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Tribunal Contencioso Administrativo
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Documento judicial
"XII) [...] La cooperativa alega que consecuencia del actuar de la Tesorería Nacional, los asociados no continuaron cancelando los aportes de capital, ni cancelando las cuotas de los créditos obtenidos y que ello le ha provocado pérdidas económicas de gran magnitud, para lo cual aportó certificaciones de contador público en donde se acreditan que las personas asociadas han dejado de pagar las mismas. El
Tribunal, luego de la deliberación correspondiente y de forma unánime, considera que la responsabilidad achacada a la Tesorería Nacional por el incumplimiento del pago de cuotas y los créditos, constituye en realidad una causa de exculpación de responsabilidad atribuida a un tercero y no a la Tesorería Nacional, en sí misma considerada, toda vez, que del propio Estatuto Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L y afines" aportado por la parte actora, en su artículo 14 dispone: "ARTÍCULO 14: Son deberes de las personas asociadas:
Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto Social, reglamentos así como los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración, establecidos de conformidad con las disposiciones legales. //
Estar vigilantes del progreso de la Cooperativa y cuidar de la conservación de sus bienes. (...)
Cumplir puntualmente con los compromisos económicos contraídos con la cooperativa, lo que incluye la cancelación del capital social del 1.5% del salario nominal o pensión, el pago del Fondo Mutual, del Fondo de Desarrollo, del Fondo de Ayuda Social así como la cancelación de las cuotas de amortización e intereses de los préstamos recibidos y el pago de los gastos de servicio por incumplimiento de compromisos y todos los que establezca la Asamblea.// (...)
Los otros deberes que establezca la Ley y el Estatuto. Dicho lo anterior, conforme lo prevé la LGAP, art. 190, que en su párrafo primero indica. "Artículo 190.-//1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.// (...)". En este caso, son los propios asociados, quienes son responsables del daño provocado a la Cooperativa, al no cumplir con sus obligaciones legales. Debe recordarse tal y como ya lo indicó la Sala Constitucional entre ellos en el voto N° 2000-7563 de las 10:40 horas del 25 de agosto de 2000, al indicar: " (...) la deducción en planilla es sólo un mecanismo para el pago, que no altera en nada las condiciones contractuales que sustentan la misma, ni tampoco es la fuente de responsabilidad frente a la entidad financiera que percibe la transferencia por concepto de la deducción, de manera que el no aplicarla no releva en modo alguno al deudor de las obligaciones contractuales que pueda haber adquirido, como pretende sugerirlo con su razonamiento la parte recurrente. El hecho de que no se aplique por cualquier circunstancia una determinada deducción, no incide sobre los términos de responsabilidad contractual que puedan obligar al trabajador, quien puede disponer como a bien tenga de su salario una vez que lo ha recibido...”. Dicho lo anterior, es claro que no se le podría endilgar a la Tesorería Nacional, en todo caso el incumplimiento contractual de los asociados al no cancelar sus obligaciones; motivo por el cual se rechaza el reclamo de daños y perjuicios; toda vez que éstos siguen la suerte del principal y al no haberse otorgado el principal, los intereses deben rechazarse, así como la indexación. Sin embargo, para mayor claridad se abordará cada pretensión a continuación, sin perjuicio de lo ya indicado. Por otra parte, esta Cámara desea señalar que la parte únicamente impugnó la circular y no las actas de inspección elaboradas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [...]".