Resolución 00079-2014

“V. Sobre la competencia de la Dirección General de Migración ante el dictado de un impedimento de salida del país extendido por orden judicial: De acuerdo con la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 170 del 1º de septiembre de 2009, que comenzó a regir a partir del 1º de marzo de 2010, forman parte de las funciones de la Dirección General de Migración y Extranjería el autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de las personas extranjeras y nacionales al país, siendo dicha ley la que definirá los controles relativos al ingreso de las personas costarricenses y extranjeras al territorio de la República, y el egreso de él, así como la permanencia de las personas extranjeras en el país, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y los acuerdos de integración debidamente aprobados. El artículo 12 precisa que la Dirección General de Migración y Extranjería es un órgano del Ministerio de Gobernación y Policía, ejecutor de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, con las competencias y funciones que le señalan la Ley de cita y su Reglamento. Justamente, de interés es precisar que el ordinal 13, establece en su inciso 9, que le autoriza a la Dirección General de Migración y Extranjería el impedir el ingreso y egreso de extranjeros o el egreso de nacionales cuando exista algún impedimento o incumplan los requisitos establecidos al efecto por la legislación vigente. Para el cumplimiento de sus fines, se crea la Policía de Migración y Extranjería que es el cuerpo policial especializado de la fuerza pública, adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, competente para controlar y vigilar el ingreso y el egreso de personas al territorio nacional, así como la permanencia y las actividades de las personas extranjeras, según las disposiciones que fije la ley y su Reglamento.  Entre las funciones que enumera la ley, se encuentra el realizar control migratorio durante el ingreso de personas al territorio nacional y su egreso de él, así como sobre las actividades de las personas extranjeras, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal así como solicitar documentos de identificación de las personas, para determinar su condición migratoria. Por su parte, el Reglamento de Control Migratorio, Nº 36769-G, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 26 de setiembre del 2011, particulariza las funciones de la Dirección de Migración y establece en su artículo 8 que la Policía Profesional de Migración en el ejercicio de sus funciones deberá velar por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley y el presente Reglamento, ostentando jurisdicción en todo el país, fe pública para efectos de notificaciones, citaciones y confección de actas, y estarán habilitados para el ejercicio de sus labores las veinticuatro horas del día. En dicho cuerpo normativo, se indica que para efectos de individualizar y registrar a la persona, la orden de impedimento deberá contener los siguientes requisitos:  a. Nombre de la persona, b. Nacionalidad, c. El tipo y número de su documento de identificación, d. Fecha y lugar de nacimiento, e. Nombre de los padres y f) Motivo del impedimento. El artículo 37 del cuerpo normativo de estudio es claro al indicar que el levantamiento de la restricción de salida o entrada se hará únicamente cuando medie una orden por escrito de la autoridad competente que la ordenó, o se cumpla con el plazo de vigencia de la sanción, cuando se trata de personas deportadas, advirtiendo además el numeral 38 y 56 que la Dirección General bajo ninguna circunstancia levantará impedimentos de salida del país sin la referida orden de levantamiento y que no podrá egresar del país, la persona que se encuentre impedida para ello en virtud de orden judicial. Para esos efectos, la Dirección General llevará un registro de impedimentos de egreso del país, según lo establecido por el artículo 40 de la Ley. Cabe advertir, que la Ley de Migración y  Extranjería establece las condiciones bajo las cuales la Dirección de Migración puede emitir un impedimento de salida, competencia que no excluye que un impedimento de salida pueda ser impuesto por otras autoridades, entre ellas las judiciales y esté fundado en otros motivos distintos a los migratorios […].”