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Tribunal Contencioso Administrativo
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Documento judicial
"VII.- [...] De manera general, debemos señalar que el ejercicio de la potestad disciplinaria del jerarca en las relaciones de empleo público se encuentra sujeto a un factor de temporalidad, luego del cual, tal ejercicio no podrá ser emprendido. Este límite temporal varía según las reglas jurídicas que al respecto disponga cada régimen jurídico de empleo público, no obstante lo cual, se mantienen algunas regulaciones generales, como veremos infra. Este rasgo temporal es un aspecto que diferencia ésta, de otras potestades públicas que, per se, se consideran imprescriptibles -como por ejemplo, la referida a la tutela de bienes demaniales-, quizás precisamente por constituir una de las manifestaciones del poder sancionador de la Administración (ius puniendi). Esta variedad en el marco normativo, se debe a que la determinación jurídica de esta limitación temporal de la potestad disciplinaria, es un asunto librado a la discrecionalidad del legislador, quien ha establecido en cada régimen jurídico reglas particulares, sea sujetando ésta a un régimen de prescripción o uno de caducidad. Con todo, el principal instrumento por el cual se ha decantado nuestra legislación en materia de empleo público ha sido el de la prescripción negativa, que de esta manera bien puede ser alegada como causal de nulidad del acto final sancionatorio, porque impide el ejercicio de la competencia en el caso concreto, aún y cuando esa defensa no hubiere sido ejercitada de previo a la emisión de la voluntad pública. Asimismo, tratándose de actuaciones de la Administración Pública en procedimientos administrativos sancionatorios, resulta fundamental lo estatuido por el ordinal 329.3 de la LGAP que señala: “(…)
El acto final recaído fuera del plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley (…)”; de suerte que cuando una disposición legal fije la pérdida o preclusión del ejercicio de la competencia por el paso del tiempo, el acto que hubiese dictado extemporáneamente no puede ser tenido como válido, por la desaparición de ese elemento constitutivo. De esta manera, con la pérdida del presupuesto temporal como requisito para el ejercicio de la potestad disciplinaria, el órgano público estaría impedido para actuar en el caso concreto y por ende, el acto sancionatorio sería absolutamente nulo. Ahora bien, el fenecimiento de la potestad sancionatoria por prescripción, supone la valoración de cuatro factores concurrentes, a saber: a) La inercia del titular de un derecho en su ejercicio. b) El transcurso del tiempo fijado por el ordenamiento jurídico en esa inercia del titular. c) La alegación o excepción del sujeto pasivo de la relación jurídica. d) La concurrencia o no de hipótesis de suspensión o interrupción del plazo. Por otra parte, también debemos indicar que tratándose de la potestad disciplinaria en materia de empleo público, nuestro ordenamiento ha dispuesto que la extinción o fenecimiento del presupuesto temporal de ésta puede acontecer en diversos momentos o etapas del procedimiento. Así se deriva y se puede apreciar en diferentes normativas, incluso en el marco jurídico general dispuesto en el Código de Trabajo (en adelante CT), específicamente en el artículo 603 vigente al momento de los hechos que aquí se analizan o en los numerales 414 y 415, vigentes a partir de la reforma operada por Ley N° 9343; esto a falta de norma administrativa que en iguales términos generales regule la prescripción en las relaciones de empleo público [...]".