Resolución 01722-2025

"XII.- SOBRE EL CASO CONCRETO: [...] tomando en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar, por lo que al no verse demostrado la existencia de un daño grave, y menos actual; no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público. Resulta vital en este aspecto retomar los alegatos de la actora, quien ha sostenido "[...] existen gravísimos daños  para la sociedad costarricense, para el régimen de derecho nacional, para el desarrollo país y particularmente para los fondos públicos administrados por el ICE. Y por el contrario, la incorporación de empresas asiaticas no implica ningún riesgo para la seguridad, pues no existe prueba al respecto [...]", por lo que, a su criterio, no se puede afirmar que existe o se produce una lesión a los intereses públicos con la suspensión reglamentaria que aquí se solicita. No obstante, considera esta juzgadora, que es la misma preocupación que abarca a la parte actora, coadyuvante y terceros interesados, la que obliga al gobierno a utilizar las herramientas pertinentes para procurar un despliegue de la red 5g dentro de lo que a su entender es seguridad para quienes habitan, y harán uso de la red móvil nacional. Dentro de ese marco de implementación, justamente pensando en los consumidores o usuarios, la ciberseguridad resulta vital, pues no es ajeno a la colectividad, los serios problemas que se tuvieron respecto a los ciberataques en distintas instituciones, y que obligan a pensar en reforzar los mecanismos de seguridad, para garantizar una verdadera protección al derecho fundamental de la protección de datos. Adicional a ello, es claro y evidente el rezago que se ha tenido en materia 5g, afectando claramente la competitividad del país a nivel, incluso internacional, pero sobre todo a nivel colectivo, pues a la fecha, la implementación de la red 5g sigue pareciendo lejana; de manera que es imposible para esta juzgadora ponderar su interés individual sobre el colectivo; por lo que , conceder la medida cautelar en los términos planteados, sería hacer totalmente nugatorio para los costarricenses un acceso a la red 5g; y a los esfuerzos que se han venido implementando en materia de ciberseguridad. Siendo así, en el presente caso deberá primar el resguardo del interés colectivo garantizando a la ciudadanía que el uso de la red nacional, no representa un riesgo ni para las instituciones estatales, ni para el manejo de sus datos personales. En consecuencia, no se puede tener por acreditado el presupuesto analizado, y por tal motivo la medida cautelar debe de ser rechazada en los términos pedidos. Por lo que, existiendo la ausencia de dos de los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, no queda más que rechazar la gestión [...]".