Resolución 01261-2011

“III.- […]Bajo esa óptica, los fundamentos para estimar que el monto de la sanción es proporcional son, por una parte, el tipo de delitos, y por otra, la pena de prisión con que se reprimen esas conductas en la legislación de adultos, por lo que de una operación aritmética concluye el extremo que se estima proporcionado para los imputados, pero desconociendo, también, la influencia que tiene sobre la decisión el delito en estado tentado, aspecto sobre el cual hay una mínima elaboración. Si bien, en materia penal juvenil el principio educativo que lo rige, le da una amplia libertad al juzgador para escoger tanto el tipo de sanción, como también, el plazo por el que opta, es precisamente esta amplitud lo que lo obliga a fundamentar cada extremo de lo que resuelve. No es suficiente decir por qué la sanción debe ser la de internamiento o la libertad asistida, sino que se deben dar las razones para esa elección, pero además, también, debe expresar el juzgador los argumentos que justifican que se dé por un determinado plazo, y que este resulte proporcional y adecuado al nivel de reproche que conlleva la conducta acreditada. No puede dejarse de lado que, en en el proceso penal de adultos, una de las labores más sensibles que deben cumplir los jueces se refiere, precisamente, a decidir cuál monto de prisión imponen entre el extremo mínimo y máximo que preven los diferentes tipos penales del Código Penal, por lo que el hecho de que en el proceso de menores de edad no existan tales extremos de ninguna manera libera la juzgador de ponderar por qué impone un determinado número de años de internamiento u otra sanción, y que no significa, como se hizo en el presente caso, una operación aritmética que más que proporcional, resulta porcentual entre aquellos mínimos y máximos. Este Tribunal, en el voto número [Telf1] de las 15:23 horas del 8 de febrero de 2008 y que, en lo que interesa al tema aquí tratado señaló: "Tratándose de materia penal juvenil, es claro que los criterios para la determinación de la sanción deben ser lo suficientemente amplios para romper con los límites que existen en materia de responsabilidad penal para adultos en el sentido de darle una respuesta individual y particular, según las circunstancias no sólo del hecho que se juzga sino, más aun, de las condiciones personales del joven imputado.  En ese contexto es que debe entenderse el principio de interés superior del menor, que consagra el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, así como la búsqueda de alternativas para la reinserción del mismo a su familia y a la sociedad.  Precisamente, es este marco orientador el que hace una diferencia sustancial respecto de los parámetros para la fijación de la pena en adultos, que se mantiene en límites mínimos y máximos fijos y que de por sí ya implican una valoración previa del legislador respecto a acción que se está reprimiendo.  Lo anterior, sin embargo, no implica que el Juzgador no esté obligado a valorar todos los aspectos relevantes para justificar una sanción determinada.  En concreto, el control de la casación versará, entre otros posibles aspectos, en verificar si los argumentos que se hayan utilizado están acordes o no con ese deber de fundamentación (...) La función del análisis de reprochabilidad en materia penal juvenil no consiste en dar un mensaje de prevención general o especial negativos sino en considerar elementos del caso concreto que permitan un pronóstico favorable a la persona en cuanto a su reinserción social y la oportunidad de alcanzar objetivos provechosos en un contexto de libertad".”