Resolución 00198-2026

El 7 de octubre de 2025, la señorita [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por su padre, el señor [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Se me fije un nuevo domicilio, se le(s) prohíba ingresar nuevamente a mi casa, que no se me acerque(n), que no me vuelva(n) a agredir y se me brinde protección policial.”.

En resolución de las 18:03 horas del 7 de octubre de 2025, la jueza Hellen Taylor Castro -del Juzgado contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Turno Extraordinario de San José- dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

“Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas, telefónicamente, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio a [Nombre 001]. Estas prohibiciones encuentran sentido en la necesidad de garantizar a la persona presunta víctima un ambiente libre de violencia, que no solo haga posible el desarrollo de sus actividades cotidianas y le permitan vivir en paz, sino que son acciones encaminadas a detener cualquier otro incidente agudo de violencia intrafamiliar.- Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002] la entrada al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001].- De igual manera no podrá acercarse a menos de QUINIENTOS METROS de los lugares antes indicados ni donde se encuentre [Nombre 001]. Estima esta autoridad que en razón de los hechos denunciados, resulta necesario alejar al presunto agresor de la persona ofendida, a efecto de su sola presencia no signifique un acto de perturbación que, en ocasiones, pueda provocar estados de ansiedad en la(s)presunta(s) víctima(s), o facilite otros eventos de violencia distintos a los acá conocidos. Por otro lado, la ocurrencia de discusiones o incidentes violentos en el lugar de trabajo de la solicitante, así como en su lugar de estudio, pone en peligro otros valores sociales relevantes, como el derecho al trabajo y el derecho al estudio, de manera que daba la conflictiva entre las partes, lo es mejor poner distancia entre ellos, razón por la cual, este Juzgado impone al presunto agresor la prohibición de acercarse a menos de QUINIENTOS METROS de las personas gestionantes y de los lugares indicados. Esta Autoridad es del criterio que, en aquellos casos, como el presente, en que no se ha externado una amenaza de muerte a la persona presunta víctima, lo mejor es imponer a la persona obligada a cumplir las medidas de protección, una prohibición de no acercarse a menos de QUINIENTOS METROS de distancia de la presunta víctima, pues así se garantiza que no tengan contacto y que la limitación de derechos fundamentales de la persona obligada no sea desproporcional y pueda interferir innecesariamente con sus actividadces habituales.- Inciso Q). OFICIO DE PROTECCIÓN: Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de policía de todo el país, a fin de que se brinde protección a [Nombre 001] ante cualquier tipo de agresión por parte de [Nombre 002].- La autoridad de Policía se encuentra en la obligación de proteger la integridad personal y los bienes de la ciudadanía (Artículo 8 de la Ley General de Policía). El incumplimiento a esta disposición y la no ejecución de las medidas de protección que les corresponda realizar, será elevada al Ministerio Público para que se investigue el delito de incumplimiento de deberes.-”

El 10 de octubre de 2025, el señor [Nombre 002] solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2025 bajo la dirección de la jueza Jessica Girón Beckles -del Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar del II Circuito Judicial de San José-, quien, al finalizar, dispuso dictar la parte dispositiva en la sentencia integral, indicando que esta sería notificada en los medios señalados para escuchar las notificaciones. La sentencia integral la emitió a las 14:36 horas del 13 noviembre y se mantuvieron las medidas de protección otorgadas en la sentencia anticipada.

La señora [Nombre 001] apeló la sentencia y alegó que la sentencia impugnada presenta una falta de fundamentación y una incorrecta valoración de la prueba, al desestimar hechos que, según la recurrente, sí se encuentran acreditados mediante prueba directa, especialmente por las propias declaraciones del obligado, lo cual impidió reconocer situaciones de riesgo ocurridas cuando la víctima era menor de edad y que constituyen formas de violencia que afectan su salud física y mental; además, se señala que la autoridad judicial no realizó un análisis integral del contexto familiar ni de la prueba testimonial, incurriendo en omisiones que vulneran los derechos de la víctima y su tutela efectiva. Asimismo, se cuestiona el rechazo de la medida de pensión alimentaria provisional por falta de motivación suficiente, indicando que existían elementos objetivos para fijar un monto razonable, como la capacidad económica del obligado y las necesidades de la beneficiaria como estudiante, por lo que la resolución resulta contraria a los principios legales que obligan a proteger a la persona en condición de vulnerabilidad, generando un perjuicio en su bienestar integral, razón por la cual se solicita revocar la sentencia en los extremos impugnados, tener por probados los hechos cuestionados y ordenar el establecimiento de una pensión provisional adecuada, con base en la prueba existente y en aplicación de criterios de lógica, experiencia y protección de la víctima.

Se aprueba el elenco de hechos probados, por ser fiel reflejo de la prueba que consta en el expediente. Se modifica el hecho no demostrado, para que diga lo siguiente: “Que el obligado haya incitado u obligado a la solicitante a fumar marihuana.” Sobre el particular no hay prueba en el expediente.

Son dos los alegatos principales. El primero está relacionado con el hecho no probado que contenía la sentencia apelada, pero este fue modificado por cuanto el propio obligado reconoció el consumo de marihuana, pero no se demostró que hubiera incitado u obligado a su hija a hacerlo. No existe prueba documental o testimonial que respalde este hecho y por ello, lo resuelto por la jueza de primera instancia en este aspecto es lo correcto. El consumo de marihuana por sí solo no es un elemento que conlleve necesariamente un acto de agresión, sobre todo después de cumplida la mayoría de edad, por cuanto la solicitante está en la libertad de cambiar de domicilio si no le parece la forma de vida del padre. Situación distinta sería que el obligado, ejerciera presión para el consumo o para que efectuara algún acto relacionado con esta sustancia (como por ejemplo su compra). Sin embargo, las dos testigas en sus declaraciones negaron que estos hechos se dieran y solamente reconocieron la existencia del consumo.

Se debe tener claro que la sentencia apelada mantuvo en vigencia las medidas de protección solicitadas por la recurrente y decretadas en la sentencia anticipada, por lo que la disconformidad versa sobre la valoración de la prueba respecto de uno de los aspectos narrados en la solicitud, de tal forma que no se ha afectado el derecho de defensa de la solicitante, ni se le ha expuesto a una situación de riesgo que amerite revocar lo resulto.

A pesar de lo indicado, se debe señalar que los conflictos en este asunto surgen del rendimiento académico de la joven solicitante, así como del aporte que va a tener que realizar para los gastos de la casa, situación que ha enfrentado a padre e hija en un conflicto recurrente y que es el que origina el uso de palabras ofensivas del obligado contra su hija, situación que no tiene relación con el consumo de marihuana del padre, sobre todo tomando en cuenta que ya es mayor de edad y que en caso de no compartir la forma de vida de su padre, puede tomar la decisión de vivir en otro lugar.

El otro aspecto apelado se refiere al rechazo de fijar una pensión alimentaria provisional. Se argumenta que el juzgador incumplió su deber de análisis al rechazar la ampliación de medidas de protección relacionadas con la pensión, aun cuando existían elementos suficientes para fijar un monto provisional, incluyendo datos económicos del obligado y necesidades de la beneficiaria como estudiante. Se afirma que el rechazo de la medida genera un perjuicio directo en la esfera académica, económica y de salud integral de la víctima.

Para resolver el presente agravio resulta indispensable considerar los cambios normativos que han tenido lugar en nuestro ordenamiento jurídico, en particular la transición desde el proceso regulado en la Ley de Pensiones Alimentarias (Ley N.° 7654) al establecido en el actual Código Procesal de Familia (Ley N.° 9747). Bajo la legislación anterior, era posible fijar una cuota provisional de alimentos, con carácter de medida cautelar.

Con la entrada en vigor del Código Procesal de Familia, se eliminó la figura de la fijación provisional, sustituyéndose por el dictado de una sentencia anticipada. De conformidad con el artículo 270 de dicho cuerpo normativo, esta resolución no tiene naturaleza provisional, sino que produce efectos plenos desde su dictado, manteniéndose vigente salvo que medie oposición presentada en tiempo y forma, y la situación definitiva dependerá de lo que se resuelva en sentencia firme. (En este sentido ver La tramitación de los procesos familiares (Código Procesal de Familia) /Eddy Rodríguez Chaves – 1ª ed. – Heredia, C.R.: Escuela Judicial, 2022. 150 p. Página/Imagen ciento dieciséis).

Lo anterior se comprende al recordar que el proceso de fijación de alimentos en el Código Procesal de Familia responde a una estructura monitoria, basada en la presunción inicial de veracidad de la demanda y solo en caso de oposición fundada se habilita la etapa contradictoria mediante audiencia oral y posterior sentencia de fondo.

El proceso existente en Violencia Doméstica contempla la posibilidad de otorgar una cuota provisional, la cual, como ya se indicó, dejó de existir con la nueva legislación procesal, por lo cual lo procedente es el dictado de una sentencia anticipada, si ya consta en el expediente la prueba suficiente para ello, caso en el que se debe crear un legajo y remitirlo a la sede alimentaria, donde la parte demandada puede ejercer su defensa. Por este motivo, esa medida de protección en particular no se somete a contradictorio ante el Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar, por lo que también resulta razonable interpretar que es una medida de protección susceptible de ser decretada si se peticiona al inicio, no después de que emite la sentencia anticipada. La Ley contra la Violencia Doméstica no permite postergar la presentación de prueba cuando los hechos configurativos de violencia resultan controvertidos, la cual debe ser aportada en su totalidad el día de la audiencia y en caso de no constar en el expediente en ese momento, se debe resolver con la que conste en el expediente. Valga destacar, para finalizar, que, en todo caso, al ser mayor de edad la solicitante de protección, también debía acreditar su rendimiento académico desde el inicio del proceso. En el presente asunto, la remisión a la vía de alimentos, contrario a lo afirmado por la recurrente, le permitirá solicitar la cuota alimentaria y a ambas partes poder ejercer de manera plena sus derechos.

En conclusión, lo procedente es confirmar, en lo apelado, la sentencia de primera instancia.