Resolución 00028-2025

"V. SOBRE EL CASO CONCRETO [...] el procedimiento administrativo versa sobre una presunta situación de acoso u hostigamiento sexual en perjuicio de una funcionaria de la misma institución en que laboraba el gestionante y culminó con el cese de nombramiento del promovente de esta medida cautelar. Por lo que, en la ponderación respectiva no debe perderse de vista, la obligación del Estado costarricense de garantizar protección a las presuntas víctimas de hostigamiento sexual, garantía reconocida en tratados ratificados por el país como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), instrumentos que confirman el derecho fundamental de las personas a no ser destinatarias de conductas constitutivas de acoso u hostigamiento sexual en ningún contexto en especial laboral o de aprendizaje y constituye una exigencia de los Estados la promulgación de normas jurídicas y la instauración de mecanismos de protección efectivos ante este tipo de conductas, por cuanto pueden producir graves consecuencias en la salud, la autoestima, la estabilidad emocional y el rendimiento de las personas involucradas como sujetos pasivos ante lo cual es necesario resguardar, por su condición de vulnerabilidad a las presuntas víctimas con la finalidad de garantizar una prestación efectiva y eficaz en el servicio público que se brinda en el centro hospitalario. Mientras el acto administrativo cuestionado -referente al cese del nombramiento del aquí actor- no sea declarado nulo se está ante un acto eficaz de la Administración y por tanto, hasta que no se resuelva por el fondo en sentencia debe privar el resguardo del interés público que busca brindar la Administración. Por las anteriores razones, prevalece el interés público sobre el interés particular del actor de reincorporarse a su puesto y la suspensión de los efectos de los actos administrativos peticionados. En consecuencia, al no concurrir los presupuestos legales necesarios, se declara sin lugar la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condenatoria en costas

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