Resolución 00048-2023

"TERCERO. SOBRE LOS RECLAMOS. [...] De esta manera, la normativa es bastante clara en que, si las medidas de protección se mantienen en vigencia, el despacho judicial deberá realizar la revisión de la efectividad por las formas que la norma dispone. No existe una facultad reconocida al Estado, por medio de la judicatura, existe solamente y, desde el punto de vista jurídico, el Derecho. La no comprensión así lo que provocaría es la admisión de aspectos ajenos al deber que la norma dispone y que serían decisiones subjetivas de la persona juzgadora. La norma jurídica regula un deber ser que tiene que atacar la autoridad judicial, de lo contrario, no podría conocer si sus decisiones tuvieron o no eficacia en el caso concreto, además, en la etapa de seguimiento también pueden suceder vicisitudes que merecen ser conocidas y resueltas como podría ser la cancelación de la protección, entre otros.[...]"