Resolución 09490-2024

"VI. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: [...] No considera esta Cámara que en el particular se dé una situación donde la DGA cambie el criterio establecido por el Ministerio de cita en cuanto a la clasificación de una sustancia como medicamento para efectos de resguardar la salud de los costarricenses, dado que se trata del ejercicio de potestades públicas de diferente naturaleza y cuyo fundamento legal aclara en qué consiste una y otra y los límites de éstas. Para efectos arancelarios (sea lo relacionado al pago de tributos por el transporte, ingreso o egreso de mercancías al país), la competente para ejercicio, clasificación y control es la DGA, como parte del Sistema Aduanero Nacional. Finalmente, debe decirse que el artículo 252 bis de la Ley General de Aduanas citado por la empresa actora, dispone que “podrán servir” los criterios proporcionados por otras autoridades, siendo que no constituye una situación obligatoria para determinar el valor en aduana de una mercadería importada. Ahora bien, en cuanto al tema de la destrucción de las muestras y la eventual violación al debido proceso y al derecho de defensa que alega la parte actora, debe indicarse que no se comparte lo argumentado. Si bien es cierto existe una disposición legal que obliga a la administración pública a resguardar el expediente administrativo que eventualmente puede ser de interés para las partes en procesos judiciales u otros en sede administrativa, lo cierto del caso es que en el caso de interés existen normas legales que regulan ese aspecto. El artículo 97 de la Ley General de Aduanas indica que “La autoridad aduanera podrá extraer muestras de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por la Dirección General de Aduanas. Cualquier muestra extraída por la autoridad aduanera constituirá muestra certificada para todos los efectos legales. El acto de extracción deberá consignarse en la declaración o en el medio que se establezca. La muestra será devuelta al interesado sin menoscabo de ella, salvo en lo resultante del análisis a que fuera sometida. El valor de las muestras destruidas en el proceso de examen se deducirá de la base imponible de la obligación tributaria aduanera resultante. La autoridad aduanera mantendrá la muestra en su poder por el plazo necesario para realizar su análisis. La muestra se considerará en abandono en el plazo de un mes a partir de que se comunique al interesado que está a su disposición, en caso de que no sea retirada, previo pago de los tributos correspondientes según el estado en que se encuentre.” (El resaltado no es del original). De dicha norma se extraen varias situaciones de relevancia para lo discutido: la muestra que se extrae es certificada para efectos legales, debe consignarse en un acta, debe ser devuelta al interesado, salvo en la proporción que se use en su análisis y conservarse por el plazo necesario para su estudio. En el caso particular según se desprende del estudio de los cuatro expedientes administrativos, en fechas 24 de julio del 2015 y 28 de agosto del 2017, se retiraron las muestras por parte de los funcionarios aduaneros con la participación de empleados de la CCSS (dado que ahí se encontraba el producto) y de la empresa investigada, se dejó constancia de ello en dos actas de esas fechas, siendo que no consta que las personas firmantes del acta mencionaran ninguna irregularidad en ese proceso. Posteriormente, se emiten los informes de laboratorio N° 2682-2015 y 1916-2017, donde se indicó expresamente: “Muestra destruida durante el proceso de a análisis”. De lo cual se concluye que en el caso en estudio se cumplió el supuesto normativo antes citado, dado que se retiró la muestra y se confeccionó el acta correspondiente, siendo que finalmente, no cabía devolver el líquido, dado que quedó consignado en los informes que fue destruido en el proceso de análisis, es decir, no puede devolverse un objeto inexistente. Nótese que, en todo caso, una norma específica como lo es el artículo de cita de la Ley General de Aduanas dispone que el plazo que debe conservarse la muestra es el necesario para hacer el estudio y que el numeral 30 inciso a) que señala la parte actora se refiere a documentos e información, no a muestras, por lo cual no es aplicable al supuesto de cita. Así las cosas, este argumento debe rechazarse, debido a que no se actuó de forma contraria a derecho, y por ende, no existe ninguna violación del procedimiento que haya comprometido el debido derecho o el derecho de defensa de la parte actora, quien, en todo caso, no expresa de forma concreta cuál fue la afectación que sufrió debido a lo cuestionado [...]".