Resolución 00231-2017

Rechazo de los agravios […] Cabe descartar sendos reclamos de la siguiente manera: en primer lugar, ninguna norma aplicable del Código Notarial, en materia disciplinaria notarial, contempla como motivo de lenidad en la imposición de una sanción, que el notario no sea reincidente, ni existe tampoco una norma que permita disminuir la intensidad de la sanción por su reconocimiento o admisión, como si la prueba aportada por el órgano actor no fuese contundente. En cuanto a lo segundo, la jueza a quo sostiene, y con toda razón, que la conducta confesa del ahora apelante constituye falta grave, acorde con la regla 139/7764, y es al explicar las razones de imposición del extremo mayor de la banda sancionadora aplicable, cuando la jueza a quo, sin abrogar la norma, ni interpretarla de manera retorcida, destaca que los hechos cometidos son muy graves (ver folio 65 vuelto, primer línea), no embargante que por casi dos decenas de faltas concretas la a quo ha impuesto solo un mes de suspensión, intensidad sancionatoria que no se puede incrementar acá en virtud del principio de NON REFORMATIO IN PEIUS (prohibición de reforma en perjuicio en materia recursiva). Efectivamente los hechos y la falta que entrañan son claramente muy graves pues se torna evidente el hábito reiterado del notario vencido de cobrar cantidades insignificantes por los servicios notariales que presta, alegando inclusive una imposible costumbre, pues la costumbre contra legem no es fuente de derecho en ningún rincón del planeta, lo cual atenta contra la ley y transgrede múltiples principios deontológicos en perjuicio propio, de la consideración social del ejercicio del notariado y de sus propios colegas, pues su conducta entraña una grave competencia desleal que distorsiona un importante segmento de la economía y del derecho que se encuentra sujeto a precios públicos, que eso son los Aranceles de Honorarios Profesionales. Como se afirmó antes, su proceder afecta múltiples deberes y principios como lo son los de corrección, de probidad, de dignidad profesional, de decoro, de lealtad, de colegialidad (es lo cierto que todos los notarios se encuentran vinculados en una relación funcional y orgánica con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica) etcétera. De manera que ante la contundencia de las pruebas, de la admisión del notario y de la gravedad de los hechos acreditados, no encuentra esta cámara ningún motivo, agravio en sentido propio, con potencia suficiente para quebrar la sentencia apelada, de manera que para abreviar y no intentar en vano encontrar sentido a los fundamentos tan heterodoxos como inatendibles con que el apelante se burla del principio de legalidad, de sus deberes como notario público debidamente investido y de la propia administración de justicia, lo que procede es rechazar las nulidades torpemente alegadas y confirmar de manera integral la sentencia apelada