Resolución 00134-2026

Mediante sentencia número 2025002432 dictada por el Juzgado contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar del II Circuito Judicial de San José a las catorce horas con tres minutos del quince de octubre del dos mil veinticinco, se ordenó mantener parcialmente las medidas de protección dispuestas a favor de las señoras [Nombre 001] y [Nombre 004] y en contra del señor [Nombre 002]. En esta sentencia se ordenó levantar las medidas de protección de entrada al domicilio o al lugar de estudio de las solicitantes, y la distancia de acercamiento.  Ambas partes, inconformes con lo resuelto, se alzan en esta vía.  El obligado sustenta su apelación en que la sentencia no contiene una fundamentación adecuada, tiene una exposición deficiente de los hechos y una valoración probatoria insuficiente, lo cual vulnera abiertamente el derecho de defensa. Que la señora [Nombre 001] su madre, nunca ha formulado denuncia alguna ni ha manifestado haber sido víctima de agresión por parte de él. Que se omite valorar en la sentencia lo que en su momento manifestó cuestionando la validez de la entrevista realizada a su madre, ya que con la misma se violenta el debido proceso. Que la grabación evidencia dificultades significativas de compresión y expresión, por lo que debían haberse aplicado protocolos respectivos para la atención de personas adultas mayores con deterioro cognitivo. Que la sentencia omite valorar que la persona supuestamente agredida no ha denunciado, ni ha manifestado temor o afectación alguna. Que las llamadas que se le imputan son para consultar el estado de su madre, no son agresión.  Que cuando se presenta a la casa, es porque no le contestan las llamadas para conocer el estado de su madre. Que lo único que está haciendo es ejercer su derecho de hijo y conocer cómo se encuentra su madre. Que el hecho de acercarse a su madre no es un acto ofensivo. Que la salvaguardia no da para tener por secuestrada a su madre. Que los testigos indican que lo que saben es porque la solicitante se los ha contado. Que algunos testigos tienen dependencia y viven con la solicitante, por lo tanto, son parciales. Que la prueba documental no demuestra la agresión, solo que ha querido como hijo estar al tanto de su madre y la condición en que esta esta.  Que si es evidente que la relación entre hermanos en relación con el cuidado y visitas de su madre si ha sido tensa, pero no ha habido agresión alguna. Solicita se revoque o se anule la resolución impugnada.  La solicitante sustenta su recurso en que no está de acuerdo con el levantamiento de la restricción de distancia. Que los testigos fueron claros en que el obligado se presentaba a la casa donde ella y su madre residen como forma de atemorizarlos y llamaba entre dos y ocho veces, lo cual afecta a su madre gravemente por la condición de salud en que se encuentra. Que incluso una vez llego con la policía ya que indico que la madre estaba muerta, esto a las seis de la tarde. Que permitirle que se acerque es permitirle que siga molestando. Que, en la entrevista hecha a su madre, esta indico que tuvo problemas con el aquí obligado. Que el distanciamiento es necesario, porque de lo contrario, las seguirá molestando y ciertamente, ella necesita estar bien para poder cuidar de su madre lo que le reste de vida. Solicita se revoque la resolución recurrida y en su lugar se declare que el obligado debe cumplir con la medida K) y una distancia de no acercamiento no menor a doscientos metros. -

Se avala el elenco de hechos probados y no probados que contiene la sentencia por ser fiel reflejo de los autos. -

RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN QUE PLANTEA LA PARTE OBLIGADA:  Evidentemente, si se analiza el marco fáctico del caso que nos ocupa, el mismo tiene su génesis en un conflicto familiar de vieja data. En efecto, existen otros expedientes de violencia doméstica, un proceso de salvaguarda e incluso una denuncia penal entre las partes involucradas. Normalmente, estos conflictos deben ser ventilados en la vía respectiva, no obstante, lo anterior, en ocasiones, de estos conflictos derivan hechos o acciones que, si tienen que ser ventiladas en este tipo de procesos cautelares, ya que configuran algún tipo de violencia o perturbación entre las partes, y se considera que este es uno de ellos. El artículo 2 de la Ley contra la Violencia Domestica en su inciso b) define la Violencia Psicológica como la “acción u omisión destinada a degradar o controlar acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.”.   Precisamente, el caso que nos ocupa se subsume en dicha definición, y en concreto en cuanto al control de las acciones y perjuicio en la salud psicológica de las personas solicitantes. En efecto, se reitera, todo deriva de un conflicto familiar entre hermanos debido a que una de ellas, la solicitante tiene el cuido de la madre de ambos, pero claro está, el obligado realiza acciones que perturban psicológicamente, no solo a su hermana, sino también a su madre, y como se expuso, esto es tutelable en esta vía, y se ha aportado el mínimo probatorio para mantener la protección solicitada. Veamos. Si se analizan las probanzas, fundamentalmente las testimoniales, esto queda evidenciado, las conductas controladoras y perturbadores del aquí obligado. El testigo [Nombre 005] declara que la situación entre sus hermanos es bastante tensa y distante, si detalla que tiene conocimiento de la cantidad de llamadas que hace a la casa de su madre en forma diaria e insistente, e incluso detalla las visitas del obligado a casa de su madre y la visita que hizo con la policía. Por su parte, la testigo [Nombre 006] todavía es más clara en su relato, y no solo eso, ha presenciado situaciones tensas entre las partes. Detalla que cuando trabajo como terapeuta de la señora [Nombre 001] si constato la actitud prepotente y de enojo constante del aquí obligado con respecto a la solicitante y su madre.  Relata las llamadas constantes, que las ubica aproximadamente seis llamadas en la tarde, y visitas tres veces por semana, pero esto no es lo más importante, lo más importante, es la situación que se daba después, y es que la persona adulta mayor terminaba nerviosa o ansiosa, y que la solicitante se quedaba angustiada. Además, detalla que si vio el carro en varias ocasiones cerca de la casa. En realidad, si se analizan estas probanzas, es evidente la situación de tensión que se vivió entre las partes por las mismas actitudes del obligado, lo cual no solo repercutía en la propia solicitante, sino en la madre de ambos, lo cual, la perjudicaba emocionalmente, debido a su enfermedad y su edad. La prueba documental, lo que hace es demostrar la situación o conflicto familiar, la condición de salud actual de la persona adulta mayor etc.  En general, se reitera, de este conflicto familiar, derivan acciones del obligado, tales como control, algún tipo de amenaza, y actitudes intimidantes, que como se expuso, causan en la solicitante y la persona adulta mayor un perjuicio emocional y que debe ser tutelado en esta vía.  Cabe recordar que el artículo 13 de la Ley contra la Violencia Domestica establece que en caso de su duda en la apreciación de la prueba debe mantenerse la protección, y aquí se han demostrado indicios importantes con relación a la actitud y comportamiento del obligado con respecto a la solicitante y su madre, que causa un menoscabo emocional, y por ende debe ser tutelado, manteniendo la protección otorgada. Los agravios esgrimidos por la parte apelante no son de recibo, la protección si debe otorgarse y se cumplen los presupuestos para otorgarla en este via. La sentencia si contiene una fundamentación adecuada, análisis de prueba, y sustento de la decisión con base en las mismas, y en los parámetros objetivos que deben tomarse en cuenta al resolver un caso de violencia doméstica. Es claro también, que la persona adulta mayor, a pesar de que el juzgado a quo actúa diligentemente con respecto a su inclusión dentro del proceso, sea tratando de  hacer la entrevista respectiva, y tratando de tomar su opinión respecto a la solicitud planteada a su favor, esto no se pudo obtener en razón de su condición de salud, pero esto no es óbice, para otorgar la protección si se considera que esas conductas de alguna u otra forma la han perjudicado, y esto es lo que ha sucedido, y por eso se protege a dicha señora, en razón de su edad, su condición de salud, y lo demostrado en autos. Si debe aclararse, que lleva razón el obligado en relación con que su condición de hijo, y de hijo responsable con su madre, tiene derecho a visitarla y a saber de su estado diario, y de ahí las llamadas, y esto se debe respetar, lo que, si no debe de darse, es que eso, se convierta en un foco de tensión o de violencia psicológica en perjuicio de su hermana y madre. En efecto, debe de moderarse esa situación, y evitar que se den esos focos de tensión, con acciones o actitudes amenazantes, controladoras o de cualquier tipo que lesionen la salud emocional y tranquilidad de las personas. -

RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN QUE PLANTEA LA PARTE SOLICITANTE: Como se indicó anteriormente, la parte solicitante impugna el levantamiento del acceso al domicilio y la restricción de distancia, sin embargo, analizando los autos, se considera que esto es lo que procede, dado el marco fáctico demostrado.  El artículo 51 de la Constitución Política regula lo que se ha denominado el principio protector.  Determina el derecho a la protección por parte del Estado de la institución de la familia, entendida esta en sentido amplio y a otros grupos vulnerables, tales como las personas menores de edad, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.  Esta protección, que regula dicha norma constitucional, abarca todos los aspectos de la vida diaria de estos grupos, y uno de estos es la protección contra todo tipo de violencia que puedan sufrir. Es así, como el Estado debe procurar otorgar los instrumentos más eficientes para prevenir esa violencia, pero cuando está ya se ha dado, otorgar la protección más efectiva y razonable para que la misma no vuelva a ocurrir. Ese es el espíritu de la Ley contra la Violencia Doméstica, y su procedimiento. En efecto, se pretende dar una protección eficaz y efectiva, pero la misma debe ser proporcional y razonable a los hechos confrontados en cada caso concreto, tomando en cuenta las particularidades de este. En el caso que nos ocupa, como se expuso, la sentencia mantiene la protección a favor de la solicitante y su madre, y únicamente hace una modificación en la sentencia definitiva, la cual es elimina la restricción de distanciamiento y el acceso al domicilio de las personas solicitante.  Si se analiza la solicitud planteada, se desprenden dos aspectos medulares, por un lado, los hechos en que se sustenta la solicitud tienen su génesis en un conflicto familiar, respecto al cual, han surgido, como se expuso, hechos que si son tutelables en esta vía. Sin embargo, lo que se demostró, debe ir en concordancia con la protección a otorgar. La protección integral fue otorgada de acuerdo con los hechos. Se considera razonable y proporcional que se levantara la restricción de distancia y el acceso al domicilio, porque de lo contrario, se estaría limitando el acceso y contacto con su madre al aquí obligado. Se reitera, la protección otorgada debe ir en relación a lo demostrado, y de conceder una restricción de distancia y acceso al domicilio, evidentemente se perjudica abiertamente al obligado en relación con su madre, pero más importante aún, la relación de su madre con su hijo, claro está, y como se indicó, el obligado deberá moderar sus conductas, para que esa relación tensa que existe desaparezca, y puede existir una relación armónica entre hermanos, pero más importante aún, entre él y su madre. La Sala Constitucional ha sido muy clara en indicar que cualquier tipo de limitación a la libertad de trasladarse o de permanecer en cualquier punto de la República, debe de obedecer a criterios razonables y proporcionales, establecidos en la ley. En el caso concreto de las medidas de protección por violencia doméstica la dotación de las medidas de protección no debe realizarse en forma indiscriminada, de manera automática, sin analizar el caso concreto y las particularidades de este. En la determinación de la razonabilidad y proporcionalidad de una medida, en este caso de violencia doméstica, debe estudiarse el cumplimiento de una triple condición, a saber

Necesaria,

Idónea

Proporcional.  Una medida es necesaria siempre y cuando exista un cuadro fáctico que demande su adopción. Es idónea en el tanto y en el cuanto su aplicación de una justa solución justa y precisa al problema planteada, y es proporcional cuando su disposición no es excesiva, no va más allá de lo que los hechos requieren para ser resueltos (Voto 8858-98 de la Sala Constitucional).   Teniendo en cuenta estos lineamientos constitucionales, se considera, que los argumentos de la apelante con relación a mantener la restricción de distancia y acceso al domicilio no serían ni razonables ni proporcionales. Con la protección que se ordenó mantener, se cumple con el espíritu de la ley, y otorga la protección cabalmente.

En virtud de lo expuesto, se deben de rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, y debe procederse confirmando la sentencia numero numero 2025002432 dictada por el Juzgado contra la Violencia Domestica y Protección Cautelar del II Circuito Judicial de San José a las catorce horas con tres minutos del quince de octubre del dos mil veinticinco. -