Resolución 00036-2013

Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba. Litografía Lehmann S. A., San José, 1974, página

279). Dichos autores añaden: 'El corredor, en el ejercicio de sus funciones, celebra un contrato con su cliente o clientes (contrato de mediación o correduría) y, en ejecución de ese contrato, colabora

para que ellos celebren entre sí o con otras personas otro contrato (compraventa, arrendamiento, préstamo, etc.).

Las obligaciones y derechos

del corredor derivan del primer contrato y no del segundo,

ya que en uno él es

parte y en el otro no.'(Ibídem, página 280)." ( Voto número

N° 216, de las quince horas

cuarenta y cinco minutos del treinta de junio del dos mil cuatro). A pesar de su función, el corredor jurado, que nombró el despacho,

siguió el procedimiento de

la subasta pública, difundió un edicto y procedió a adjudicar la letra de cambio a Cable Visión de Costa Rica CVCR, Sociedad Anónima (accionada). En criterio de este Tribunal, el procedimiento

no fue el idóneo y el corredor jurado se extralimitó en sus funciones, en la actividad de ejecución, delegada por el Juez de primera instancia, dado que la adjudicación solo podía decidirla el órgano delegante. El Juez de primera instancia improbó la subasta realizada por defectos en el procedimiento de notificación a las partes y la carencia de una fundamentación del valor asignado

al bien sujeto de ejecución; además, define el procedimiento que debe seguirse a posteriori. El procedimiento de la subasta utilizado por el corredor jurado presenta la dificultad de colocar al corredor, no en una labor de mero intermediario, sino de representante del Órgano judicial, lo cual no es su función

típica. Por lo que, el método

usado no es idóneo para realizar

la venta de la letra de cambio conforme a derecho. En consecuencia, los defectos referentes

a la notificación de las partes carecen de trascendencia (falta de notificación y tiempo previo razonable) y deben desecharse. Tampoco es propio

de este procedimiento

discutir si el señor Andrés Pérez

González, abogado, actúa o no en condición de apoderado del

actor. Lleva razón el impugnante, al afirmar que el ordinal 648, antedicho, no

prevee las formalidades de un remate, porque no se debía efectuar de conformidad con esas reglas, sino

con las reglas propias de la actividad de corretaje. Ahora bien la Ley de Cobro

Judicial no es aplicable en

el supuesto de venta forzada de valores de comercio, pues el Código Procesal Civil, en su ordinal 4, obliga a integrar normas, solo en el caso de ausencia de norma y el numeral 648 del Código,

si regula el tema. Por lo indicado,

pierde trascendencia si la subasta se hizo en un lugar

céntrico, neutral y de acceso

al público; asimismo, carece de importancia si los interesados

dejaron pasar tiempo sin pagar el monto embargado. Lleva razón el impugnante en cuanto no es la suma de embargos la que debe regir

el valor de traspaso de la letra

de cambio, sino que debe determinarse

por el mejor precio posible, como desde un inicio

indicó el Juez de primera instancia. No es procedente considerar

la acreencia de la demandada

o la del incidentista de la acción

de cobro de honorarios, en

forma separada o conjunta, para determinar el valor de la venta, ni si

una debe tener predominancia sobre la otra, pues lo relevante es el valor real que puede tener el título en este momento, en el mercado. Lleva razón el impugnante en cuanto a la imposibilidad legal de variar resoluciones firmes, pero no en el sentido que lo indica, desde la resolución de las catorce horas

y uno minutos del diecisiete de febrero de dos mil doce, se fijó el método de venta de la letra de cambio; no obstante, por una

desprevención del despacho

se fue transformando en una especie de remate dirigido por el corredor jurado, lo cual es totalmente errado,

pues el corredor debía acercar al despacho algún comprador de la letra de cambio, dejando a decisión del Juzgado si se aceptaba

o no la oferta.

En ese

sentido, las razones dadas para

revocar lo dispuesto eran inútiles. Era necesario anular el remate, al conocerse de la revocatoria el Juzgado debió anular todo

lo actuado y resuelto en la

venta de la letra de cambio, por no adecuarse a la normativa aplicable, ni

lo ordenado en primera instancia. Por lo expuesto, debe acogerse la nulidad de la resolución de primera instancia, en cuanto dispone un procedimiento

de subasta, porque se aparta de lo ordenado conforme al artículo 648 del Código Procesal

Civil y como

consecuencia, de lo antedicho

debe anularse el procedimiento de remate realizado por el corredor jurado. El corredor jurado

deberá negociar la letra de cambio en el mercado y previamente a su endoso, el Juzgado

deberá decidir si aprueba o no la propuesta que realice

el corredor jurado.”