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Tribunal Contencioso Administrativo
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Documento judicial
"VII.- [...] Ahora bien, aunque sobre la apreciación del daño moral subjetivo también ha sido conteste la jurisprudencia patria al señalar que el mismo opera in re ipsa o en sí mismo, dado que para tener configurado un perjuicio espiritual, no resulta necesario probar el sufrimiento o depresión exteriorizados hacia terceros, quedando por ende su valoración al prudente arbitrio de la autoridad judicial, no debe olvidarse que para los efectos de establecer la procedencia o no de una indemnización pecuniaria por tal concepto, al igual que ante cualquier reclamo patrimonial que se le solicite a la Administración Pública, debe verificarse primero la existencia del nexo causal entre la conducta administrativa -activa u omisiva- y el daño reclamado. En ese sentido, la relación de causalidad refiere al ligamen que se produce entre dos diversos fenómenos, por virtud del cual uno asume la figura de efecto jurídico con respecto al otro, lo que implica entonces la existencia de una relación de causa a efecto entre el hecho -acción u omisión- que se imputa a la Administración y el daño producido, como condición indispensable para que pueda atribuirse a la entidad pública el deber de resarcir tal daño y siempre y cuando no existan factores que rompan ese nexo de causalidad, es decir, hechos que hayan tenido la virtud de suprimir el vínculo entre uno y otro, como son los llamados eximentes de responsabilidad, sea la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un
Por consiguiente, la demostración del daño y su nexo causal, resultan ineludibles en la dinámica del régimen objetivo de responsabilidad administrativa; ergo, si no llegan a acreditarse, no podrían ser objeto de reparación. Precisamente por esa circunstancia, y con el fin de prevenir cualquier enriquecimiento sin causa de la supuesta víctima, es que el nexo causal constituye un requisito sine qua non para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial, vinculación que se torna impostergable para efectuar el juicio de imputabilidad y para establecer la relación existente entre la lesión sufrida por la persona que se constituye en víctima y el deber de indemnizar a cargo del ente público causante [...]".