Resolución 00181-2026

El 5 de setiembre de 2025, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por [Nombre 005]. En concreto, solicitó lo siguiente: “1. No acercarse a monos de 600 metros del lugar en el que me encuentro y de mi lugar de residencia y de trabajo.

Que no me envíe mensajes de amenazas ni perturbadores”.

En resolución de las 11:43 horas del 05 de setiembre de 2025, el juez Johel Beausejour Chaves, dictó la sentencia anticipada en la que dispuso lo siguiente:

“Se deniega la presente solicitud de medidas de protección que solicita [Nombre 001] contra [Nombre 005].- Podrá la parte solicitante acudir a la vía respectiva a hacer valer sus derechos. Se hace saber a las partes que en caso de inconformidad con lo resuelto, tienen derecho de apelar esta resolución dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, posteriores a la notificación de esta resolución. Sin especial condenatoria en costas en razón de la materia.- Notifíquese a la parte gestionante al medio señalado.”

Posteriormente, mediante voto 2025-000613, de las 11:48 horas del 23 de diciembre de 2025, este Tribunal resolvió:

"SE REVOCA la sentencia anticipada recurrida. En su lugar, se decretan las siguientes medidas de protección a favor de la señora [Nombre 001], las cuales deben ser cumplidas por el señor [Nombre 005] desde el momento que sea notificado de esta resolución y por el plazo de UN AÑO, contado a partir de ese acto procesal:A don [Nombre 005] se le prohíbe agredir, de cualquier forma, a doña [Nombre 001]. Esto implica que no puede intimidarla de ninguna forma ni por ningún medio, directamente o por parte de terceros.A don [Nombre 005] se le prohíbe que acceda al lugar donde reside doña [Nombre 001], así como al lugar donde ella trabaja y a los locales que le pertenecen a ella, y, además, se le prohíbe acercarse a una distancia menor a cien metros del lugar donde ella reside o se encuentre.Se le informa a don [Nombre 005] que si no está de acuerdo en acatar estas medidas de protección, tiene derecho a solicitar que el juzgado programe una comparecencia para que se determine si deben seguir vigentes, si se deben modificar o si se debe decretar su cese. Para estos efectos, la solicitud la deberá formular dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día en que sea notificado, y, al hacerla, DEBERÁ INDICAR EL MOTIVO POR EL QUE NO ESTÁ DE ACUERDO EN ACATARLAS. Si no lo hace dentro de ese plazo y en esa forma, la comparecencia no será programada y las medidas de protección aquí dispuestas se mantendrán en ejecución por todo el plazo de un año, sin necesidad de que se emita una nueva resolución.El juzgado de primera instancia coordinará lo correspondiente para que esta resolución le sea notificada al señor [Nombre 005] a la mayor brevedad. Además, emitirá una orden de protección y auxilio policial, la cual dirigirá a la autoridad de seguridad pública del vecindario de doña [Nombre 001] y a ella le entregará una copia de ese documento para que pueda acudir a la autoridad más cercana, en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio.Si don [Nombre 005] solicita que se celebre la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica, el juzgado deberá programarla Y LLEVARLA A CABO dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que él haga esa petición. Al finalizar la comparecencia, la persona juzgadora deberá anunciar oralmente su decisión de mantener, de modificar o de decretar el cese de las medidas de protección aquí ordenadas, y, dentro de los tres días siguientes, deberá emitir la sentencia integral por escrito, la cual también deberá notificar a las partes en ese plazo."

En resolución de las 9:31 horas del 03 de noviembre de 2025, el juez Jorge Alpízar Mora ordenó notificar al señor [Nombre 005] de forma personal y expidió el oficio a las autoridades de policía.

El 4 de noviembre de 2025, el señor [Nombre 005] fue notificado de la resolución que había emitido y ese mismo día solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Pese a la advertencia que había hecho este Tribunal, el personal subalterno del juzgado no consignó los motivos por los que él se oponía a acatar las medidas de protección dispuestas en su contra. Don [Nombre 005] suplió esa omisión el 6 de noviembre de 2025, cuando expresó los motivos de oposición, indicando lo siguiente: “la justifico porque estas se otorgaron con un falso testimonio, o sea mentiras. Aporto denuncia penal interpuesta por mi persona contra mi hermana [Nombre 001] y también sentencia del expediente 22-000083-0674-VD emitida por el tribunal de familia a mi favor medidas revocadas a mi favor donde mi hermana [Nombre 001] se le habían otorgado medidas de protección, Sentencia apelada por mi persona que fue revocada, con el voto número 314-2022 donde también se puede acreditar la conducta irresponsable de mi hermana como persona y como abogada que es.”

La comparecencia se llevó a cabo el 15 de enero de 2025 bajo la dirección de la jueza Tatiana Bolaños Rodríguez, quien, al finalizar, dispuso mantener vigentes las medidas de protección. La sentencia integral, número 2026000027, la emitió a las 16:01 horas del 16 de enero de 2026.

El señor [Nombre 005] apeló la sentencia integral, inconforme con la decisión que adoptó la jueza Bolaños Rodríguez de mantener en vigencia las medidas de protección. Combate el segundo hecho probado de la sentencia, indicando que ni en la denuncia, ni en las manifestaciones de su hermana y del testigo, se pudo identificar una situación concreta, circunscrita en tiempo y espacio, en la que él haya cometido los hechos que se le achacan. Alega que la falta de indicación de fecha, ni siquiera aproximada, lo deja en estado de indefensión. Por otro lado, aduce que él ha acudido a la vía judicial para solucionar los conflictos que se originaron luego del fallecimiento de la madre de ambos y que lo que alega su hermana es que se siente acosada por ello, pero que él tiene un derecho humano fundamental de acceso a la justicia que le garantiza el uso de mecanismos legales. También indica que el testimonio del testigo [Nombre 007] es ambiguo y complaciente, porque no es creíble que, casualmente, don [Nombre 006] haya estado en el momento preciso que él ha pasado por la calle pública, frente a donde vive su hermana, y que los inquilinos le han contado haberlo visto circular por los locales comerciales que ella tiene en el centro de Escazú. Dice que como el testigo tiene evidente interés en el conflicto, su testimonio debe ser valorado con cautela, siendo esta la única prueba que aportó su hermana, y que se evidencia su mala intención cuando, el día de la audiencia, indicó que él miró a su hermana con odio. En otro orden de ideas, aduce que él es una persona adulta mayor con discapacidad permanente, pero que eso no lo contempló la jueza, alegando que, con ello, se produjo una violación al derecho a la integridad y protección reforzada de las personas adultas mayores. Cita algunos artículos de la Ley 7600 y pide que la sentencia sea revocada y que se mantengan las medidas de protección interpuestas en su contra.

La señora [Nombre 001] solicitó que se confirme la sentencia recurrida. Hace referencia a su condición de persona con discapacidad, a quebrantos de salud y a circunstancias por las que considera que se encuentra en condición de vulnerabilidad. Luego hace referencia a conflictos del pasado que también se realizaban en contra de su madre. Dice que su hermano finge caminar con bastón, pero que ella aportó fotografías que demuestran que él sube una cuesta empinada sin ese apoyo y sin la menor dificultad de movimiento. También aduce que él mintió en el Consultorio Jurídico del CONAPAM alegando que es una persona insolvente, cuando en realidad es propietario de vehículos y de terrenos. Luego señala que la prueba, incluyendo la testimonial, demostró los hechos que expuso y el efecto que el acoso de su hermano le produce.

Antes de que se emitiera el Código Procesal de Familia, el procedimiento que se aplicaba en este tipo de asuntos era, básicamente, el que se encuentra contemplado en la Ley contra la violencia doméstica, cuyo artículo 12 permite que la persona que no esté de acuerdo en acatar las medidas de protección solicite que se lleve a cabo una comparecencia oral y privada. Esa Ley no establece la necesidad de que esta persona exponga los motivos de su oposición.

El Código Procesal de Familia, que fue dictado en el artículo 1 de la Ley 9747, no incluye en su contenido el procedimiento que debe seguirse para conocer, tramitar y resolver los asuntos contra la violencia doméstica, sino que mantuvo vigente la Ley contra la violencia doméstica y, por consiguiente, el procedimiento establecido en ella. Sin embargo, en su artículo 2.XIII, la Ley 9747 sí reformó el artículo 19 de la Ley contra la violencia doméstica y dispuso que “El Código Procesal de Familia se aplicará supletoriamente en lo que guarde silencio, sea compatible y no se oponga a lo preceptuado en esta Ley.”

El Código Procesal de Familia no solo introdujo el así llamado proceso de protección cautelar, el cual presenta características procesales muy parecidas al proceso contra la violencia doméstica, aunque también tiene algunas diferencias, sino que también el artículo 3.III adicionó el artículo 121 bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial, creando los Juzgados contra la violencia doméstica y de protección cautelar, cuya competencia material es para conocer de todo lo relativo a los procesos de protección cautelar, de violencia doméstica, personas adultas mayores y personas con discapacidad.”. En cuanto a los procesos, puede destacarse que ambos son de naturaleza urgente, ideados a favor de personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad -por estar la víctima enfrentando una situación de violencia (en la Ley contra la violencia doméstica) o por estar sufriendo alguna lesión a otros de sus derechos fundamentales (en el Código Procesal de Familia). No son procesos constitutivos, declarativos, modificativos o extintivos de derechos; su estructura es monitoria, lo que significa que, una vez solicitada la protección, la autoridad judicial debe emitir una sentencia anticipada y, cuando se decretan medidas de protección, se presenta un contradictorio inverso, es decir, se puede realizar una comparecencia -generalmente a solicitud de la persona que, de acuerdo a la sentencia anticipada, debe acatar las medidas de protección-, a cuya finalización se debe decidir si las medidas se mantienen en ejecución, se modifican o cesan. Una diferencia procedimental consiste en que en los procesos contra la violencia doméstica no es posible solucionar el conflicto por vía de la conciliación, mientras que en los procesos de protección cautelar sí.

Ahora bien, el artículo 239 del Código Procesal de Familia establece lo siguiente:

Artículo 239- Otorgamiento de medidas provisionales. Presentada la solicitud y de considerarse procedente, se dictarán, sin mayor trámite, las medidas provisionales que la autoridad judicial considere oportunas.

Cuando se muestre inconformidad fundada dentro de los cinco días siguientes a la última notificación a las personas interesadas, el juzgado convocará a las partes a una audiencia en la que se evacuarán las pruebas que correspondan.

La audiencia se realizará dentro de los quince días siguientes, momento en el cual deberá constar en autos la pericia de tipo médica, psicológica, social u otra.

Como se aprecia, en esta normativa sí está expresamente dispuesto que cuando se muestre una oposición a acatar las medidas, esta se debe presentar dentro de los cinco días siguientes (igual que lo que dispone el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica) y, además, que debe ser FUNDADA.

“Fundar” la oposición consiste en indicar los motivos por los que la persona no está dispuesta a acatar las medidas de protección.

Esta Sección Primera del Tribunal de Familia ha interpretado que esta norma es aplicable en los procesos contra la violencia doméstica, claro está, cuando en la sentencia anticipada se consigna la advertencia de manera explícita. De hecho, el criterio rectilíneo que ha sostenido esta Cámara es que lo primero que debe determinarse en las comparecencias que se realizan en los procesos contra la violencia doméstica a solicitud de la persona que fue señalada como agresora, es determinar cuál es el motivo de oposición a acatar las medidas, porque esto es no solo es lo que define el contenido de la audiencia, sino también la forma en que esta debe ser dirigida. Este órgano jurisdiccional también ha sostenido el criterio rectilíneo de que los hechos que se deben conocer en un proceso contra la violencia doméstica son los que se expusieron al momento en  que se solicitó la protección y que la persona juzgadora consideró configurativos de violencia doméstica, sin que puedan incluirse otros distintos en la comparecencia, pues si se introdujeran nuevos hechos en ese momento, se estaría provocando indefensión, pues la parte que debe acatar las medidas de protección no tendría oportunidad de preparar su defensa con relación a ellos. Por paridad de razón, en aplicación de los principios de igualdad y de equilibrio procesal y como una garantía del debido proceso y del derecho de defensa, cuando en el proceso ya consta el motivo de oposición a acatar las medidas de protección, así como no se puede introducir nuevos hechos en la audiencia, tampoco se puede introducir nuevos motivos de oposición. En otras palabras: el marco fáctico y las razones de oposición a acatar las medidas de protección delimitan el contenido de la comparecencia.

En este caso, fue este Tribunal el que, mediante voto número 2025000613, decretó medidas de protección a favor de la señora ([Nombre 001]), las cuales deben ser acatadas por el señor [Nombre 005]. En la misma resolución se especificó que, a pesar de que había hechos configurativos de violencia patrimonial, las medidas de protección se decretaban únicamente con ocasión de las conductas intimidatorias realizadas por don [Nombre 005] que configuraban violencia psicológica. No se decretaron medidas de protección a raíz de los hechos que se denunciaron como configurativos de violencia patrimonial porque la propia doña [Nombre 001] había manifestado, espontáneamente, que ella decidió no ingresar más al inmueble y que ya se habían establecido los procesos judiciales correspondientes para que se dilucidara ese conflicto. En concreto, el marco fáctico de este proceso se restringió a los siguientes hechos: Que don [Nombre 005] acosa a doña [Nombre 001] porque pasa en su vehículo frente a unos locales que son de su propiedad, en Escazú y en Hatillo, baja la velocidad, baja el vidrio de la ventana y se le queda viendo con una mirada intimidante, así como también pasa frente a su casa una y otra vez, a pesar de que puede tomar otra ruta.

En esa misma resolución también se le informó a don [Nombre 005] que, si no estaba de acuerdo en acatar las medidas de protección decretadas, tenía derecho a solicitar que el juzgado programara una comparecencia para que se determinara si estas se mantenían vigentes, se modificaban o cesaban. Además, expresamente se le indicó, destacándose en negrita y mayúscula, que si formulaba esa solicitud, debía indicar el motivo por el cual no estaba de acuerdo en acatarlas, advirtiéndosele que si no lo hacía, la comparecencia no sería programada y las medidas de protección se mantendrían en ejecución por el plazo legal de un año, sin necesidad de que se emitiera nueva resolución.

Ejerciendo su derecho, el señor ([Nombre 005]) solicitó que se celebrara la comparecencia y, aunque un poco tarde por una desatención del juzgado, expresó lo siguiente para fundamentar su oposición a acatar las medidas de protección: “la justifico porque estas se otorgaron con un falso testimonio, o sea mentiras. Aporto denuncia penal interpuesta por mi persona contra mi hermana ([Nombre 001]) y también sentencia del expediente 22-000083-0674-VD emitida por el tribunal de familia a mi favor medidas revocadas a mi favor donde mi hermana [Nombre 001] se le habían otorgado medidas de protección, Sentencia apelada por mi persona que fue revocada, con el voto número 314-2022 donde también se puede acreditar la conducta irresponsable de mi hermana como persona y como abogada que es.”

Según la documentación que aportó, la denuncia penal la presentó porque doña [Nombre 001] alteró “cierta información” y mintió al decir que él porta armas blancas, consume licor y drogas. Como se aprecia, en esa denuncia penal, él nunca afirmó que TODO lo dicho por doña [Nombre 001] fuera mentira y, en particular, no desmintió los hechos que aquí se investigan.

Por otro lado, con relación a la sentencia 314-2022, lo que se debe indicar es que, en aquella oportunidad, este Tribunal ciertamente revocó la resolución en la que el Juzgado contra la Violencia Doméstica del II Circuito Judicial de San José había concedido medidas de protección a favor de doña [Nombre 001] y de otras personas porque consideró que había existido un abuso y un uso antisocial del Derecho, pues acudieron a ese Juzgado ocultando que, muy poco tiempo antes, habían formulado una solicitud en otro juzgado, la cual les fue rechazada y que, en lugar de recurrirla, lo que decidieron fue acudir a otro juzgado, fuera de horario, a plantear una solicitud casi idéntica. En otras palabras, la solicitud NO se rechazó porque don [Nombre 005] no hubiera cometido los hechos que se le atribuían. Quede claro que, al no haber sido recurrida la resolución que denegó la solicitud de protección, en aquel tiempo este Tribunal no analizó si los hechos denunciados eran o no eran configurativos de violencia doméstica.

Corolario de lo anterior, es factible afirmar que la oposición de don [Nombre 005] no es porque él considere que los hechos intimidatorios que se le atribuyen no sean configurativos de violencia psicológica, ni porque alegue que los hechos expuestos por doña [Nombre 001] sean falsos, o bien, que siendo ciertos, existan variantes jurídicamente relevantes. En otras palabras, esos hechos no resultaron controvertidos.

Ahora bien, una vez realizada la comparecencia y emitido la sentencia en la que la jueza Tatiana Bolaños Rodríguez decidió mantener en vigencia las medidas de protección, el primer agravio formulado en el recurso consiste en que no existe prueba que demuestre los hechos que se le atribuyeron y, además, que se le causó indefensión porque no se indicó, expresamente, la fecha en que sucedieron, con lo cual se le provocó indefensión. Sin embargo, como recién se indicó, esos hechos no resultaron controvertidos, por lo que no se requiere que sean demostrados. De todas formas, si se hubiera alegado que ESOS hechos no eran ciertos o que, siendo ciertos, existían variantes jurídicamente relevantes, lo que resulta relevante -de acuerdo a lo que se consignó en el acta- es que don [Nombre 005] ni siquiera cuestionó la actualidad de las conductas que se le atribuyen, sino que se limitó a decir que él tiene derecho a acudir a las autoridades judiciales para dirimir el conflicto que tiene con su hermana. Ese argumento lo reitera en la apelación y, al respecto, lo único que se puede decir es que las medidas de protección no se otorgaron a raíz de que él haya presentado gestiones en la sede judicial, sino que se decretaron por los actos intimidatorios que realizó: Que él acosó a doña [Nombre 001] porque pasa en su vehículo frente a unos locales que son de su propiedad, en Escazú y en Hatillo, baja la velocidad, baja el vidrio de la ventana y se le queda viendo con una mirada intimidante, así como también pasa frente a su casa una y otra vez, a pesar de que puede tomar otra ruta.

El segundo agravio tampoco es de recibo porque su condición de persona con discapacidad no lo faculta para atormentar a doña [Nombre 001] y tampoco lo exime de su deber de acatar las medidas de protección que se han dispuesto en su contra a raíz de los actos que realizó. En todo caso, de su alegato no se desprende algún motivo por el que él considere que, en este proceso, se le han lesionado sus derecho a la integridad y a la protección reforzada.

El Tribunal omite referirse a las manifestaciones hechas por la señora ([Nombre 001]) en el escrito donde se refirió a la apelación porque la mayoría de sus argumentos no tienen relación con el recurso y, con relación a la que se refiere a la valoración de la prueba, ya se explicó que, en este caso, los hechos no requerían demostración porque no resultaron controvertidos.

Se hace ver al juzgado de primera instancia que, cuando se admite un recurso de apelación, la audiencia que se concede a la parte contraria para que tenga la oportunidad de referirse a este es por el plazo de TRES DÍAS, no de cinco días, como erróneamente indicó en la resolución de las 10:31 horas del 5 de febrero de 2026. Tampoco es pertinente hacer prevención para que las partes señalen lugar o medio para atender notificaciones cuando ya han señalado correo electrónico, como sucedió en este caso. Esa prevención solo se debe hacer cuando han señalado casillero o solicitan ser notificadas en estrados y el asiento del superior es distinto al del inferior. Finalmente, se le recuerda que, tal como hizo en esa resolución, el expediente debe ser remitido al Tribunal inmediatamente después de vencido el plazo antes indicado, sin ulterior trámite, por lo que no se debe emitir una resolución como la que emitió a las 15:21 horas del 13 de febrero de 2026, pues esto más bien implica un atraso injustificado.

VI.

I45E91KCS47U61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

HX5QWGHIPMG61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

LCGGZ8MMCX061YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000317-1782-VD

I Circuito Judicial de San José, Edificio Tribunales, Primer Piso. Teléfonos: 2295-3103, 2295-3108 ó 2295-3113. Fax: 2258-4155. Correo electrónico: tfamilia@poder-judicial.go.cr