Resolución 00076-2025

". En el caso bajo examen, dado que los hechos denunciados podrían constituir una falta grave por parte del fedatario acusado, aspecto sobre el cual no se prejuzga en este momento procesal, se ordena continuar con los procedimientos sin la intervención de la parte actora, hasta su fenecimiento conforme a Derecho ". Siendo la conciliación una forma de dar por terminado el procedimiento, debe el A quo fundamentar la resolución que ordena continuar el procedimiento.  Esto por cuanto como el bien indica, el Código Notarial señala en su artículo 154 lo siguiente: : “Si en esa comparecencia, el notario y la parte afectada llegaren a un acuerdo, así lo harán saber al juez correspondiente, quien dará por terminado el juicio. No obstante, en casos de gravedad calificada por el juez, este podrá aceptar el arreglo únicamente para atenuar la pena”.  De esta forma, como bien indica la resolución citada por el A quo, el Voto de esta Cámara número 41- 2018 de las nueve horas cuarenta minutos del veintitrés de febrero del dos mil dieciocho: “que en materia disciplinaria notarial es aplicable el principio general establecido en el artículo 2 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, según el cual, toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible, siempre que se aplique dentro de los términos y condiciones señalados en los numerales 149 y 154 del Código Notarial, en virtud de la especialidad y naturaleza propia de esta materia (artículo 163 del Código Notarial). En este sentido, el citado artículo 154 dispone que: “Si en esa comparecencia, el notario y la parte afectada llegaren a un acuerdo, así lo harán saber al juez correspondiente, quien dará por terminado el juicio. No obstante, en casos de gravedad calificada por el juez, este podrá aceptar el arreglo únicamente para atenuar la pena” , por lo que armonizando esta norma con Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, pues el ordenamiento debe interpretarse de manera completa e integrada y el numeral 154 debe tener aplicación cierta (artículos 10 y 12 del Código Civil en relación con el 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), estima este Tribunal, como principio y regla, que los acuerdos celebrados por las partes si son mecanismos válidos para dar por terminado un proceso disciplinario, salvo que se trate de casos de gravedad calificada por la persona juzgadora, en los que la autoridad sólo podrá aceptarlos, por mandato legal, para atenuar o reducir la eventual sanción que se fije cuando en sentencia se dilucide la situación de la persona notaria frente a la responsabilidad atribuida- " .  El voto de esta Cámara supra citado indicó: "Esta norma no establece cuales son los supuestos de gravedad calificada, lo que ha dejado a los Tribunales la tarea de definir jurisprudencialmente esas situaciones, frente a una multiplicidad de obligaciones y prohibiciones impuestos a la persona notaria por el ordenamiento jurídico, cuya desatención, en los términos y condiciones contempladas en la ley, pude conllevar su conceptualización como falta leve o grave, sin perjuicio que dentro de las que se califiquen de graves, existen distintas intensidades de castigo (desde un día y hasta diez años tratándose de faltas fijas, haciendo la excepción del numeral 147 ibid). Frente a esta diversidad, no puede sostenerse que toda infracción a la normativa que impone deberes a las personas notarias, implica la imposibilidad de dar efecto a los arreglos o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, pues no tendría sentido lo dispuesto por el legislador en los artículos 149 y en especial, el 154 ibídem citado. La determinación de los supuestos de “gravedad calificada”, resulta, entonces, fundamental para dar aplicación a la previsión normativa indicada. Así, dentro de la diversa casuística que puede presentarse, estima esta Cámara que esa determinación dependerá, en primer lugar, del deber o prohibición comprometido y en segundo lugar, de las circunstancias propias de cada caso concreto, cuando se trate de situaciones distintas de las que se dirán y que relacionan el primer aparte."  El A quo fundamentó su conclusión cuando afirmó: "En el caso bajo examen, dado que los hechos denunciados podrían constituir una falta grave por parte del fedatario acusado, aspecto sobre el cual no se prejuzga en este momento procesal, se ordena continuar con los procedimientos sin la intervención de la parte actora, hasta su fenecimiento conforme a Derecho."  En documento EV agregado el 12/2024 21:15:24, las partes expresamente solicitan el archivo definitivo del expediente por haber llegado a un arreglo extrajudicial entre las partes, y solicitan ese acuerdo sea homologado. Igualmente consta en autos un documento donde se inserta el arreglo conciliatorio que indica expresamente, que el arreglo incluye: "N-) Expediente Número dos uno- cero cero cero tres nueve dos- cero seis dos siete- NO- seis, que es Proceso Disciplinario de Pretensión Resarcitoria de Hung Chuan Wang Shih, Hung Peng Wang Shih contra José Rafael Ortiz Carvajal, expediente que se tramita en el Juzgado Notarial. " (EV 5/12/2024 17:17:05).  De esta forma, el A quo consideró que era su deber continuar la investigación del caso, ya que observó elementos relativos al expediente que podrían justificar su hipótesis de que la falta podría ser considerada de gravedad.  En este caso la gravedad debe de tener posibilidades de ser determinada como "calificada" es decir como especialmente grave, situación que corresponde al A quo definir, y para ello puede perfectamente ordenar el continuar los procedimientos, cuando considere, por ejemplo, que lo denunciado amerita este tipo de investigación, sin adelantar criterio. Por ello, es la potestad del A quo, si lo considera necesario, continuar los procedimientos a efecto de reunir los elementos que considere necesarios para poder definir si la falta es de gravedad calificada y las implicaciones de la conciliación en la determinación de la falta y su corrección. El a quo no se pronunció sobre la homologación, sino que consideró que éste no era el momento oportuno para concluir su investigación, reservándose entonces para el dictado de la sentencia lo que corresponde a la homologación y valoración de la incidencia del arreglo conciliatorio dentro del proceso. Al respecto, el artículo 154 determina que en estos casos, el Juez debe valorar la gravedad de la falta y determinar si la misma es calificada o no, y además determinar la incidencia de la conciliación en el proceso disciplinario, ya que  "podrá aceptar el arreglo únicamente para atenuar la pena".  Considera esta Cámara que el artículo 154 del Código Notarial debe de interpretarse en el sentido de que el Juez debe valorar si la falta es considerada de gravedad calificada y en este caso, determinar si el arreglo se acepta únicamente para atenuar la pena.  En conclusión, el recurso debe de rechazarse toda vez que el juez tiene la potestad para determinarm según su criterio, si hay o no elementos suficientes para resolver las consecuencias para el proceso del arreglo presentado.  El A quo tiene la facultad de continuar el proceso pare recoger los elementos necesarios para determinar, en un momento posterior, cuando la investigación se lo permita, los términos en que homologará el acuerdo, según los resultados que la investigación de la falta arrojen, relativos a si se puede o no considerar la falta de gravedad calificada, y las implicaciones de esa eventual calificación dentro del proceso.  No debe olvidar el apelante que el objetivo del proceso no es únicamente lograr la restitución del interés legítimo afectado al usuario, que como bien lo indica, se puede alcanzar en la conciliación, sino que hay un elemento que queda fuera de la conciliación, que es la necesidad de corregir al notario, según  lo que arroje la investigación.  El objetivo del proceso es también, fortalecer la responsabilidad del cuerpo notarial frente a sus actuaciones a través de las correcciones que se estimen pertinentes. En este sentido el Código Notarial indica: Artículo 138°.-  Competencia. Excepto las sanciones que, según este código, le corresponde imponer a la Dirección Nacional de Notariado, es competencia del Poder Judicial, por medio de los órganos determinados en la presente ley, ejercer el régimen disciplinario de los notarios públicos y hacer efectiva la responsabilidad civil por sus faltas.  De esta forma, el objeto del proceso no es únicamente hacer efectiva la responsabilidad civil de las faltas del notario, sino lo es también, y principalmente, es ejercer el régimen disciplinario, el cual es una relación entre el Estado quien habilita al notario, y por ello debe ejercer las funciones disciplinarias.  El artículo 138 mencionado es claro en que no sólo se trata de hacer efectiva la responsabilidad civil del notario por sus faltas, la cual puede ser satisfecha a través de la conciliación, sino también y principalmente debe ejercer el régimen disciplinario. Razón por la cual, el A quo, en casos que considere que los hechos denunciados podrían llevar a una gravedad calificada, puede abstenerse de homologar el acuerdo y archivar el expediente de inmediato. Está dentro de sus potestades continuar su investigación para determinar la verdad real de los hechos y la calificación de los mismos al tenor de la normativa vigente; y concluida esta fase, resolver sobre la homologación del acuerdo y las consecuencias de ese acuerdo en la determinación del régimen disciplinario.  Las facultades del A quo están expresamente reguladas en el Código Procesal Civil que indica:  "ARTÍCULO

Potestades del tribunal. El tribunal tendrá las siguientes potestades: 2.Dirigir el proceso y velar por su pronta solución. 6.Procurar la búsqueda de la verdad dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Las demás que establece la ley."  Por ello, el Juez puede, como lo ha hecho en este caso, a efecto de evitar adelantar criterio, en el ejercicio de las facultades que le otorga el Código Notarial, reservar para una etapa posterior del proceso, los términos en que acepta o no la homologación del acuerdo conciliatorio y las implicaciones del mismo en el régimen disciplinario del notario. Visto lo anterior, considera esta Cámara que los agravios deben de desestimarse, ya que a estas alturas del proceso, a efecto de evitar adelantar criterio, puede el A quo continuar la investigación y definir en el momento oportuno, las implicaciones de la homologación sobre el régimen disciplinario que tiene a su cargo.  Y esto no implica que la conciliación no es tomada en cuenta, sino que la misma debe ser dimensionada de conformidad con la ley y el mérito del expediente.

COROLARIO:  Procede confirmar la resolución recurrida, a efecto de que el procedimiento siga y permita al A quo determinar, en el momento oportuno, los términos de la homologación del acuerdo conciliatorio y sus implicaciones en la determinación de la responsabilidad del notario y su corrección, procurando la búsqueda de la verdad dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico para así ejercer la potestad disciplinaria de conformidad con la ley.

POR LO TANTO:

En lo apelado se declara sin lugar la apelación, y se confirma la resolución recurrida. La jueza Palacios Montero pone nota.-

M.Sc. Sergio Alonso Valverde Alpizar

Dra. Ingrid Palacios Montero                                Dr. Pedro  Suárez Baltodano

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NOTA DE LA JUEZA  PALACIOS MONTERO

Respeto profundamente a mis colegas, permitiéndome manifestar mi postura respecto de este voto me encuentro en el deber ético de adicionar las razones que se exponen, si bien el auto apelado podría haber realizado una fundamentación más clara en atención al concepto y alcance de los derechos indisponibles en cuanto existan posibles lesiones a los deberes funcionales en el ejercicio de la función notarial; ello se encuentra explícito en la argumentación realizada por el A quo en el auto apelado, toda vez que exigir a la autoridad de primera instancia vertir criterios que fundamenten en el caso concreto, la posible “gravedad calificada” de las eventuales faltas atribuidas al encausado, alude a la naturaleza de las faltas endilgadas; ello podría obligarle a generar un eventual adelanto de criterio que implicaría una actuación fuera de los límites de la ejercicio jurisdiccional.  En el caso de análisis, se debe considerar las eventuales faltas atribuidas para poder determinar los alcances de las posibles formas de finalización del proceso.  Note las partes que en el escrito de apelación se indica que la petición de las partes fue “se homologue” el acuerdo extrajudicial y “se archive “ el proceso, debiendo ser valorado por la autoridad de primera instancia si ello procede en toda su envergadura de conformidad con la normativa que rige la materia.  Para mayor abundamiento se tiene la indisponibilidad, incluso procesal,  del desistimiento  según lo establece el artículo 56.1 del Código Procesal Civil, regulado para determinadas etapas procesales y con efectos determinados.-

Dra. Ingrid Palacios Montero

*SYRZ43THCO6461*SYRZ43THCO6461SERGIO ALONSO VALVERDE ALPIZAR - JUEZ/A DECISOR/A

*V47M9LS5A3D861*V47M9LS5A3D861INGRID PALACIOS MONTERO - JUEZ/A DECISOR/A

*UJH4F47HTZ43W61*UJH4F47HTZ43W61PEDRO DANIEL DE JESUS SUAREZ BALTODANO - JUEZ/A DECISOR/A

1 de 9  Expediente NUE: 21-000392-0627-NO   Voto N°.  076-2025