Resolución 00646-2025

El 25 de febrero de 2025, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por el señor [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: "Que se le prohíba ingresar nuevamente a mi casa, que no se me acerque, que no me vuelva a agredir y se me brinde protección policial."

En resolución de las 9:44 horas del 25 de febrero de 2025, la jueza María José Herrera Corrales dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

"Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001].-  Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía."

El 19 de marzo de 2025, esa resolución fue notificada al señor [Nombre 002], quien, ese mismo día, solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo el 10 de junio de 2025 bajo la dirección del juez Luis Araya Cerdas, quien, al finalizar, indicó que se dispondría a valorar la prueba aportada. La sentencia integral la emitió a las 14:32 horas del 11 de junio de 2025, decidiendo mantener en vigencia las medidas de protección que se habían decretado en la sentencia anticipada “hasta el 24 de enero de 2025 (plazo de ley)”.

Es oportuno indicar que el 10 de junio, el juez suscribió una nota en la que indicó que la audiencia oral y privada no se había celebrado porque no se presentaron las partes.

El señor [Nombre 002] apeló la sentencia mediante escrito que incorporó el 13 de junio, y el 16, la señora [Nombre 001] incorporó otro escrito solicitando que la sentencia fuera confirmada.  Sin embargo, el juzgado no admitió el recurso sino hasta la resolución que emitió a las 15:26 horas del 10 de julio, indicando que lo admitía “en el efecto devolutivo”, indicando a las partes que podían señalar medio y lugar para atender notificaciones, bajo apercibimiento de que si no lo hacían, las notificaciones se tendrían por notificadas con el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas.

El 4 de agosto, la jueza Bertha Lidieth Araya Porras dijo corregir el “error material” que contenía la sentencia que dictó el juez Araya Cerdas “en cuanto a la fecha de vencimiento de las medidas consignadas en el por tanto, siendo lo correcto 19 de marzo de 2026, fecha en la que venden [sic] las medidas de protección.”

Este Tribunal de Familia no recibió el expediente sino hasta el 4 de agosto.

En resolución de las 7:20 horas del 18 de agosto, la jueza tramitadora de este Tribunal devolvió el expediente al a-quo para que aclarara la constancia antes indicada y para que etiquetara la grabación de forma escrita y que, una vez cumplido lo anterior y a la mayor brevedad, se remitiera de vuelta el expediente al Tribunal para que se conociera la apelación.

El 27 de agosto se realizó el etiquetado, pero no fue sino hasta el 8 de octubre que se incorporó al expediente virtual la aclaración que, el día anterior y por medio de un correo electrónico, hizo el juez Araya Cerdas del acta que se había celebrado el 10 de junio.

El Tribunal no recibió de vuelta el expediente sino hasta el 16 de octubre.

Antes de ingresar al análisis de los agravios, el Tribunal estima necesario realizar un llamado de atención al juzgado de primera instancia por la excesiva demora con la que se tramitó este expediente. En primer lugar, existió un lapso considerable de dos meses y medio desde que el señor [Nombre 002] solicitó que se llevara a cabo la comparecencia y hasta que esta se celebró; luego existió una demora de casi un mes para que se emitiera la resolución que admitió el recurso de apelación presentado por él, y, más adelante, no solo existió demora para remitir el expediente al Tribunal la primera vez, sino también la segunda, luego de que le devolviera el expediente para que se aclararan algunas situaciones. En total, desde que se presentó el recurso de apelación, transcurrieron más de cuatro meses para que el expediente finalmente fuera recibido en este Tribunal para que se conozca la apelación.

El artículo 239 del Código Procesal de Familia, aplicable en los procesos contra la violencia doméstica de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley contra la violencia doméstica, dispone que la comparecencia se debe celebrar dentro de los quince días siguientes a aquel en que se solicita. Las autoridades judiciales deben procurar que este plazo se cumpla porque la Sala Constitucional ha explicado, en reiteradas ocasiones, que la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley contra la violencia doméstica -en el que se indica que la resolución que decreta las medidas de protección no admite NINGÚN recurso- se basa en que, en un corto plazo, se debe emitir la sentencia que dispone mantenerlas en vigencia, modificarlas o dejarlas sin efecto, la que sí es apelable. En otras palabras, la garantía que tiene el ciudadano de poder recurrir las medidas de protección que se le han impuesto depende, totalmente, del corto tiempo en el que se tome la decisión final. Por ese mismo motivo, es necesario tramitar y resolver con prontitud los recursos de apelación que se presentan en contra de las sentencias de primera instancia.

El señor [Nombre 002] apeló la sentencia de primera instancia, inconforme con la decisión que tomó el juez Luis Araya Cerdas de mantener en vigencia las medidas de protección que había decretado la jueza María José Herrera Corrales en la sentencia anticipada. Censura la decisión porque la relación de noviazgo que mantuvo con la señora [Nombre 004] finalizó en el año 2022 y, además, porque el único hecho que ella expuso se refiere a un audio que dirigió a una tercera persona, sin fecha, en el que no se menciona su nombre. La pretensión recursiva es que la sentencia se anule y se ordene el levantamiento de las medidas de protección.

El apelante cuenta con el patrocinio letrado del abogado William Enríquez Peraza, por lo que es necesario señalar que la pretensión recursiva no está bien redactada porque si la sentencia se anula, no se emite pronunciamiento sobre el fondo.

En la exposición de razones, se logra apreciar que el reclamo principal es porque la relación de pareja dejó de existir varios años antes de que se decretaran las medidas de protección, de lo que no existe duda porque, desde el momento en que la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección al amparo de la Ley contra la violencia doméstica, ella indicó que la relación que mantuvo con el señor [Nombre 002] fue de noviazgo, que esta se mantuvo por espacio de seis meses, en el año dos mil veintidós y que desde ese año se encuentran separados.

El propósito de esa esta Ley es proteger a las víctimas de violencia DOMÉSTICA mediante la emisión -y eventualmente, el mantenimiento- de medidas de protección, las cuales se decretan por un plazo máximo de un año. La legitimación en estos procesos no es vicaria, sino que, activamente, las medidas de protección pueden ser solicitadas por la víctima y, solo en algunos escenarios, por otras personas o instituciones (artículo 7) y, pasivamente, se pueden decretar en relaciones de pareja, de parentesco hasta el tercer grado y en relaciones cuasifamiliares, como la que existe entre el tutor y el pupilo o el garante y la persona con discapacidad.

Con relación a las relaciones de pareja, este Tribunal, desde vieja fecha, ha señalado que es posible decretar -y mantener- medidas de protección en relaciones de noviazgo, y, además, en aquellos casos donde, a pesar de que la relación ya terminó, sigue produciéndose violencia de manera continua, o porque las partes se mantienen en contacto debido a otros vínculos que siguen vigentes, como por ejemplo, cuando han procreado hijos o hijas y las agresiones se manifiestan en ese ámbito. Por otro lado, las medidas de protección son susceptibles de ser decretadas por hechos actuales, recientes o inminentes, no por hechos del pasado. Este Tribunal también ha explicado que, al no contemplar un plazo máximo de ocurrencia del hecho, es posible interpretar que se pueden decretar medidas de protección por hechos ocurridos, como máximo, dentro del año anterior a la fecha en que se solicita la protección.

En este caso, si bien el hecho que se describió en la solicitud de protección pareciera ser actual, lo cierto es que la relación de pareja había dejado de existir desde hacía más de dos años, sin que se hubieran dado conductas continuas de agresión y sin que tampoco persistiera algún otro vínculo entre las partes.  La jueza María José Herrera Corrales, al emitir la sentencia anticipada en la que decretó las medidas de protección, no consignó el motivo por el cual ella consideró pertinente aplicar la Ley contra la violencia doméstica en una relación de pareja finalizada hace varios años, y el juez Luis Araya Cerdas dispuso mantenerlas en vigencia sin que tampoco consignara las razones por las cuales estima pertinente la aplicación de esta Ley.

De principio, podría decretarse la nulidad de la sentencia recurrida por falta de fundamentación, pero lo cierto es que en autos no consta, ni siquiera de forma indiciaria, que exista algún vínculo entre las partes, y, además, la propia doña Érica había expresado que, por más de dos años, no existió relación entre ella y don [Nombre 002], por lo que, ante la falta de legitimación activa y pasiva, resulta procedente ordenar el cese de las medidas de protección que se decretaron en la sentencia anticipada, y así se dispone. Por haberse ordenado el levantamiento de las medidas de protección por falta de legitimación activa y pasiva, no es necesario analizar el otro agravio formulado por el recurrente. Sin embargo, se hace ver al a-quo que en ningún momento se analizó si la documentación presentada es prueba válida o prueba espuria, al tratarse aparentemente de comunicaciones privadas de una parte con otra persona ajena al proceso. Tan pronto reciba el expediente, el juzgado de primera instancia comunicará la decisión adoptada por este Tribunal al Registro de personas obligadas a cumplir medidas de protección para que allí conste el resultado final.

IV.

9WZFWXPU7Z461MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

RJK1NYOZMVG61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

FWWDX43EVGUE61YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000166-0870-VD

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