Resolución 00047-2013

Como primera razón para rechazar la apelación de los recurrentes se encuentra que la misma viola lo dispuesto en el artículo 574 del Código Procesal Civil, ya que los alegatos que vienen en el escrito de apelación son argumentos de inconformidad con lo resuelto en la sentencia recurrida. Es decir, los apelantes no vienen atacando la sentencia impugnada, en aspectos como indebida valoración de pruebas, equivocaciones del Juzgador de instancia respecto a hechos o argumentaciones jurídicas, esto conlleva a determinar que en la apelación de los recurrentes no se vienen realizando verdaderos agravios técnicos, sino que se trata nuevamente de discutir aspectos que ya fueron adecuadamente resueltos por el órgano de instancia en la sentencia que se recurre. Justamente, se le debe recordar a los apelantes que la segunda instancia es revisora de lo resuelto en la primera instancia y no se encuentra diseñada para reabrir el debate sobre temas que ya fueron resueltos. Pese a lo indicado, este

Tribunal a efectos de resolver adecuadamente los alegatos de los recurrentes procederá a analizar cada uno de los mismos, ya que en buena técnica no son agravios dirigidos a atacar una sentencia;

Respecto al argumento de que los actores fueron mal destituidos, ya que su período de nombramiento había cesado antes del acto de destitución emitido por el Órgano Contralor, es un tema que si fue adecuadamente resuelto por el Juez de instancia en la sentencia recurrida, al señalar: "Ciertamente, una vez dictada y notificada la resolución administrativa número PA-016-2002 de la División de Asesoría y Gestión Jurídica, de las diez horas del cinco de setiembre de dos mil dos, en la cual entre otras se recomendaba, con carácter vinculante, la destitución de los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ya éstos habían dejado de pertenecer a dicho órgano colegiado, por cumplimiento del plazo de su nombramiento, de tal suerte, que el acto administrativo en ese aspecto, era ineficaz por imposibilidad de su cometido, pero no nulo. En efecto, como se ha analizado en esta resolución, los actores, miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, y en ese tanto, funcionarios públicos, se encontraban sometidos a las facultades de control y fiscalización superior de la Contraloría General de la República. Durante el ejercicio de sus cargos, dictaron actos contrarios a sus deberes y responsabilidades en el correcto uso y disposición de fondos públicos, en detrimento de la Hacienda Pública. Ello originó que la Contraloría General de la República, en uso de las competencias y atribuciones que le confiere, no solo la Constitución Política, sino también su propia ley orgánica, iniciara un procedimiento administrativo en contra de los actores, a fin de determinar, entre otros, su responsabilidad en los actos que reprochaba como contrarios al orden jurídico y determinar las consecuencias de su conducta. Ello implica que el motivo del acto administrativo, en cuanto constituye el supuesto o el hecho condicionante de la emisión de un acto administrativo, o en otros términos, la razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión, que bien puede consistir en un acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica, se constituya, en el caso que nos ocupa, en la comisión de una falta por parte de los miembros de la junta directiva, funcionarios públicos, cuyo contenido, es decir la parte dispositiva del acto, se materializa en la imposición de una sanción y la determinación de su responsabilidad civil. En ese sentido, el motivo fue debidamente configurado, acreditado y demostrado por la Administración -Contraloría General- en el procedimiento administrativo, identificó a los autores de la conducta reprochada y determinó y deslindó adecuadamente sus responsabilidades en la emisión de los actos administrativos que dieron origen al procedimiento, sin embargo, al establecer las sanciones la destitución de los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, no fue posible ejecutarla, puesto que ya habían cesado en sus nombramientos, pero ello no implica per se, que el acto administrativo sea nulo por esa razón, a lo sumo se torna en ineficaz, pero los demás aspectos dispositivos del acto se mantienen y surgen sus efectos, cual es la determinación de la responsabilidad civil de los actores, que no desaparece por haber dejado de ser funcionarios públicos, ya que deberán responder por su gestión.". Nótese, que el Juez de instancia analiza detalladamente el hecho de que el acto de destitución emitido por el Órgano Contralor, es un acto administrativo válido y dimensiona su eficacia al señalar que en lo que respecta a la destitución misma el acto es ineficaz pero válido y posteriormente, indica que mantiene eficacia en cuanto a la responsabilidad civil de los exdirectivos y exgerente destituidos. Estima este Tribunal que los apelantes no tienen razón al alegar que este tema no fue tratado por el Juez, ya que con la cita del extracto pertinente de la sentencia recurrida ese argumento deviene en invalido. Ahora bien, los recurrentes aducen que también fueron mal destituidos porque el órgano que los destituyó, una nueva Junta Directiva del Banco Popular, no fue quien los nombró, y que la destitución debió ser efectuada por el órgano que realmente los nombró que fue el Consejo de Gobierno. Este argumento carece de total interés, ya que al haber cumplido el plazo de nombramiento, los actores fueron cesados por ese hecho directamente y no propiamente por el acto del Órgano Contralor que recomendaba su destitución, ya que como bien lo apreció el Juez de instancia, en ese tema ese acto quedo ineficaz pero válido y surtió efectos en lo que respecta a la responsabilidad civil. Ello conlleva a señalar que la destitución concreta efectuada por una nueva Junta Directiva del Banco Popular, no invalida el acto de destitución, simplemente lo ejecutó a lo interno del Banco, ya que es un acto del Órgano Contralor vinculante para éste y además no era necesaria la destitución por parte del Consejo de Gobierno, debido a que los actores ya no se encontraban nombrados como parte de la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ahora, respecto a que la destitución lesionó gravemente el honor de los actores por que se generó un escándalo público, es un tema que escapa al control de este Tribunal y que no es motivo de revocatoria de la sentencia apelada. En consecuencia, se rechazan los alegatos analizados;

Respecto al alegato de los actores de que el Juez de instancia no examinó los argumentos jurídicos dados por especialistas en materia contencioso administrativa y laboral contratados por el Banco para dirimir la diferencia de criterio entre el órgano contralor y el Banco con respecto al pago de los derechos laborales de funcionarios que forman parte de la clase gerencial, es un tema adecuadamente resuelto por el órgano de instancia y éste no tenía que venir a analizar criterios jurídicos de ningún tipo, esto por las siguientes razones:

El Juzgador dejó muy claro en la sentencia apelada que los criterios emitidos por la Contraloría General de la República, específicamente el oficio FOE-FEC-105 del 19 de octubre del 2000 del Área de Servicios Financieros, Economía y Comercio, así como 11039 (FOE-FEC-117) del 19 de octubre del 2000 de esa misma área, en lo cuales se señaló con respecto a la aprobación del presupuesto número 3-2000 del Banco Popular, de forma específica de que los puestos gerenciales y de fiscalización superior quedaron excluidos de los beneficios incorporados en las convenciones colectivas y esto era de aplicación obligatoria para el Banco Popular, no fueron impugnados por las autoridades del Banco Popular y por ello no era parte del objeto del proceso. Precisamente, este Tribunal comparte el criterio del Juez de instancia, ya que es evidente que en este caso se trató de determinar si el procedimiento administrativo que culminó con la destitución de la Junta Directiva y el Gerente General del Banco Popular, por aprobar prestaciones laborales a funcionarios de los puestos gerenciales y de fiscalización superior incorporando beneficios de la convención colectiva, estando esto prohibido de manera vinculante por el Órgano Contralor, fue el tema a decidir y la supuestas divergencias de criterio entre el Banco Popular y la Contraloría General de la República, en cuanto a este punto, no era tema a resolver, con más razón de que el Banco Popular no impugnó ese criterio del Órgano Contralor, por lo que venir los actores a este proceso a tratar de debatir sobre un criterio vinculante y firme de la Contraloría General, para tratar de justificar sus actuaciones incorrectas, es un alegato invalido y debe denegarse;

Es inaudito para este Tribunal que las partes de un proceso judicial, pretendan que se analice criterios jurídicos, que en primer termino, en este caso, no eran necesarios porque las supuestas diferencias de criterio entre el Banco Popular y el Órgano Contralor con respecto a la incorporación o no de los beneficios de la convención colectiva a la clase gerencial, no era el objeto del proceso, sino también porque el Juez conoce el derecho y no necesita opiniones jurídicas de terceras personas que no son parte del proceso judicial y de dictámenes que no resultan vinculantes. Por otra parte los apelantes aducen que el Juez de instancia no pudo tener como un hecho no probado las opiniones contradictorias de la Contraloría General de la República, este alegato es improcedente, ya que el órgano de instancia señaló que no estaba demostrado la contradicción de criterios del Órgano Contralor respecto a derechos adquiridos de los funcionarios de la clase gerencial que hicieron carrera al amparo de los beneficios de la convención colectiva, ya que no se aportaron resoluciones u oficios de la misma Contraloría General para cotejar la contradicción. Esto en criterio del Tribunal es correcto, ya que si se alegó este tema los actores debían demostrarlo con criterios del propio Órgano Contralor y no por referencias dadas en opiniones jurídicas independientes. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que este punto al fin de cuentas no es determinante, ya que lo importante en este caso fue el criterio vertido por la Contraloría General de la República directamente dirigido al Banco Popular en los oficios FOE-FEC-105 y 11039 (FOE-FEC-117), mediante los cuales le dejó claro a los directivos y al Gerente General del Banco Popular en ese momento, que era prohibido incorporar los beneficios otorgados por la convención colectiva en el calculo de las prestaciones laborales de la clase gerencial de dicha institución bancaria, si anteriormente el Órgano Contralor dictó otros criterios diversos a ese, no es relevante, ya que cualquier órgano técnico jurídico puede cambiar criterios tanto técnicos como jurídicos, dependiendo de la situación concreta o normas o jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, por lo que lo importante es el criterio dado específicamente al Banco Popular por parte del Órgano Contralor. Además, en este caso no se cuestionó jurisdiccionalmente ese criterio de la Contraloría General, por lo que se insiste, venir ahora a poner en duda el criterio del Órgano Contralor como una forma de justificar el accionar incorrecto de los actores, es un alegato improcedente;

Los accionantes nuevamente vienen alegando en esta apelación aspectos relacionados con la supuesta diferencia de criterio entre el Banco Popular y la Contraloría General de la República, en cuanto a que la clase gerencial no tiene los beneficios de la convención colectiva, por lo que los argumentos de que si un acto administrativo de orden presupuestario del Órgano Contralor puede abolir el derecho de los trabajadores que siempre estuvieron en la convención colectiva, es un tema que no es objeto del proceso y mucho menos de un recurso de apelación. Además, nuevamente se recalca que el criterio de la Contraloría General de la República no fue cuestionado por el Banco Popular y esto fue debidamente analizado en la sentencia que se impugna;

Afirman los actores que la condenatoria en costas debe ser revisada ya que actuaron de buena fe y con motivo suficiente para litigar, debido a que no cometieron delito alguno al haber existido sobreseimiento en la causa penal, así como acordaron el pago de prestaciones a funcionarios que habían laborado toda su vida con el Banco de forma decente y amparados a argumentos muy serios de connotados juristas, por lo que no fue una actuación caprichosa, de mala fe y contraria al ordenamiento jurídico. Estos argumentos estima este Tribunal son completamente improcedentes, ya que en la sentencia que se recurre, quedó adecuadamente acreditado que los actores actuaron en contra del ordenamiento jurídico al no acatar un criterio vinculante de la Contraloría General de la República, y otorgar prestaciones laborales a funcionarios de la clase gerencial del Banco Popular conociendo que era prohibido el reconocimiento de los beneficios de la convención colectiva. Ese actuar no puede ser considerado como buena fe. Tampoco los actores estaban habilitados para otorgar esos beneficios laborales contra el criterio vinculante del Órgano Contralor amparados a criterios jurídicos externos, ya que las opiniones jurídicas son solo eso, opiniones sin transcendencia jurídica, mientras que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el criterio del Órgano Contralor si es vinculante, por lo que no es una actuación de buena fe, ya que si existió un quebranto al ordenamiento jurídico y el pago de costas se encuentra más que justificado. Además, el hecho de que en sede penal hayan sido los accionantes sobreseídos de sanciones penales, esto no significa que su responsabilidad administrativa y patrimonial no exista, ya que son ámbitos de responsabilidad distintas, y precisamente, en esta sede si se determinó un quebranto al ordenamiento jurídico y la responsabilidad administrativa patrimonial como su efecto inmediato, por lo que no se presentan en este caso los supuestos de exoneración en costas establecidos en los artículos 98 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 222 del Código Procesal Civil. Por todo lo expuesto la condenatoria en costas efectuada por el Juez de instancia en la sentencia recurrida debe ser confirmada y rechazados los alegatos de los actores en su recurso de apelación;

Los actores solicitan que este Tribunal analice los expedientes acumulados de forma separada, ya que obedecen a situaciones jurídicas y hechos diferentes, por un lado el caso del Gerente General y por el otro el de los miembros de la Junta Directiva. Ahora bien, este requerimiento es improcedente debido a las siguientes razones: Primera: En este asunto la acumulación de procesos ya se realizó y es una etapa precluida la cual no puede venir a pretenderse en esta instancia dejarla sin efecto; Segunda: El juez de instancia establece y analiza, adecuadamente, en el Considerando VIII de la sentencia recurrida que existe identidad de argumentaciones entre los actores Nombre467  , Nombre35222  , Floria Carboni Monge, Mario Mondol García, Willy Vargas Villalobos, que son exdirectivos, y Renán Murillo Pizarro, que fue el Gerente General del Banco Popular, por ello resuelve uno por uno cada alegato de forma correcta y no nota este órgano colegiado cuales son los argumentos distintos entre el antiguo Gerente General y los exmiembros de la Junta Directiva que amerite un análisis por separado. Asimismo, no se aprecia por parte de este Tribunal qué afectación existió para los apelantes de que el Juez de instancia resolviera de manera conjunta los argumentos del exgerente y los exdirectivos. Además, los apelantes no fundamentan porque los expedientes acumulados obedecieron a situaciones jurídicas y hechos distintos;

Aduce el representante de los actores apelantes, que el exgerente del Banco Popular, Renán Murillo Pizarro, nunca firmó ninguna orden de pago de los derechos laborales de los funcionarios que la Contraloría General determinó eran improcedentes y que esto se demostró en el proceso penal en el cual fue sobreseído. Además, afirman los recurrentes que fue otro funcionario del Banco que firmo los pagos y que este no ha sido procesado. Señalan que el Juez de instancia nunca analizó estos hechos de gran importancia. Ahora bien, este argumento de los apelantes es totalmente improcedente, ya que el señor Murillo Pizarro, fue responsable al igual que los exdirectivos de la Junta Directiva del Banco, por no acatar el criterio vinculante del Órgano Contralor en cuanto a que presupuestariamente no se podía reconocer dentro de las prestaciones legales a los funcionarios del Banco de la clase gerencial, aunque hubiesen hecho carrera al amparo de la convención colectiva, los beneficios de esa convención colectiva, así lo señaló el Juez de instancia al afirmar: "(...) tenemos que ante la presentación de un presupuesto extraordinario que remitió el Banco Popular, por intermedio de su Gerente General al órgano contralor, la Dirección encargada de su estudio, requirió internamente el criterio jurídico de sus asesores, quienes mediante el oficio FOE-FEC-105 del diecinueve de octubre de dos mil, emitió su criterio, el cual sirvió de fundamento para que el Área de Servicios Financieros, Economía y Comercio de la Contraloría General de la República, improbara el incremento propuesto en el gasto por concepto de "prestaciones legales" para aplicarlo a los puestos gerenciales y de fiscalización superior. De tal suerte, que dicho acto, y huelga decir, las razones, fundamentos y motivos que lo originan, son de acatamiento obligatorio para el sujeto pasivo, en este caso, entiéndase el Banco Popular, como institución y específicamente  sus órganos administrativos directamente relacionados con el tema presupuestario, como son la Junta Directiva, su Gerencia General y todos aquellos encargados de su formación y ejecución, en los términos del artículo 4º  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (...)". Nótese, que la responsabilidad del exgerente Murillo Pizarro no fue precisamente por firmar órdenes de pago de los derechos laborales de los funcionarios que el órgano contralor señaló que no podían recibir beneficios laborales de la convención colectiva, sino porque la Gerencia General estaba obligada a acatar el criterio vinculante de la Contraloría General, y no acató ese criterio. Véase incluso, que el oficio número 11039 (FOE-FEC-117) del 19 de octubre del 2000 del Área de Servicios Financieros, Economía y Comercio de la Contraloría General de la República, mediante el cual el Órgano Contralor no aprobó el incremento propuesto en el presupuesto extraordinario Nº 3-2000 en el gasto por concepto de prestaciones legales, para ser aplicado a los puestos gerenciales y de fiscalización superior, según el criterio de la Asesoría legal de la misma Área indicada del Órgano Contralor, oficio FOE-FEC-105 del 19 de octubre del 2000, le fue comunicado directamente al exgerente Murillo Pizarro, teniendo éste funcionario conocimiento de lo indicado por el órgano contralor antes que la misma Junta Directiva del Banco. Por ello es evidente para este órgano jurisdiccional que la responsabilidad de este funcionario fue la falta de acatamiento obligatorio de un criterio vinculante y de carácter presupuestario que el Gerente General conocía y tenía el deber de acatar el mismo y de señalarselo a la Junta Directiva. Precisamente, la sentencia impugnada señaló claramente: "Los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular y el señor Gerente General de ese entonces, don Renán Murillo eran conocedores del criterio de la Contraloría General de la República y pese a ello, aprobaron, dictaron y ejecutaron acuerdos en contra de lo ordenado por la Contraloría General de la República (...)". Es claro que la responsabilidad del exgerente Murillo Pizarro es la misma imputada a los exdirectivos, por eso es improcedente el argumento de que el exgerente no tiene responsabilidad en los hechos por no firmar ordenes de pago, ya que ese aspecto no fue el analizado en la sentencia y tampoco fue por ese hecho que resultó responsable, sino por no obedecer un criterio vinculante del órgano contralor, con conocimiento directo del mismo y con participación en la toma de decisiones contrarias a lo señalado por la Contraloría General de la República. En este mismo sentido, el hecho de que el exgerente haya sido sobreseído en la causa penal, no implica que tenga que ser exonerado en la responsabilidad administrativa, ya que como se indicó anteriormente, los ámbitos de la responsabilidad penal y la administrativa son independientes. Por último, el Juez de instancia, como se nota de las citas señaladas de la sentencia recurrida, si analizó la responsabilidad del exgerente Murillo Pizarro, por lo que es improcedente el alegato de los apelantes de que el órgano de instancia hubiere omitido efectuar ese análisis;

Los actores afirman que si bien es cierto tomaron acuerdos para resolver la petición de los funcionarios que se iban del Banco, los cuales requerían el pago de sus derechos laborales, así como hicieron su carrera en el Banco Popular, estuvieron en la Convención Colectiva y que al final por sus méritos llegaron a ser parte de la clase gerencial, dicho acuerdo nunca dijo que se les pagara, sino que si se lee el texto correctamente y su redacción, ese acuerdo se tomó en el sentido de que se les pagara lo que en derecho les correspondiera. Aseguran que ese acuerdo fue tomado así, porque la Junta Directiva había contratado opiniones especializadas en Derecho Laboral y Administrativo, las cuales decían que era procedente el pago, mientras que la Contraloría objetaba dicho pago, cambiando el Órgano Fiscalizador el criterio que había mantenido tiempo atrás, respecto a situaciones similares. Estiman que por eso los miembros de la Junta Directiva indicaron en su acuerdo que se pagaba si en derecho procedía. Ahora bien, este argumento de los apelantes fue debidamente analizado por el órgano de instancia a señalar: "Efectivamente en el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Banco Popular, artículo 4º de la sesión extraordinaria privada número 3807 del treinta de enero de dos mil uno, al aceptarse la renuncia del puesto del señor Nombre53812 , para efectos del pago de los extremos laborales, se introdujo la expresión "que en derecho corresponda", pero inmediatamente después se consignó la oración "Conforme con los datos que constan en el oficio 117-DH-2001 del Proceso de Desarrollo Humano", que casualmente contenían los cálculos para pagar los extremos laborales conforme con los beneficios de la convención colectiva, por lo que si la intención era que se calcularan los extremos laborales conforme a derecho, la mención a los datos que constan en el oficio 117-DH-2001 del Proceso de Desarrollo Humano, era innecesaria. Es claro y así se desprende de la literalidad del acuerdo tomado, que la voluntad e intención de los miembros de la justa directiva, siempre fue pagar los extremos laborales conforme a los beneficios de la Convención Colectiva, puesto que de no ser así, la Junta Directiva no hubiera procurado obtener pronunciamientos jurídicos y realizar consultas a sus asesores internos como externos, en aras de encontrar respaldo para sus decisiones. Por lo que los órganos administrativos inferiores no hicieron más que cumplir y ejecutar con la voluntad manifestada en el acuerdo de la Junta Directiva, que valga señalar, en todo caso la Junta Directiva autorizó el pago, contrario a las manifestaciones de la parte actora, en el sentido que no era necesario para la Gerencia General o para los otros órganos que ejecutaron el acuerdo, contar con la habilitación conferida, puesto que la literalidad del acuerdo, se contempla la autorización dicha, no siendo dable, suponer, argüir o sostener que fue responsabilidad de aquellos y no de los miembros de la Junta Directiva, la conducta que reprochó la Contraloría General de la República.". Nótese, que el órgano de instancia, realizó un análisis de este tema bien sustentado, que los actores no han podido desvirtuar. Ahora bien, este Tribunal añade a lo ya resuelto por el Juez de instancia, de que los dos acuerdos de la Junta Directiva, tanto en el caso del señor Nombre53812   como del señor Nombre39667  , que aprobaron la renuncia y el pago de los extremos laborales de estos funcionarios, en ambos casos es evidente que la intención de la Junta Directiva era pagarle a estos servidores sus prestaciones legales incluyendo los beneficios estipulados en la convención colectiva, pese a pertenecer los dos a la clase gerencial, contraviendo con ello el criterio vinculante del Órgano Contralor, ya que además de lo observado por el Juez de instancia, también este Tribunal aprecia que en ambos acuerdos la Junta Directiva no fue precisa, clara y transparente de indicar que el pago de las prestaciones laborales de los señalados funcionarios se hicieran con un estudio legal previo y condicionando de forma expresa a la aprobación de las prestaciones legales al cumplimiento de lo indicado por el Órgano Contralor. Véase que los acuerdos se tomaron y se ejecutaron, sin que la Junta Directiva analizara nuevamente el asunto con todos los criterios de los órganos técnicos y legales, que ahora en esta instancia vienen alegando que aparentemente de esa manera fueron aprobadas las prestaciones legales de dichos señores. Considera este órgano colegiado, que ambos acuerdos se tomaron sin estar condicionados a estudios posteriores, así como no se sustentaron en las opiniones jurídicas de connotados especialistas, ya que esto no se aprecia en los mismos acuerdos. Asimismo, esos criterios u opiniones jurídicas en ningún momento tenían la fuerza legal para habilitar a la Junta Directiva a desconocer un criterio vinculante del Órgano Contralor. Se insiste, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece que los criterios emitidos por el Órgano Contralor son vinculantes y su desobediencia acarrea la responsabilidad administrativa correspondiente, como sucedió en este caso. Por lo que es claro que simples opiniones jurídicas no son autorizaciones para que la Junta Directiva del Banco Popular, así como su Gerente General, desconocieran un criterio jurídico vinculante y amparado al ordenamiento jurídico de la Contraloría General de la República. Por ello estos argumentos de los apelantes son improcedentes;

Los recurrentes aducen que los dos expedientes que se acumularon contiene relaciones jurídicas y situaciones especiales que se deben analizar a profundidad por el Tribunal. Ahora bien, aparte de que ese argumento es totalmente ambiguo y no es un agravio técnico, se debe señalar que la acumulación de procesos que se hizo en este asunto es un tema precluido y el análisis el caso de los exdirectores y el exgerente del Banco Popular, son pretensiones similares y que fueron analizadas adecuadamente por el Juez de instancia en la sentencia apelada. Por lo tanto, es improcedente esos ambiguos argumentos de los recurrentes;

Nuevamente se le indica a los apelantes que los acuerdos de la Junta Directiva que aprobaron el pago de prestaciones laborales a dos funcionarios de esa institución bancaria, desobedeciendo abiertamente un criterio vinculante del Órgano Contralor, en el sentido de que los puestos gerenciales y de fiscalización superior quedaron excluidos de los beneficios incorporados en la convención colectiva, es un hecho que en este caso se presentó y que no existe fundamento en sus argumentos de que existieron opiniones jurídicas que habilitaron a la Junta Directiva a contrariar lo dispuesto por la Contraloría General de la República. Asimismo, la responsabilidad del exgerente Murillo Pizarro, fue por desobedecer el criterio vinculante del Órgano Contralor y no por firmar ordenes de pago. Además, los criterios que la Contraloría General de la República haya tenido de casos similares en el pasado, son irrelevantes para este asunto, ya que en los oficios del Área de Servicios Financieros, Economía y Comercio de dicho órgano numeros FOE-FEC-105 y 11039 (FOE-FEC-117), se le señaló de forma específica y para ese momento a las autoridades del Banco Popular, que los puestos gerenciales y de fiscalización superior quedaron excluidos de los beneficios incorporados en la convención colectiva. Este es el criterio que vale para este caso y no los que se hayan dado en el pasado que no están relacionados con este asunto en particular;

Con respecto al alegato de los recurrentes de que existió en este caso buena fe, ya que el tema jurídico es controversial, nuevamente se les señala a éstos, que ese argumento es improcedente, debido a que el criterio del Órgano Contralor de excluir a la clase gerencial de los beneficios que otorga la convención colectiva, incluso en los casos que los funcionarios hayan realizado carrera profesional en el Banco, no es un tema jurídico controversial en este proceso, ya que las autoridades del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, no impugnaron los actos administrativos mediante los cuales el Órgano Contralor estableció ese criterio y además, lo controversial que se aduce de este tema es provocado por los mismos actores, en su intento de desviar la discusión de su responsabilidad bajo el discurso de que lo señalado por la Contraloría General de la República no es correcto, porque los demandantes así lo opinan con base en opiniones jurídicas de especialistas que en su momento fueron contratados por el mismo Banco. Esos argumentos son improcedentes, ya que ha quedado claro en la sentencia que se recurre, que los accionantes desobedecieron, con conocimiento previo, el  criterio obligatorio de la Contraloría General de la República, y que de conformidad con el numeral 29 de la Ley Orgánica del Órgano Contralor, ese criterio es vinculante y su desobediencia acarrear responsabilidad administrativa de los sujetos involucrados. En general, los apelantes, tanto en primera como en esta segunda instancia, no desvirtuaron lo señalado en la sentencia apelada de que desobedecieron un criterio vinculante del Órgano Contralor. En consecuencia, se rechaza el recurso de apelación presentado por los accionantes.”