Resolución 00581-2012

De ese pronunciamiento apela únicamente la parte actora, quien limita sus agravios al monto concedido por daño moral y período de los intereses. La competencia funcional de este

Tribunal, en consecuencia, se reduce a esos dos únicos extremos sin que tenga atribuciones para abordar de oficio otros puntos no impugnados expresamente. A tenor del ordinal 565 del Código Procesal Civil, se conoce en lo apelado. Dice, la apelante, la suma aprobada por daño moral infringe los principios de proporcionalidad y racionalidad. Afirma: “El daño moral es aquel daño que provoca en un ser humano sentimientos de frustración, desanimo, desilusión, desesperanza, alteración de su psiquis, en el caso que nos ocupa quedó debidamente demostrado que la suscrita, procedió a comprar un teléfono sin esperar que el mismo posteriormente apareciera reportado como robado ante el ICE.” El monto de ¢ 50.000 es casi irrisorio porque lo generó un riesgo creado por la actividad comercial. Además, asevera, el A-quo dejó de analizar la actitud del funcionario del ICE al expresar que el teléfono era robado dentro de un pequeño local en frente de varias personas de la comunidad que la conocen. Como bien lo reconoce la apelante, el daño moral lo fija el juzgador a su entera discrecionalidad, considerando el hecho generador. El punto debatido acreditado se refiere a la compra de un celular, el cual meses después de funcionar fue desactivado por el Instituto Nacional de Electricidad por existir una solicitud en el sistema por robo. La actora se entera de ese dato cuando acude a las oficinas del citado Instituto y el funcionario que la atiende se lo dice delante de varias personas. Así se desprende de la testimonial de folios 108, 109 y 110. Es evidente que lo ocurrido produce daño moral, no solo porque la sorpresa de que era robado, sino por la manera que se entera. Sin más consideraciones, considera este Tribunal que se debe modificar el monto otorgado para fijarlo en ¢ 100.000 prudencialmente, por ser más justo y razonable a las circunstancias particulares del caso. En cuanto al segundo reproche, asevera, los perjuicios o intereses concedidos se deben aprobar desde la fecha de compra hasta el efectivo pago. No lleva razón. En virtud de una prevención del Juzgado, a folio 16 la actora limitó sus pretensiones al reclamar: “aprovecho la oportunidad para liquidar perjuicios es decir intereses sobre la factura desde la fecha de compra y hasta el día de hoy 16 de noviembre de 2009.” El Juzgado se ajusta a esa petitoria, sin que pueda conceder más de lo pedido, pues no se pidió de manera expresa que los réditos se extendieran hasta el efectivo pago. Este extremo se confirma”