Resolución 00529-2025

El señor [Nombre 002] apeló y alegó la nulidad de la sentencia integral de primera instancia, inconforme porque el juez Agustín Díaz Delgado dispuso mantener en ejecución las medidas de protección que se habían decretado en la sentencia anticipada, las cuales él debe acatar.  Como motivos de nulidad, alega que el juez escuchó los audios con audífonos, indicando que ninguno de los cuatro audios se escuchaba y luego se retiró para probar en otra computadora y manifestó que solo dos se pueden escuchar, esto sin que él ni su abogada pudieran escuchar exactamente lo que dicen esos audios. También aduce que no se puso en conocimiento de dónde fue traída esa prueba, cómo se obtuvo, si constituye prueba lícita o no y que tampoco se indicó la hora y la fecha en que se recabó esa prueba ni el número de teléfono de donde provienen. Finalmente, aduce que la prueba documental que él ofreció fue rechazada a pesar de que con ella se demuestra las situaciones que ha vivido con la señora [Nombre 001], que no es la primera vez que la señora [Nombre 001] ha solicitado medidas de protección, que él posee un arma de fuego por razón de su trabajo y esta no significa ningún riesgo para ella, que a pesar de que no existe discapacidad de las partes, doña [Nombre 001] presentó cuadros depresivos en el pasado, y, que no es cierto que él le esté pidiendo a ella que le devuelva parte de la pensión alimentaria de la hija que procrearon en común, sino que lo cierto es que ella ha incumplido un acuerdo que habían tomado.  Como agravios en contra de la sentencia, alega que él nunca ha insultado a doña [Nombre 001] y que tampoco la ha amenazado con quitarle a la hija que tienen. Además indica que no se comprobó que él hubiera realizado actos para herir a la señora [Nombre 001] y que tampoco es violencia doméstica que él solicite el expediente y el récord académico de su hija en la institución educativa donde ella asiste. Señala que él le contó a la hija la situación que se presenta, que su mamá no estaba cumpliendo un trato y que le estaba robando dinero, así como que es una malagradecida y que no la quiere ver ni en pintura, pero que esto fue para darle una explicación sobre una petición que le hizo la hija para que la llevara al cine y no para agredir o herir a la señora [Nombre 001]. También indica que, a pesar de que existen medidas de protección, doña [Nombre 001] lo ha llamado, lo que constituye “una razón de más” para tener claro que él no ha ejercido violencia doméstica en su contra porque, si así fuera, ella no querría ni llamarlo ni tener contacto alguno con él. Dice que a él le resulta estresante y sofocante la insistencia con las llamadas y los mensajes que ella le envía, a pesar de que la hija en común tiene teléfono, así como que estas medidas lo afectan porque podría perder su trabajo. Finalmente dice que no existe ningún tipo de dependencia de la señora [Nombre 001] con respecto a él y que la relación de pareja terminó desde 2017, por lo que no existen factores de riesgo. Pide que “se declare la nulidad absoluta por haberse violentado el debido proceso, respecto a la prueba admitida de dos audios escuchados por la autoridad juzgadora y sin que la parte obligada y la representación los escucharan” y que se declare que él no ha ejercido ningún tipo de violencia en contra de la beneficiaria, así como que se ordene levantar las medidas de protección que se decretaron en su contra.

Se avala la relación de hechos probados que se consignó en el Considerando I de la sentencia de primera instancia.

SOBRE LOS MOTIVOS DE NULIDAD ALEGADOS POR EL RECURRENTE. No se hace lugar a la invocación de nulidad. Esta Cámara ha explicado reiteradamente que en los procesos en los que nuestro ordenamiento permite la participación de las personas sin contar con patrocinio letrado, las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de forma más laxa cuando la parte no es abogada y no tiene asistencia legal, pero que cuando sí es abogada o cuenta con dicha asesoría, la interpretación y la aplicación de esas normas debe hacerse en la forma acostumbrada en todo proceso donde se exija que debe contar con una persona profesional en Derecho. En este caso, las razones de nulidad invocadas en el recurso no se dirigen en contra de la sentencia, sino a cuestiones ocurridas durante la comparecencia, sin que en autos conste que se hubiera manifestado alguna objeción en ese momento. En concreto, el recurrente aduce que el juez escuchó privadamente dos audios, los cuales no puso en conocimiento suyo ni de su abogada, así como que se le rechazó prueba pertinente que él ofreció para demostrar varios aspectos que consideró relevantes. Sin embargo, en el primer aspecto, en el acta de esa comparecencia se consignó que se logró escuchar dos de los cuatro audios aportados por la señora [Nombre 001], en los que se escucha al señor [Nombre 002] diciéndole que le está robando dinero, sin que, como recién se indicó, existiera algún reclamo al respecto. Con relación a lo segundo, la decisión sobre admisión o rechazo de pruebas se debe emitir en la audiencia, de forma oral. La resolución que admite prueba ofrecida por las partes es recurrible mediante revocatoria y la resolución que rechaza prueba, así como la que la ordena de oficio, gozan de los recursos de revocatoria y de apelación. Esos recursos se deben interponer, también oralmente, inmediatamente después de anunciada la decisión. En el caso del recurso vertical, este se admite de forma diferida. (Artículos 99, 100, 101.h.i y 102 del Código Procesal de Familia, aplicable en estos procesos por aplicación de lo establecido en el artículo 19 de la Ley contra la violencia doméstica) En el acta de la comparecencia consta que el señor [Nombre 002] ofreció prueba, pero no consta que él o su abogada hubieran formulado alguna gestión o protesta en ese momento.  En síntesis, las alegaciones de nulidad se refieren a situaciones acontecidas durante la comparecencia, por lo que resultan tardías, ya que debieron ser alegadas en ella. Debe destacarse que el acta fue firmada por don [Nombre 002] y por su abogada Silvia Arias Ugalde sin objeción alguna, con lo cual avalaron lo que en ella se consignó.

SOBRE LOS AGRAVIOS. El recurrente no lleva razón en su reclamo.  El hecho que el juez consideró como demostrado fue que “Que la persona prevenida acepta voluntariamente que manifestó a la hija común de ambos, que su mamá no estaba cumpliendo un trato entre ellos, y le estaba robando dinero a él, que es una mal agradecida y que no la quiere ver ni en pintura” y, en el contexto que el señor [Nombre 002] hizo esas expresiones, esa conducta efectivamente configura violencia doméstica. Al ser este el único hecho que se tuvo por acreditado, el reclamo hecho por el apelante con relación a que él no ha amenazado con quitarle la hija a la madre resulta irrelevante. Ahora bien, la excusa que él alega para justificar lo que sí fue demostrado es que esas expresiones se las dijo a la hija que procrearon en común para darle una explicación acerca de una solicitud que ella le hizo para que la llevara al cine y no para ofender a la madre, pero esta “justificación” es inaceptable porque esto implicaría que un progenitor tiene derecho a proferir insultos y ofensas al otro -e incluso para atribuirle conductas delictivas gratuitamente, como decir que roba- lo cual resulta contrario al derecho que este otro tiene a una vida sin violencia. La aceptación del señor [Nombre 002] en el sentido de que él le hizo esas manifestaciones a la hija común es un claro ejemplo de violencia vicaria, pues el agresor utilizó a una persona descendiente para causar un daño emocional a la víctima, con quien no solo mantuvo una relación sentimental, sino con quien todavía comparte un vínculo como progenitores. Por esta razón, tampoco es de recibo el agravio en el que se expresa que no existe violencia doméstica porque la relación de pareja terminó hace varios años y porque residen en localidades distantes. Por otro lado, tampoco es de recibo el alegato de que no existe violencia doméstica porque la señora [Nombre 001] se ha comunicado con él a pesar de que ya se decretaron medidas de protección a su favor. Como recién se indicó, las partes procrearon una hija y, en tal virtud, están en la obligación de comunicarse. Lo que se ha decretado es una prohibición para que don [Nombre 002] AGREDA a doña [Nombre 001], no para que mantengan comunicación. Además, el hecho de que él se sienta perturbado por estas comunicaciones no es un alegato atendible porque en este proceso lo que se ha juzgado es su conducta como agresor, la cual es muy evidente porque, incluso en la formulación del recurso, reiteró las ofensas en contra de la víctima. Por último, tampoco es atendible el argumento -que en realidad no es de nulidad, sino un agravio- de que él es policía y, por ello, debe usar un arma de fuego, sin que esto sea un riesgo para la víctima, así como que con este proceso su trabajo está en riesgo. Con relación al arma, debe señalarse que no se ha emitido alguna medida de protección en la que se le prohíba utilizarla, y, con relación al riesgo de perder su trabajo, lo que se debe indicar es que las autoridades judiciales competentes en materia de violencia doméstica no tienen injerencia en esa decisión. Su deber consiste en decretar -y, eventualmente, mantener- medidas de protección ante situaciones de violencia doméstica, y esto es lo que se hizo en este caso.POR TANTONO SE HACE LUGAR a la nulidad invocada. SE CONFIRMA la sentencia de primera instancia. MVN6BEMJDP461MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A 6C6Y6TSFJRE61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A 6MAVLMQDPRW61YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 25-001353-0635-VDI Circuito Judicial de San José, Edificio Tribunales, Primer Piso. Teléfonos: 2295-3103, 2295-3108 ó 2295-3113. Fax: 2295-3627. Correo electrónico: tfamilia@poder-judicial.go.cr