Resolución 01359-2011

En esta labor llegaron a investigar qué ocurría con un vehículo que había sido reportado, no se trataba de ningún operativo ni llevaba como objetivo detener a los encartados. Afirma que la policía actuó en forma correcta, puesto que al llegar al sitio en que estaba el vehículo, observaron que este salió rápidamente del lugar lo que provocó la persecución y posterior detención de los ocupantes del vehículo. Fue así como los identifican y, con la autorización del chofer verifican que dentro del automóvil había droga. Señala que no es, sino hasta este momento, que los sospechosos adquieren la calidad de imputados y, cumpliendo con el protocolo en este tipo de casos, proceden a llamar a las autoridades judiciales para que asuman el caso. Desde esta secuencia de acontecimientos, que se han expuesto, concluye que no hubo detención ilegal ni violación alguna al debido proceso. Por otra parte, en relación con el tema del consentimiento informado, afirma que ambos oficiales fueron claros en decir que el conductor del vehículo autorizó la revisión de este y así se documentó. Agrega que la Fuerza Pública sí puede identificar a las personas y, también, hacer los respectivos registros e inspecciones que no impliquen invasión a la esfera de intimidad de la persona. Señala que el agravio fue el haber impedido al Ministerio Público hacer un examen claro y objetivo de la resolución, porque en esta se omitió una debida fundamentación. Solicita se declare con lugar el recurso y se case la sentencia en cuanto a los aspectos impugnados y se ordene el reenvío para nueva sustanciación. Se declara con lugar el recurso. Efectivamente, lleva razón el recurrente en todos los argumentos que ha expuesto y por los cuales la sentencia absolutoria dictada en favor del encartado [Nombre2]. debe ser anulada. Es necesario, sin embargo, hacer una aclaración previa, por razones que este Tribunal no puede cuestionar ni modificar, el recurrente únicamente impugnó la sentencia absolutoria de [Nombre2]. (ver folio 138), no así, respecto a lo resuelto en favor de [Nombre3]. y, aunque la situación es igual para ambos, existe un límite infranqueable que lo impone el agravio del recurrente. Ahora bien, la sentencia contiene varios vicios que obligan a esta anulación y a que se ordene el juicio de reenvío. En primer lugar, tal y como lo indica el Fiscal en su impugnación, no es cierto que los oficiales de la Fuerza Pública, que intervinieron en este caso, hubiesen actuado fuera de la ley o extralimitado en sus funciones. En relación con este tema, uno de los primeros errores de la resolución, es que haya considerado que ellos actuaron ilegalmente porque son órganos de policía preventiva y no represiva. Según el voto de mayoría (ver folio 112), cuando los oficiales [Nombre4]. y [Nombre5]. se presentaron al lugar, porque una llamada a la Central de Radio les hizo saber que había un vehículo estacionado por un largo período y que había una posibilidad que se tratare de un asunto relacionado con drogas, "Tal cumplimiento entonces perdía todo rasgo propio de "función policial preventiva" para, en su lugar, asumir las características inherentes a la "función policial represiva", es decir no a la encaminada a prevenir la delincuencia sino específicamente a reprimirla." Pero de esta conclusión se derivan varios errores: el primero de ellos es que estos oficiales sí llegaron al lugar en cumplimiento de sus funciones de vigilancia para resguardar la seguridad de la ciudadanía en tanto se les había informado, que un vehículo se encontraba estacionado, en forma sospechosa, por mucho tiempo en un mismo sitio. Con esta información es que se presentan al lugar para realizar una simple investigación de rutina, en los términos que le autoriza la Ley General de Policía N° 7410 en su artículo

Esta disposición establece, como sus funciones, lo siguiente: "Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico." Quiere decir que la Fuerza Pública sí tiene competencia, no solo para vigilar y prevenir la delincuencia, sino también, para reprimirla. Es obvio que esto debe ser así porque una interpretación en otro sentido, como la que ha hecho el Tribunal a quo, en su voto de mayoría, llevaría al absurdo de que los oficiales que llegaron al lugar, simplemente, para cumplir un trámite de rutina, pero luego se enteran de que se está desarrollando un hecho delictivo, entonces no pudieran proceder con las diligencias necesarias para impedir mayores consecuencias, además de la dificultad que representaría el tener que esperar a que se hagan presentes otros cuerpos policiales para que estos impidan que siga adelante el hecho delictivo. Precisamente, por esta razón, es que el Código Procesal Penal también les autoriza a cumplir funciones de tipo represivo, así lo indica el artículo 284 al decir: "Actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la policía judicial, pero desde el momento en que esta intervenga, la administrativa será su auxiliar". El error, del voto de mayoría, también se presenta al decir que ante el llamado que recibieron los oficiales, porque había un vehículo sospechoso, entonces ya tenían que saber que era un delito el que se estaba cometiendo. Por el contrario, la misma resolución detalla que los oficiales llegaron al sitio tan solo porque había una sospecha de un hecho irregular (ver folio 112) y aunque ellos podían pensar que se trataba de un evento relacionado con drogas, no era sino hasta que llegaran a investigar que se podía saber cuál era la situación. Desde esta perspectiva, efectivamente, también es un error de apreciación el decir que los oficiales llegaron al sitio a sabiendas de que se estaba cometiendo un delito. Ahora bien, si la policía llegó a cumplir su deber de vigilancia y en esta función sucede que los ocupantes del vehículo, lejos de colaborar con ellos, se dan a la fuga a toda velocidad (ver folio 103) es obvio que les correspondía hacer el seguimiento para establecer por qué salieron huyendo, véase que, hasta este momento, tampoco podían tener claro qué era lo que estaba ocurriendo y sería un absurdo que para todo tipo de situación tuvieran que estar obligados a llamar a la policía judicial. Incluso, el oficial [Nombre5]. expresamente indicó que no fue sino hasta que lograron detener el vehículo con sus ocupantes, que pudo verificar sus sospechas de que se trataba de un ilícito por drogas (ver folio 101) por lo que deciden detener a los sospechosos y, a su vez, llaman a la Policía de Control de Drogas (PCD) para que hiciera las indagaciones del caso y continuaran con las diligencias respectivas. Tanto fue así que precisamente fue este cuerpo policial el que confeccionó la documentación respectiva (ver folios 8, 10 y 11). Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta en la sentencia la que, incluso, tuvo por demostrados todos los hechos que fueron acusados (ver folios 83 vuelto y 84) circunstancia que también representa un defecto, puesto que si fuera cierto que la prueba era ilícita, en los términos que lo consideró el voto de mayoría, tampoco se habría podido utilizar para tener por acreditado todo lo que se acusó. En la secuencia de errores que se presentaron en la sentencia recurrida, resulta que también interpretaron mal la normativa relacionada con el registro de vehículos, artículo 190 del Código de cita. En ese sentido, resulta que sí habían elementos suficientes para presumir que en el vehículo se ocultaban objetos relacionados con un delito, la experiencia y la lógica indican que no se podía interpretar de otra forma el hecho de que el chofer del vehículo se hubiera dado a la fuga a toda velocidad, cuando observó que se le acercaban los oficiales de policía. Por otra parte, los oficiales les indicaron a los sujetos, luego de detenerlos, que les permitieran observar el vehículo, sus ocupantes les autorizan a hacerlo (ver folio 113) y sin mayor dificultad ni una revisión muy profunda, logran encontrar, debajo del asiento del ocupante y en el asiento de atrás, una bolsa o paquete con un polvo blanco, es más, ni siquiera sacaron del vehículo esta evidencia, sino que cumplieron con el protocolo correspondiente, de llamar a la Policía de Control de Drogas, además, esposan a los imputados y les informan por qué les detienen (ver folio 118 frente y vuelto). Aunque los oficiales de policía no hubiesen advertido a los detenidos que tenían derecho a abstenerse de declarar, o les hubiesen increpado respecto a la evidencia que encontraron, tal proceder no tenía por qué afectar la validez de la actuación policial, menos aun el decomiso de la droga. Esto es así, porque la razón para detenerlos sí fue válida. Véase que la policía, en una función meramente de vigilancia, llega al sitio que les reportaron que había un vehículo aparcado en forma sospechosa porque tenía mucho tiempo en el mismo lugar, al llegar el vehículo es puesto en marcha y, en forma intempestiva y veloz, procura huir del sitio sin acatar la orden de la policía para detenerse. Este comportamiento autorizaba a que la policía no solo los detuviera sino que, además, revisara el vehículo. No toma en cuenta el Tribunal, que los detenidos no hicieron ninguna manifestación que los comprometiera, de modo que  aun cuando la policía no les hubiera hecho la prevención respectiva, no por esto se tornaba en ilícita su actuación, menos aun el decomiso de la droga. Véase que el voto de mayoría ni siquiera explica qué fue lo que los detenidos habrían dicho para que se vulnerara su derecho de abstención, tampoco tomaron en cuenta que las sustancias prohibidas igual se iban a localizar cuando se hiciera presente la Policía de Control de Drogas o, incluso, la Policía Judicial si se le hubiera llamado. Para esto, el vehículo estaba ya detenido y bajo resguardo y vigilancia policial de manera que iba a resultar un hallazgo inevitable por la actuación sospechosa de los imputados y el haberse dado a la fuga que permitía que los oficiales de la Fuerza Pública intervinieran de la manera que lo hicieron. En consecuencia, ninguna de todas las apreciaciones del voto de mayoría fue correcta, ni desde el punto de vista jurídico ni lógico, por lo que se debe declarar con lugar el recurso y anular parcialmente la sentencia, únicamente, en cuanto a la absolutoria que se dictó en favor de [Nombre2].. Sobre este extremo, se debe ordenar el juicio de reenvío para nueva sustanciación. La absolutoria de [Nombre3]. permanece incólume porque el  Ministerio Público no la recurrió.”