Resolución 00171-2026

Mediante sentencia número 202600008 dictada por el Juzgado contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Heredia a las catorce horas con treinta y siete minutos del seis de enero del dos mil veintiséis, se ordenó mantener en vigencia las medidas de protección que interlocutoriamente se habían otorgado en favor del señor [Nombre 001] y en contra de la señora [Nombre 002].  La parte obligada, inconforme con lo resuelto, se alza en esta vía.  Sustenta su apelación en que hay una desproporcionalidad en la duración de las medidas de protección y el alcance de las medidas de protección impuestas.  Que se descartan en los hechos no probados la mayoría de los hechos denunciados, solo se acreditan los insultos en una conversación por mensajes de texto y el daño a un peluche, sin que se demostrara que fue con un cuchillo. Que no hay riesgo, y por eso no se justifica la medida K). Que la admisión de los hechos fue interpretada como justificación suficiente para imponer medidas máximas, sin ponderar que no existe convivencia, contacto actual ni reiteración conductual, lo cual constituye un error en la valoración jurídica del riesgo y de la intensidad de la respuesta estatal, lo cual debió conducir razonablemente a la revocatoria de las medidas de protección. Solicita se revoquen las medidas de protección ordenadas, y en caso de que esto no sea así, subsidiariamente solicita se revoque la medida K) por carecer de fundamento factico y jurídico suficiente.

Se avala el elenco de hechos probados y no probados que contiene la sentencia por ser fiel reflejo de los autos. -

En el caso que nos ocupa, al momento de plantearse la solicitud de protección por parte del señor [Nombre 001] en contra de la señora [Nombre 002], la misma se centra en agresiones verbales y daños a algunos bienes en su contra. Ahora bien, entendido esto, a lo que debemos abocarnos es a determinar si los hechos denunciados sucedieron para mantener la protección, o al menos que existan indicios de que se dieron. Realizada la audiencia, lo que se demuestra es conforme a las mismas manifestaciones de la persona obligada, quien si acepto haberle dicho al solicitante “… basura, ladrón, nunca en su miserable vida vuelve a encontrar una mujer como yo, busque ayuda psiquiátrica…”, y además aceptó que le rompió un peluche. Evidentemente, el origen del conflicto deriva de una ruptura de la relación de pareja que ellos tenían.  Cabe mencionar que no quedan acreditadas las amenazas u ofensas tales como me las vas a pagar, maldito pelón, poco hombre, usted es un mal parido, esto no se queda así, que la obligada lo haya perseguido en el carro, o que le dijera malnacido o que a la hija le debería dar vergüenza del papá que tiene, esto no queda acreditado.  Ahora bien, como se sabe, este Tribunal tiene competencia para analizar los agravios esgrimidos por el apelante, por los que a continuación se resuelven los mismos.  Se agravia por parte de la recurrente que hay una desproporcionalidad en la duración y el alcance de las medidas de protección. En lo que se refiere a la duración, no lleva razón en su reclamo. La Ley contra la Violencia Domestica establece en su artículo 4 establece que el plazo de vigencia de las medidas de protección es un año, que no puede ser prorrogable. La ley prevé un vencimiento anticipado, pero esto es bajo un procedimiento especifico. El agravio como tal, se interpreta que es desproporcionado la duración de las medidas, sin embargo, como se expuso, este es un plazo dispuesto por ley, que el juez no puede moderar de ninguna forma, y, por ende, no es de recibo la inconformidad que se esgrime en este sentido. En lo que se considera que si lleva razón la parte apelante es con relación a la medida k) y en concreto a la restricción ordenada de no menos de doscientos metros. En efecto, tal y como se agravia, los hechos demostrados devienen de la misma manifestación en la audiencia de la propia obligada, y muchos de los hechos denunciados, en efecto, no fueron probados.  Una vez analizado el punto en cuestión, debe procederse con el levantamiento de la distancia de doscientos metros, por la situación demostrada en la audiencia, y en general los autos. En efecto, no se considera la misma ni razonable ni proporcional de acuerdo con las particularidades del caso. Nótese que se ha mantenido íntegra la protección otorgada interlocutoriamente, y los hechos derivan de un rompimiento de una relación sentimental, que, a criterio de esta integración, no amerita una restricción de distancia, y así debe declararse.  La Sala Constitucional ha sido muy clara en indicar que cualquier tipo de limitación a la libertad de trasladarse o de permanecer en cualquier punto de la República, debe de obedecer a criterios razonables y proporcionales, establecidos en la ley. En el caso concreto de las medidas de protección por violencia doméstica la dotación de las medidas de protección no debe realizarse en forma indiscriminada, de manera automática, sin analizar el caso concreto y las particularidades de este, tal y como se agravia.  En la determinación de la razonabilidad y proporcionalidad de una medida, en este caso de violencia doméstica, debe estudiarse el cumplimiento de una triple condición, a saber

Necesaria,

Idónea

Proporcional.  Una medida es necesaria siempre y cuando exista un cuadro fáctico que demande su adopción. Es idónea en el tanto y en el cuanto su aplicación de una justa solución justa y precisa al problema planteado, y es proporcional cuando su disposición no es excesiva, no va más allá de lo que los hechos requieren para ser resueltos (Voto 8858-98 de la Sala Constitucional). Teniendo en cuenta estos lineamientos constitucionales, se considera, que, el eliminar la distancia es razonable y proporcional al caso concreto, y, además, va en concordancia con el resto de las medidas de protección que se mantuvieron en vigencia en la resolución aquí apelada, lo cual otorga, en definitiva, una protección integral a la persona solicitante de las medidas de protección, que, en definitiva, cumple con el espíritu de la ley, y otorga la protección cabalmente. -

En virtud de lo expuesto, debe procederse revocando parcialmente la sentencia número 202600008 dictada por el Juzgado contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Heredia a las catorce horas con treinta y siete minutos del seis de enero del dos mil veintiséis, únicamente con relación a la distancia de restricción de doscientos metros ordenada, la cual debe eliminarse. -