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Tribunal Contencioso Administrativo
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Documento judicial
"VI) DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL REFRENDO CONTRALOR: La Administración Pública en general al igual que las personas físicas o jurídicas; requiere contratar bienes o servicios para el desarrollo de sus competencias y actividades; sin embargo, a diferencia de la regulación del Derecho común, la contratación administrativa, está tutelada a nivel constitucional, y desarrollada por una legislación especial -que regula los diversas formas de contratación- y está resguardada por una serie de principios jurídicos, a efecto de procurar la tutela de los intereses públicos, la hacienda pública, la transparencia, libre participación, entre otros. A NIVEL CONSTITUCIONAL: La Constitución Política en su artículo 182 establece que: . De esta norma se desprende el el procedimiento de licitación constituye el mecanismo de contratación por antonomasia, es decir entre todas las de su clase, la más importante, conocida o característica; sin embargo, como bien determina la norma constitucional, será la ley, la que desarrolle o determine los diversos mecanismos de contratación, como ocurrió en el presente caso; toda vez, que fue por la vía de la -Contratación Directa- que se llevó a cabo la contratación de la empresa actora. DEL REFRENDO CONTRALOR: Establece nuestra Carta Magna en su artículo 184, en lo conducente que: "Son deberes y atribuciones de la Contraloría://
Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; // No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella; // (...)". La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en relación al instituto jurídico del refrendo, ha indicado que: "es un acto de eficacia, consistente en la revisión de los elementos de forma del contrato sometido a dicha valoración, la cual equivale a un visto bueno para que la distribución de derechos y obligaciones emanadas del contrato válido se conforme como una situación de juridicidad objetiva." Así lo ha definido entre otras, en la resolución N° 000600-F-S1-2020 de las diez horas diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinte. Además, el Alto Tribunal precisó en esa resolución en concreto que: "No se trata de un acto de efecto continuado, sino de un acto de control de efecto inmediato, que permite fiscalizar el cumplimiento de requisitos a fin que las partes continúen la contratación. En la especie, dicho acto, como bien lo señala el Tribunal, fue notificado en mayo de 2012, mientras que la demanda fue presentada en 2014, por lo que el plazo de impugnación de un año del mandato 39.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo fue excedido [...]".