Ley de Protección Fitosanitaria

Decláranse de interés público y aplicación obligatoria, las medidas de protección fitosanitaria establecidas en esta ley y sus reglamentos.

La presente ley tiene por objetivos:

Las definiciones técnicas en materia fitosanitaria se incluirán en el reglamento de esta ley.

Corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado que contará para su funcionamiento y administración con personalidad jurídica instrumental. Ejercerá sus funciones por medio de las dependencias necesarias para aplicar la presente ley y sus reglamentos. Para ello, establecerá, mediante decreto ejecutivo, la estructura organizativa técnica y administrativa que se requiera.

El Servicio Fitosanitario del Estado tendrá las siguientes funciones:

Los controles que menciona este artículo podrán realizarse en forma total o aleatoria, según se establezca mediante criterios técnicos.

Aceptación de medidas fitosanitarias extranjeras El Servicio Fitosanitario del Estado podrá aceptar como equivalentes las medidas fitosanitarias de otros países, aun cuando difieran de las medidas nacionales siempre que el interesado le demuestre, objetivamente, que sus medidas logran el nivel adecuado de protección. Para tal efecto, el Servicio, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, establecerá consultas encaminadas a la conclusión de acuerdos, bilaterales y multilaterales, para reconocer la equivalencia de medidas fitosanitarias.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá establecer comisiones o comités asesores para la aplicación de la presente ley.

Las autoridades fitosanitarias debidamente acreditadas estarán facultadas para:

El Servicio Fitosanitario del Estado determinará en cuáles casos el costo de la inspección correrá por cuenta del importador.

Colaboración obligatoria de funcionarios públicos Los funcionarios públicos, dentro de sus respectivas competencias, deberán prestar la colaboración que las autoridades fitosanitarias les soliciten para cumplir con la presente ley. En casos especiales debidamente justificados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería investirá de autoridad fitosanitaria a otros funcionarios calificados para desempeñar las tareas.

En lo pertinente a la aplicación de esta ley, el Servicio Fitosanitario del Estado podrá contar con los siguientes laboratorios de carácter oficial:

La organización y el funcionamiento de estos laboratorios se establecerán mediante el reglamento respectivo.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podrá otorgar carácter oficial a otros laboratorios, públicos o privados, los cuales deberán cumplir con todos los requisitos que este establezca.

El Servicio Fitosanitario del Estado llevará el registro de los productores y procesadores de vegetales e insumos orgánicos y supervisará el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Asimismo, podrá emitir los certificados de agricultura orgánica o acreditar, para que los extiendan, a personas físicas o jurídicas que demuestren idoneidad, conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, su reglamento y manual de procedimientos.

Toda persona estará obligada a denunciar, ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la presencia de plagas de importancia económica o cuarentenal. Los funcionarios tendrán la obligación de atender la denuncia y darle seguimiento inmediato. Las autoridades de policía y judiciales deberán cooperar cuando se requiera.

Previa recomendación del Servicio Fitosanitario del Estado, el Poder Ejecutivo podrá declarar estado de emergencia por plagas de importancia cuarentenal o económica que amenacen la producción agrícola. Las instituciones públicas o privadas, autónomas o semiautónomas, quedan facultadas para realizar donaciones y prestar colaboración para enfrentar la emergencia.

Una vez que el Servicio Fitosanitario del Estado haya comprobado la existencia de una plaga de importancia económica o cuarentenal, el Poder Ejecutivo dispondrá la adopción de las medidas técnicas necesarias para combatir la plaga y prevenir su diseminación.

La declaración de combate obligatorio de una plaga impondrá a los propietarios u ocupantes de predios la obligación de poner en práctica, con recursos propios, las medidas técnicas que se establezcan para combatirla y prevenir su diseminación.

Cuando el propietario u ocupante a cualquier título no combata las plagas de importancia económica o cuarentenal ni destruya los focos de infección o infestación, dentro de la obligatoriedad y los plazos fijados por el Servicio Fitosanitario del Estado, este podrá disponer la ejecución de los trabajos de control necesarios, incluso la destrucción sin ninguna responsabilidad patrimonial para el Estado y, en tales casos, cobrará al responsable el costo de estos trabajos. La suma fijada en la liquidación de los costos tendrá el carácter de título ejecutivo.

Declarado obligatorio el combate de una plaga, los propietarios u ocupantes a cualquier título estarán obligados a permitir el libre ingreso en sus inmuebles a las autoridades fitosanitarias debidamente acreditadas, con los equipos y materiales que ellas consideren pertinentes para investigar, combatir o erradicar plagas de importancia cuarentenal y tomar muestras para análisis. Si se desobedeciere esta medida o existiere otra circunstancia que imposibilitare la entrada, se recurrirá a la autoridad judicial a fin de que autorice el allanamiento.

El Poder Ejecutivo podrá establecer cuarentenas internas con el objeto de que las plagas introducidas no se diseminen hacia áreas libres, o bien, puedan ser erradicadas o controladas. Para tal efecto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá instalar puestos de control cuarentenal.

Con el propósito de prevenir, combatir o erradicar plagas de importancia cuarentena o de importancia económica, el Poder Ejecutivo podrá restringir, regular y prohibir la producción, comercialización o el tránsito de vegetales y de cualquier otro material.

A quien incumpla esa prohibición, los vegetales le serán destruidos por el Servicio Fitosanitario del Estado, sin indemnización alguna y sin perjuicio de que se presente la denuncia ante las autoridades competentes. Para estos efectos, deberá levantarse un acta donde se consignen los bienes destruidos.

Todo propietario u ocupante a cualquier título estará obligado a tratar, procesar o destruir los rastrojos, desechos y residuos, de acuerdo con las medidas técnicas dictadas por el Servicio Fitosanitario del Estado.

De los resultados y las recomendaciones de toda investigación realizada con recursos públicos en el campo de la protección fitosanitaria, deberá remitirse copia al Servicio, el cual los avalará y mantendrá un centro de información en la materia.

Regulación fitosanitaria de vegetales de propagación Los laboratorios de reproducción sexual o asexual de vegetales, semilleros, almacigales, viveros, bancos de germoplasma, campos de producción de semillas u otros materiales de propagación, quedan sujetos a control fitosanitario por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, el cual establecerá las normas, los requisitos y procedimientos fitosanitarios para regularlos.

Cuando se incumplan las normas emitidas, el Servicio podrá ordenar la clausura total o parcial.

Cuando el material vegetal de propagación estuviere afectado por una plaga de importancia cuarentenal o económica y técnicamente se requiriere, el Servicio Fitosanitario del Estado podrá decomisarlo y ordenar su destrucción, sin ninguna responsabilidad estatal.

Según los requisitos que se señalarán en el reglamento de esta ley, todas las sustancias químicas, biológicas o afines y los equipos de aplicación para uso agrícola, deberán inscribirse en el registro que el Servicio Fitosanitario del Estado creará para disponer de información sobre las características de estos y velar por su correcta utilización en el país.

Ninguna persona física o jurídica podrá importar, exportar, fabricar, formular, almacenar, distribuir, transportar, reempacar, reenvasar, anunciar, manipular, mezclar, vender ni emplear sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, que no estén registradas conforme a la presente ley.

Se exceptúan del registro indicado, las sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, que ingresen en tránsito, para la investigación o el combate de problemas fitosanitarios específicos. En estos casos, el permiso solo se otorgará en forma temporal por razones de urgencia, técnicamente justificadas ante el Servicio Fitosanitario del Estado.

El Servicio denegará la autorización cuando técnicamente no proceda y se lo notificará al interesado.

Toda persona física o jurídica que registre, importe, exporte, reempaque y reenvase sustancias químicas, biológicas o afines y equipos de aplicación para uso agrícola deberá inscribirse en el registro que llevará el Servicio Fitosanitario del Estado, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el respectivo reglamento.

El Servicio podrá denegar, suspender o cancelar el registro de sustancias químicas, biológicas o afines y de equipos de aplicación para uso agrícola, mediante resolución técnica fundada que se ajustará al debido proceso, conforme al reglamento respectivo.

Las autoridades aduaneras podrán denegar el desalmacenaje de sustancias químicas, biológicas o afines y de equipo de aplicación para uso agrícola, solo cuando cuenten con la comunicación, expedida por el Servicio Fitosanitario del Estado, de que dichos productos presentan problemas fitosanitarios.

Las personas físicas o jurídicas que importen, registren, almacenen, distribuyan, reempaquen o mezclen sustancias químicas, biológicas o afines con propósitos comerciales, deberán contar con los servicios de un profesional en ciencias agrícolas, incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Para fabricar o formular estas sustancias, el profesional deberá ser químico o microbiólogo, según el caso, incorporado al colegio respectivo.

Además, esas personas físicas o jurídicas deberán inscribirse en el Registro de establecimientos agropecuarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos y cancelarle la tasa anual que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, establezca para la administración y el control de estas actividades.

Los regentes mencionados en el artículo anterior serán responsables técnicos de que las sustancias químicas, biológicas o afines que se reenvasen, reempaquen, importen, fabriquen, formulen, distribuyan, mezclen, almacenen o vendan, estén debidamente registradas, etiquetadas y se ajusten a todas las disposiciones de esta ley y los reglamentos. Las recomendaciones del regente serán vinculantes para la persona física o jurídica a la cual presta sus servicios. Igual responsabilidad le competerá al regente en lo relativo a los equipos de aplicación para uso agrícola.

Las sustancias químicas, biológicas o afines, para uso agrícola que se clasifiquen en la categoría de mayor toxicidad y las declaradas de uso restringido, deberán venderse únicamente mediante receta expedida por un profesional en Ciencias Agrícolas, incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. En la receta constarán las especificaciones e indicaciones técnicas, agronómicas y los métodos que deberán aplicarse.

Prohibiciones y restricciones por razones técnicas El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá restringir o prohibir la importación, el tránsito, el redestino, la fabricación, la formulación, el reenvase, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla y la utilización de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos de aplicación para uso agrícola, cuando se justifique por razones técnicas y se considere que emplearlas es perjudicial para la agricultura, la salud o el ambiente.

Quienes realicen investigación, experimentación, movilización, liberación al ambiente, importación, exportación, multiplicación y comercialización de vegetales o de los organismos o productos referidos en el artículo 41, serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a la agricultura, el ambiente y la salud humana y animal.

Quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana y el ambiente.

Las investigaciones con sustancias químicas, biológicas o similares para uso agrícola, con fines de inscripción, deberán ser autorizadas y supervisadas por el Servicio Fitosanitario del Estado.

Las sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, llevarán una etiqueta en español adherida o impresa al empaque o envase y deberán cumplir con las disposiciones y los requisitos contemplados en el respectivo reglamento.

El Servicio Fitosanitario del Estado retendrá o decomisará las sustancias químicas, biológicas o afines y los equipos de aplicación para uso agrícola, por medio de las autoridades fitosanitarias encargadas de su regulación, cuando incumplan las disposiciones de la presente ley.

Todo lo decomisado se detallará en un acta y se pondrá a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El Servicio Fitosanitario del Estado deberá retener, decomisar y destruir los vegetales que contengan residuos de plaguicidas en cantidades que excedan de los límites máximos establecidos para el consumo humano y animal.

Una vez en firme una sentencia condenatoria, las sustancias químicas, biológicas o afines y los equipos de aplicación para uso agrícola decomisados pasarán a propiedad del Servicio Fitosanitario del Estado, que podrá ordenar el remate, la donación, la venta directa, la reformulación o el acondicionamiento, la destrucción o la reexpedición, según el caso.

Mediante resolución administrativa, el Servicio Fitosanitario del Estado podrá ordenar el cierre temporal de un establecimiento donde se fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan o apliquen sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, que no cumplan con la legislación vigente, o bien, podrá denunciar el establecimiento ante las autoridades competentes para que ordenen el cierre.

El fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá denunciar, ante el Servicio Fitosanitario del Estado, a los establecimientos que no cuenten con regente a fin de que ordene cerrarlos.

El uso de sustancias químicas, biológicas y afines en actividades de aviación agrícola deberá estar autorizado por el Servicio Fitosanitario del Estado.