Resolución 00042-2014

El artículo 152 de la de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331, vigente al momento de que el actor presentó la impugnación a la boleta de citación número 2-2012-235000034 (6 de enero del 2012), regulaba en su numeral 153, el trámite de impugnación, al indicar:"ARTÍCULO 153.- Recibido el recurso por la Unidad de Impugnación de Boletas de Citación del COSEVI, de inmediato se solicitará la documentación original y, una vez recibida, procederá a levantar la información sumaria correspondiente; en caso de no haber ofrecido prueba testimonial que evacuar o si se trata de asuntos de naturaleza documental, se resolverá en un plazo de diez (10) días hábiles como máximo. De haberse ofrecido prueba testimonial o documental, se señalará audiencia para su evacuación. La prueba superabundante o impertinente deberá ser rechazada mediante resolución razonada, y será comunicada, al interesado, en el lugar señalado para oír notificaciones. La audiencia se programará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, una vez que se encuentre listo el expediente para ser resuelto; pero no podrá ser realizada más allá de los seis (6) meses de la fecha de recibo del recurso. Para el desarrollo de la audiencia, se aplicarán los procedimientos establecidos en la Ley general de la Administración Pública , el Código Procesal Contencioso Administrativo, la presente Ley y el Código Procesal Penal, en lo conducente a materia de contravenciones.La resolución de fondo del asunto, dictada por la Unidad de Impugnación de Boletas de Citación del Cosevi, pondrá fin al procedimiento administrativo y se ejecutará de inmediato."Esta norma viene a regular un procedimiento administrativo de naturaleza sumaria, el cual tenía las siguientes particularidades: Primera: El recurrente de una boleta de citación podía impugnar la misma, presentando junto con su escrito de apelación, toda la prueba de descargo, sea documental y testimonial, de conformidad con lo regulado en el artículo 152 de la citada legislación de tránsito. Esto significa, que sólo al iniciar el procedimiento, el inconforme podía aportar y solicitar la prueba de descargo que considerara necesaria para sustentar su recurso; Segunda: La audiencia oral, sólo se realizaba, si existía prueba testimonial que evacuar. La misma no era necesaria efectuarla en los casos en que la única prueba era la documental, o cuando la Unidad de Impugnaciones, estimaba que la prueba testimonial o documental, era superabundante o impertinente. En este último caso, debía la Unidad de Impugnaciones, rechazar la prueba superabundante o impertinente, mediante una resolución razonada en la cual se justificaran las razones del porqué no se evacuarían las probanzas. Es evidente que en el procedimiento regulado en aquel entonces, existía discrecionalidad por parte de la Unidad de Impugnaciones del CONAVI, para realizar o no la audiencia oral, regulada en la Ley General de la Administración Pública; Tercera: No se regulaba una segunda instancia. Es decir, lo resuelto por la Unidad de Impugnaciones, carecía de recursos, tanto el de revocatoria y apelación. Todos estos aspectos del procedimiento administrativo sumario de impugnación de boletas de citación en materia de tránsito, que estuvo vigente al momento de que el accionante impugnó la boleta de citación número 2-2012-235000034, fue aplicado correctamente por el COSEVI, como a continuación se expone;

Respecto al alegato del demandante, de que se le violó el debido proceso, por no evacuarse la prueba testimonial que ofreció en su escrito de impugnación, este Tribunal tiene por demostrado que, efectivamente, el  6 de enero del 2012, el actor presentó ante la Unidad de Impugnaciones del Consejo de Seguridad Vial, apelación de la boleta de citación número 2-2012-235000034, ofreciendo dos testigos para demostrar sus alegaciones. Sin embargo, también se tiene por acreditado que el 1° de junio del 2012, se emitió la Resolución N° 2012-01-652, por parte del Consejo de Seguridad Vial, Unidad de Impugnaciones de Boletas de Citación, en la cual se le resolvió al accionante su apelación a la boleta de citación N° 2012-235000034, que en lo pertinente indicó: "El señor Nombre53762  ofreció como prueba de descargo el testimonio de Nombre40392  y Nombre40393 , de quienes prescinde esta Autoridad por considerarlos impertinentes, por cuanto éstos únicamente vendrían a confirmar lo que ya de por sí resultó CONFESO , siendo innecesario convocar a una audiencia cuando ya el mismo impugnante ha confirmado la conducta consignada en la boleta de citación. En razón de lo anterior, ante la falta de pruebas relevantes que desvirtúen la boleta de citación recurrida, esta Unidad, con fundamento en el principio de legalidad y reglas de la sana crítica, declara sin lugar la disconformidad presentada y confirma la boleta y multa impuesta."Nótese, que la Unidad de Impugnaciones aplicó adecuadamente lo regulado en el artículo 153 de la Ley de Tránsito vigente en ese entonces, ya que en la resolución citada, indicó las razones del porqué no se recibiría la prueba testimonial ofrecida por el actor. Es decir, rechazó la prueba testimonial mediante resolución razonada. Además, este Tribunal estima que la declaración de los dos testigos propuestos por el actor en la sede administrativa, no hubiesen cambiado en nada lo resuelto por la Unidad de Impugnaciones del COSEVI, debido a que efectivamente el actor siembre aceptó que el día que se le impuso la infracción, no portaba el casco de seguridad. Asimismo, estos dos testigos también fueron propuestos en esta instancia judicial y el mismo demandante no los presentó el día del juicio, por lo que la falta de declaración de estos dos testigos no constituyó violación al debido proceso;

El accionante alega que la notificación de la Resolución N° 2012-01-652, fue mal efectuada y por ello se violó el debido proceso. En ese sentido, se tiene por demostrado que el 11 de junio del 2012, el actor solicitó ante la Unidad de Impugnaciones del Consejo de Seguridad Vial, reconsiderar lo resuelto en la Resolución N° 2012-01-652, alegando haber sido mal notificado, así como que el automotor estaba en mal estado y no cumplía con el objetivo de ser un medio de transporte, por lo que no se podía tener control mecánico del mismo. Ahora bien, se tiene por acreditado que el 11 de julio del 2012, la Unidad de Impugnaciones del Consejo de Seguridad Vial, resolvió la reconsideración presentada por el accionante a lo resuelto por ese mismo órgano por medio de la resolución N° 2012-01-652. En lo pertinente se le indicó que las impugnaciones de boletas de citación no tienen recurso ulterior, que no se le causó indefensión o perjuicio respecto a la forma que fue notificado. Justamente, este Tribunal no aprecia que la resolución N° 2012-01-652, le haya sido mal notificada al demandante, debido a dos razones: Primera: El accionante no demuestra en qué consistió esa mala notificación. Incluso, su alegato en este tema es muy vago e impreciso. Con sólo esto la tesis de una notificación mal efectuada debe rechazarse por la falta de sustentación de su argumento; Segunda: Como se puede apreciar el 11 de julio del 2012, la Unidad de Impugnaciones del Consejo de Seguridad Vial, resolvió la reconsideración presentada por el accionante. Esto significa que fue debidamente comunicado de la resolución N° 2012-01-652, ya que presentó una reconsideración, la cual le fue debidamente resuelta por dicho órgano administrativo. Por ello se aplica a esta situación lo estipulado en el artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales, que establece el principio de si el afectado por una falta de notificación o una recibida de manera irregular, se apersone al proceso requiriendo cualquier gestión, la notificación defectuosa se tendrá por bien realizada. Asimismo, no se le causó indefensión al demandante, en vista de que pudo objetar el contenido de la resolución N° 2012-01-652;

El accionante también viene alegando que se le violó el debido proceso, debido a que la Unidad de Impugnaciones le declaró como prueba extemporánea la copia de la factura número 1427. Ahora bien, considera este Tribunal que ese argumento es improcedente por las siguientes razones: Primera: El numeral 152 de la Ley de Tránsito vigente en aquel momento, establecía en su párrafo tercero, lo siguiente: "El supuesto infractor deberá indicar en su recurso, los motivos de este, así como la prueba de descargo que estime oportuna."; esto significa que el momento procesal oportuno para que el recurrente de una boleta de citación aportase su prueba de descargo, era, únicamente, cuando presentaba su recurso ante la Unidad de Impugnaciones del COSEVI. Precisamente, se tiene por demostrado que el actor presentó su recurso impugnando la boleta de citación número 2-2012-235000034, el 6 de enero del 2012, ofreciendo, únicamente, como prueba de descargo, dos testigos. Véase que la factura número 1427, no fue aportada en el momento procesal establecido en el artículo 152 citado, por lo que, efectivamente, es prueba extemporánea;

Lo anterior fue lo que de manera acertada aplicó la Unidad de Impugnaciones, esto porque se tiene como un hecho probado que el 13 de agosto del 2012, el actor presentó ante la Unidad de Impugnaciones del Consejo de Seguridad Vial, una nota en la cual aportó la copia de la factura número 1427 del 7 de enero del 2012, solicitando que se valorara esa prueba. Ahora bien, el 10 de octubre del 2012, mediante oficio número 293-UISJ-2012, la Unidad de Impugnaciones de San José, le respondió al actor la nota anteriormente indicada, señalándole que ese no era el momento procesal oportuno para incluir pruebas en el expediente administrativo. Por lo tanto, la copia de la factura número 1427, efectivamente era prueba extemporánea, por lo que no existió la violación al debido proceso alegada por el demandante. En resumen, el procedimiento administrativo sumario que tramitó la Unidad de Impugnaciones de Boletas de Citación de San José del CONAVI, al recurso interpuesto por el actor en contra de la boleta de citación número 2-2012-235000034, se ajustó a derecho. En consecuencia se declara sin lugar la demanda […].”