Resolución 00130-2026

Mediante resolución emitida a las 11:21 horas del 26 de enero de 2026, el Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de Puriscal se declaró incompetente por razón del territorio para conocer de este proceso y remitió el expediente al Juzgado Contravencional de Mora para que asuma su conocimiento. Éste último, mediante resolución de las 15:02 horas del 3 de febrero de 2026, plantea conflicto de competencia ante este Tribunal, por encontrarse inconforme con dicha remisión. Estima que la competencia territorial le corresponde al Juzgado contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Puriscal porque en esta materia no hay competencia ambulatoria, siendo la única posibilidad cuando la gestión se realiza por emergencia en otro despacho que no es el del domicilio habitual de la persona solicitante, tal y como lo indica la Circular 254-2023.

Este es un proceso de protección, de naturaleza urgente. Estos procesos se tramitan, según sea el caso, mediante el proceso de protección cautelar establecido en el Capítulo II del Título III del Libro Segundo del Código Procesal de Familia, a tenor de lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes del Código Procesal de Familia, o bien, mediante el procedimiento contemplado en la Ley 7586, Ley contra la Violencia Doméstica. El tema de la competencia territorial para el conocimiento de este tipo de procesos se encuentra regulado, de manera muy similar, por el artículo 17 del Código Procesal de Familia y por la regla práctica número VII, dispuesta por la Corte Plena en la Actualización de reglas prácticas para facilitar la aplicación efectiva de la Ley contra la violencia doméstica que se dio a conocer mediante la Circular 254-2023, respectivamente, que disponen lo siguiente:

Artículo

Diligencias de protección cautelar. En los procedimientos de protección cautelar será competente el Juzgado de la residencia habitual de la persona beneficiaria; sin embargo, ante casos de urgencias e imposibilidad de acudir al despacho competente según territorio, se puede plantear la respectiva petición en cualquier despacho competente por la materia, el cual establecerá las medidas provisionales correspondientes y remitirá el expediente al despacho correspondiente para que de forma inmediata continúe con los procedimientos.

Cuando exista una denuncia penal relacionada con los hechos de violencia intrafamiliar, el juzgado de la materia penal podrá ordenar, con independencia de la cautela penal que considere, las medidas de protección establecidas en la Ley No. 7586, Ley contra la Violencia Doméstica, de 10 de abril de 1996, y pasar luego al despacho de Violencia Doméstica correspondiente, mediante un testimonio de piezas, para continuar los procedimientos.

En los procedimientos de Violencia Doméstica, es competente el juzgado de la residencia habitual de la persona beneficiaria de medidas. Sin embargo, en casos de urgencia e imposibilidad de acudir al despacho competente por territorio, a criterio de la persona solicitante, se puede plantear la solicitud en cualquier despacho y una vez que este resuelva lo correspondiente, remitirá el expediente al despacho correspondiente sin distingo del horario ordinario o en disponibilidad.

Por tratarse de un procedimiento cautelar, de carácter especial e informal, no procede oponer excepciones y, mucho menos, dar audiencia sobre ellas. De existir una gestión en ese sentido, debe ser rechazada de plano.

El concepto de residencia habitual no es antojadizo o subjetivo, sino que se encuentra jurídicamente definido. El artículo 9 del Código de Familia, aplicable mutatis mutandis a los procesos donde no existen elementos de derecho internacional, establece que "Para los fines del derecho internacional de familia, la persona física tiene su domicilio en el Estado en el con la intención de establecerse en él y su residencia habitual en el Estado en el que tiene su círculo social de vida por un tiempo prolongado. Una persona no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o, en su defecto, el lugar donde se localice."

De conformidad con la normas transcritas, estos procesos deben ser conocidos por el Juzgado del lugar donde la persona beneficiaria de las medidas de protección tiene su círculo social de vida (residencia habitual), sin posibilidad de prórroga. A pesar de que EN CASOS DE URGENCIA sí es factible solicitar la imposición de medidas de protección ante un Juzgado distinto al del lugar donde la persona beneficiaria tiene su residencia habitual, lo cierto es que una vez emitida la sentencia anticipada, el proceso debe ser remitido ipso facto al Juzgado territorialmente competente para que allí siga su trámite. De esta forma, en caso de que se manifieste oposición a las medidas de protección que se emitieron en la sentencia anticipada o de que, en los procesos contra la violencia doméstica, la persona que peticionó la protección a su vez esté registrada como agresora, las audiencias contempladas en el artículo 239 del Código Procesal de Familia y 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica necesariamente se deben llevar a cabo en el Juzgado que cuenta con competencia territorial, así como también es este Juzgado quien debe tomar la decisión de mantener en ejecución, modificar o decretar el cese de las medidas decretadas en la sentencia anticipada, y además, de dar el seguimiento correspondiente, cuando así procede.

Por último, también es relevante tener presente que en este tipo de procesos no está contemplada la competencia ambulatoria, motivo por el cual la definición de la competencia territorial se define por el lugar donde se encuentra la residencia habitual de la persona beneficiaria al momento de solicitarse la protección.

En este caso, la solicitante [Nombre 001] tenía su residencia habitual al momento de solicitar las medidas en [...], por lo que el hecho de que la solicitante se hubiese trasladado a vivir a Ciudad Colón -como lo indicó en la manifestación del 22 de enero de 2026- no es razón para remitir el proceso a otro despacho porque no hay competencia ambulatoria ni se está en el supuesto de urgencia que regula la circular antes dicha.

Por ello, al no existir competencia ambulatoria, es el Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de Puriscal quien cuenta con la competencia territorial para conocerlo, tramitarlo y resolverlo.

Habiéndose solicitado oportunamente la realización de la comparecencia prevista en el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica, proceda el referido juzgado a señalarla Y REALIZARLA en el plazo legal de quince días, contado a partir del momento en que el expediente sea recibido.