Resolución 00007-2026

El 06 de diciembre de 2024 a las 11:46 horas el señor [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a favor del señor [Nombre 003] y para ser cumplidas por la señora [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Que no vuelva a agredir a mi papá, que me le devuelvan el dinero que obtiene del alquiler de una de las casas a mi papá, que deje de apagarle la refrigeradora para que dejen de dañarsele las cosas (comida) y dejar de hacerle maldades que le hace y botarle la comida a mi papá, que dejen de violentar a mi papá de manera patrimonial, que no le quiten el alquiler que él recibe para poder sobrevivir y que mi madre no se lo de a [Nombre 008] y [Nombre 007], que no se le acerquen a mi papá y se le brinde protección policial a mi papá.” (sic)

El señor [Nombre 003] fue entrevistado el 10 de diciembre de 2024 por la jueza Johanna Vargas Hernández, ratificando la solicitud de medidas de protección, únicamente en contra de la señora [Nombre 002].

En resolución de las 15:36 horas del 10 de diciembre de 2024, la jueza dictó la sentencia anticipada en la que dispuso lo siguiente:

“Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 003].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.-”(sic)

El 19 de diciembre de 2024 la señora [Nombre 002] solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo bajo la dirección de la jueza Johanna Vargas Hernández el día 14 de marzo de 2025 y, al finalizar, dispuso levantar las medidas de protección. Por voto del Tribunal número 2025000593 de las 08:22 horas del 10 de octubre de 2025 se resolvió: Anular la sentencia recurrida. La nueva sentencia integral fue resuelta por la jueza Johanna Vargas Hernández se emitió a las 15:31 horas del 10 de noviembre de 2025, en la cual mantiene las medidas de protección que se otorgaron inicialmente.

El señor [Nombre 001] apela la sentencia de primera instancia, alegando persistencia de hechos de agresión, especialmente la que considera patrimonial como el desvía de montos económicos de alquiler. además de acoso, hostigamiento y amenazas de muerte en su contra por parte de la señora [Nombre 002], además denuncia acciones de la prevenida para evitar que el señor [Nombre 001] reciba asistencia alimentaria, vestido y medicinas, alega que en la sentencia se excluyó a los señores [Nombre 007] Y [Nombre 008] quienes le niegan prestarle atención y auxilio, considera que falta de objetividad por parte de la Jueza Johanna Vargas Hernández y refiere denuncias presentadas en contra de la prevenida en la fiscalía, haciendo entender que las acciones que tramita la señora [Nombre 002] prevalecen sobre las de él.

Solicita que se revoque la sentencia, que se amplíe la protección un año más, se amplíe la protección incluyendo la medida reconocida con la letra K contemplada en la Ley Contra la Violencia Doméstica, que se realice una valoración Psicológica a la señora [Nombre 002].

En este asunto, en la sentencia anticipada de las 15:36 horas del 10 de diciembre del 2024 se ordenaron las medidas de protección identificadas con la letra J del artículo 3 de la Ley Contra la Violencia Doméstica con la orden de protección y auxilio policial. La comparecencia que dispone el artículo 12 Ibíedem, fue celebrada.

El artículo 14 de la Ley contra la Violencia Doméstica establece que una vez concluida la comparecencia oral, la persona juzgadora debe dictar de inmediato su decisión de forma oral, determinando si las medidas de protección se mantienen, modifican, adicionan o levantan, quedando la sentencia escrita limitada exclusivamente a desarrollar y fundamentar las razones de hecho y de derecho de la decisión ya adoptada. Dicho acto escrito no constituye, bajo ningún supuesto, una nueva oportunidad para decidir ni para alterar lo resuelto. En el caso concreto, al finalizar la comparecencia oral, la jueza Johanna Vargas Hernández dispuso de manera expresa el cese de las medidas de protección, decisión que fue anunciada oralmente y que, por mandato legal, agotó el momento jurisdiccional decisorio. Sin embargo, en abierta contradicción con lo así resuelto, la sentencia escrita recurrida mantiene dichas medidas, configurándose una modificación sustancial de la decisión previamente anunciada. Tal proceder no solo resulta jurídicamente improcedente, sino que constituye una violación al debido proceso, al principio de seguridad jurídica y al deber de congruencia que debe regir toda actuación jurisdiccional. La juzgadora, al apartarse en la sentencia escrita de lo resuelto oralmente, actuó fuera del marco legal que regula su competencia funcional, reabriendo indebidamente una decisión que ya había sido adoptada y comunicada a las partes, lo cual desnaturaliza la comparecencia oral y vacía de contenido el mandato del artículo 14 de la Ley contra la Violencia Doméstica.

La jurisprudencia de la Sección Primera del Tribunal de Familia ha sido categórica al señalar que: “Como el deber de la persona juzgadora consiste en consignar el fundamento de la decisión que anunció oralmente, resulta absolutamente improcedente que varíe esa decisión” (voto n.° 2025000180 de las 7:56 horas del 4 de abril de 2025). La situación aquí analizada encaja plenamente en el supuesto reprochado por dicho precedente, pues la sentencia escrita no se limita a motivar, sino que altera el contenido decisorio, lo cual es jurídicamente inadmisible.

En consecuencia, la contradicción entre lo decidido oralmente y lo consignado por escrito constituye un vicio insubsanable que afecta la esencia misma de la resolución impugnada, al haber sido dictada en contravención expresa de la ley y de los principios que rigen el proceso. Por ello, lo procedente es anular la sentencia recurrida y ordenar a la jueza a-quo que, fundamente la decisión que anunció oralmente en la comparecencia respectiva, de ordenar el cese de las medidas de protección otorgadas inicialmente a favor del señor [Nombre 001].

Conforme consta en autos, en resolución de las 15:36 horas del 10 de diciembre de 2024, el Juzgado dictó sentencia anticipada al amparo de la Ley contra la Violencia Doméstica, mediante la cual se otorgaron medidas de protección a favor del señor [Nombre 003], persona adulta mayor, específicamente las previstas en los incisos J) y Q) del artículo 3 de dicha normativa. En esa misma resolución, la autoridad jurisdiccional determinó expresamente el plazo de vigencia de las medidas otorgadas, estableciendo que tendrían carácter provisional y se mantendrían vigentes por el plazo de un año, contado a partir de la notificación practicada a la señora [Nombre 002], mientras no fueran levantadas o modificadas mediante resolución judicial firme.

De lo anterior se desprende que el órgano jurisdiccional no dejó indeterminado el alcance temporal de las medidas, sino que fijó de manera clara, expresa y motivada su duración, la cual nunca fue objeto de impugnación, oposición ni solicitud de modificación por parte de la persona solicitante durante el período de vigencia de las mismas. En consecuencia, al haber transcurrido íntegramente el plazo dispuesto, dichas medidas vencieron formalmente el día 17 de diciembre de 2025, sin que mediara gestión alguna tendiente a su prórroga dentro del término legal.

En ese contexto, resulta jurídicamente improcedente que, en sede de apelación, se pretenda ahora la extensión o prórroga de medidas de protección que ya han expirado, máxime cuando tal pretensión no fue planteada oportunamente ante la primera instancia. En consecuencia, la solicitud de prórroga formulada en el recurso de apelación no resulta atendible, debiendo rechazarse de plano por extemporánea y carente de sustento procesal.