conferidos por la patente o el diseño

por parte de un sujeto a quien no le interesa la oponibilidad registral, pues

ese presunto infractor no estaría realizando actos negociales de adquisición de derechos de quien formalmente

aparezca como titular, sino actos que quebrantarían supuestamente el contenido

sustantivo de los derechos conferidos de quien, independientemente de la

inscripción registral, ya es titular de ellos. Por ese motivo, la

normativa cautelar únicamente exige constatar la titularidad, sin que para conceder la protección sumaria y provisional

cautelar sea necesaria la inscripción. Por ende, la premisa del agravio, consistente en la

falta de oponibilidad de la cesión a terceros, no es compartida por este

Tribunal, pues el ámbito de aplicación jurídica de la tutela registral y el de

la protección cautelar son diferentes. La tutela cautelar en materia de

Propiedad Intelectual no puede ser interpretada de manera restrictiva, pues

ello atentaría contra los principios de acceso a la justicia (artículo 41 de la Constitución Política)

y reconocimiento efectivo de los derechos de los creadores intelectuales

(artículo 47 de la

Constitución). Por ende, el reproche relativo a la falta

de inscripción de la cesión, carece de fundamento. Al

ser así, resulta ocioso plantearse el problema de una eventual legitimación

sucesiva ante la inscripción de la cesión, pues la legitimación ya se tenía desde que se

solicitó la medida cautelar.

Es irrelevante, para adoptar la medida cautelar, conocer con exactitud cuántos productos

presuntamente falsificados o ilícitos pudieran ser objeto del embargo o

decomiso. Por ser bienes que están en poder del presunto infractor, el titular del derecho no está en

grado de conocer con

certeza su cantidad y solo al ejecutar la medida puede determinarse los bienes

que eventualmente pudieran contravenir los derechos de propiedad intelectual. Al ejecutarse los decomisos, podrían encontrarse menos de 400

planchas de cabello o incluso más. Así, si fueran

miles de objetos

probablemente ilícitos o falsificados, igual se tendría que cumplir la medida

respecto de éstos. Identificar cuántos productos son los que pudieren lesionar los derechos del

titular, sería más bien un aspecto de la ejecución de la medida, no de su

contenido esencial, cual es prevenir la comercialización de los productos

cuestionados para que, en caso de proceder la demanda, puedan ser destruidos.

En consecuencia, la cantidad de bienes supuestamente ilícitos o falsos, no es un problema que afecte la decisión de adoptar la medida. El

brindar un dato aproximado sirve, en todo caso, para

tratar de determinar el monto de una garantía que sea suficiente para proteger

al accionado de eventuales abusos (artículo 50.3. del ADPIC) y que, a su vez, no sea excesiva

al punto de disuadir a los titulares de recurrir a estas medidas (artículo 3

LPODPI). Se reprocha que el monto del decreto de embargo sería

completamente antojadizo y carente de fundamento fáctico y jurídico. En cuanto a la fijación de la caución, no se pide sin embargo su

modificación. Es cierto que en la resolución apelada

se cometen yerros en el tema de la garantía. Así, erróneamente se señala

que “… se decreta embargo preventivo hasta por la suma de CATORCE MILLONES

DE COLONES en los bienes de la parte demandada, el cual se hace recaer en los

que se solicitan – se refiere a las eventuales 700 plancas marca Evok -.”.

Expresamente no se señala el monto de la garantía, ni

los criterios que siguió el a quo para fijarla, pues se deduce que pensó que se

trataba de un embargo preventivo regulado por la legislación procesal común,

actuó como si

de ello se tratara. Es evidente que el decomiso o embargo de bienes

posiblemente falsificados o ilegales, no es un decreto

de embargo hasta por una suma determinada, como si fuese el embargo preventivo regulado

en el CPC. Si se encontraran miles de productos que eventualmente pudieran

infringir los derechos de propiedad intelectual, igualmente cabría aplicar la

medida, sin perjuicio de solicitar un ajuste de la garantía ordenada, para que

pueda ser equitativa para ambas partes. Tampoco podría recaer el embargo o

decomiso en otros bienes distintos, como sucede con el embargo

preventivo ordinario, pues no se busca con ello sacarlos a remate. En esta tesitura, tampoco podría hablarse de eventuales excesos de

embargo, aunque sí se podría presentar controversia en torno a si los bienes

decomisados son presuntamente violatorios de los derechos. Esta medida

cautelar especial, como se ha dicho, no se rige por las normas y principios del

embargo preventivo común, por lo que no es procedente establecer un monto sobre

el cual se hace recaer el embargo, ni establecer una garantía del 25% o 50%,

según lo que se ofrezca como caución. Lo que procede, se repite, es decretar el

decomiso de las mercancías posiblemente falsas o ilícitas que se puedan

encontrar y establecer, según los datos que se tengan hasta ese momento, una

garantía que proteja a la parte accionada de posibles daños y perjuicios en

caso de no prosperar la demanda, la cual, en todo caso, no tiene tampoco que

ser excesiva, al punto de constituirse en un obstáculo irracional para que el

titular pueda acudir a esa tutela cautelar. Sin embargo, la parte apelante no

pide que se modifique la garantía y tampoco sustenta de manera alguna que sean inequitativos

o insuficientes los Ȼ3.500.000 ofrecidos por la parte accionante a folios

142 y 143, supuestamente depositados a la orden del Juzgado, y que han sido

tomados tácitamente como el monto de la caución en el auto apelado, por cuanto se accedió al

embargo pedido aunque sin decir expresamente que ese es el monto que fijaba

como garantía, motivo por el cual este aspecto no puede ser modificado. Como se

indicó, el a quo se confundió con el embargo preventivo de la normativa general

procesal civil, donde es la parte que lo solicita quien indica cuál es el monto

por el cual pide el embargo de los bienes del demandado y deposita la garantía

tasada legalmente en el artículo 273 de ese cuerpo normativo. Se reitera, sin

embargo, que en estos casos la fijación de la garantía no debería ser propuesta por la parte accionante con base en un

porcentaje determinado (25% o 50%) de una estimación unilateral, como lo hizo

la apoderada de la actora en los folios citados y fue aceptado sin reparos por

el juez en el auto apelado. Pero para poder modificar esa suma, debió la parte

apelante acreditar que no se trata de un monto justo y

que se aleja a la finalidad del

citado artículo 3 de la

LPODPI.

No es procedente el reproche de la parte apelante, según el cual no habría

daño sufrido por la actora, pues el contrato de cesión de los derechos del diseño

industrial se habría efectuado el 5 de agosto de 2014, por lo que no puede efectuar reclamo

alguno antes de esa fecha. La medida cautelar pedida no tiene por finalidad

garantizar el pago de daños y perjuicios, no es un embargo preventivo común, porque lejos de tutelar los intereses del titular

de los derechos de propiedad intelectual, una eventual venta de los bienes

ilegítimos más bien le causaría perjuicio. Con la medida cautelar, la parte

accionante pretende proteger la pretensión de un proceso principal en el cual

solicitaría la declaración de la violación de sus derechos relativos al modelo

inscrito, por la importación, distribución, ofrecimiento de venta y venta de

productos que califica de copiados o falsificados y se proceda a la destrucción

de éstos, conforme a lo indicado a folios 103 y 104. De esa manera, no tiene

relevancia la fecha de la cesión o eventuales daños anteriores a ella.”