Resolución 00031-2013

“IV.- Sobre el monto del daño material.- Revisados los agravios de ambas partes sobre este particular, se determina que el reproche de la Aresep debe ser denegado. La actora lleva razón con los suyos, sin embargo, no procede modificar lo declarado por la Jueza de instancia en la parte dispositiva de su sentencia, por las siguientes razones. Los fundamentos dados por la señora Juzgadora no son compartidos por esta Cámara, dado que la fijación tarifaria nacional es diferente a la fijación tarifaria individual; la primera es general y automática y se sustenta en ciertos aspectos básicos que afectan la economía nacional; mientras que la segunda es específica por cuanto analiza los costos y otros factores del negocio del concesionario en particular que solicita el ajuste. Por tanto, para poder restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión del prestatario del servicio, se requiere que se verifique una fijación tarifaria individual, no siendo ello posible a través de una fijación nacional, en razón de que ésta última no toma en cuenta las variables financieras de cada negocio. En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: "(...) Esta Sala estima, que la fecha final de vigencia para el cómputo del plazo debe ser la data del siguiente ajuste ordinaria o individual, en el cual, nuevamente se aplica el modelo econométrico, esto con la finalidad de establecer el equilibrio financiero del contrato, conforme a las diversas variables financieras del negocio (así se consideró en la sentencia 001336-F-S1-2011 de las 10 horas 15 minutos del 20 de octubre de 2011, con la advertencia de que en la resolución citada por error se asimiló revisiones extraordinarias con individuales, cuando lo correcto debió haber sido las ordinarias con las individuales). Recientemente en la resolución de esta Sala no. 000355-F-S1-2012 de las 9 horas 45 minutos del 15 de marzo de 2012, previamente citada, se indicó de igual forma que: “…el monto a cancelar por el servicio se actualiza, para el caso nacional o general con el ajuste extraordinario y para el individual con el ajuste ordinario, en definitiva, el espacio temporal en que debe reconocerse a título de daños, el ajuste de la tarifa denegada en su oportunidad por la Aresep, es hasta la siguiente revisión individual. Habida cuenta, en esta se analizan las variables financieras del negocio en particular, a fin de establecer el precio del servicio al costo, y se corrige cualquier desfase que existiera en esa fecha, con el propósito de que no se rompa el equilibrio financiero del contrato… De conformidad con lo anterior, el límite para aplicar el diferencial (9.37% calculado sobre la tarifa vigente al 18 de agosto de 2009, fecha en que se presentó la solicitud de aumento de tarifa de la empresa) debe ser hasta la fijación tarifaria individual siguiente…”. Lo anterior por cuanto las fijaciones nacionales o extraordinarias únicamente revisan variaciones en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste (canon 30 párrafo final de la Ley 7593); pero no analizan factores de costo e inversión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 inciso b) ibídem. Por ello, de concederse los daños y perjuicios hasta la próxima fijación nacional, no se lograría mantener el equilibrio financiero del contrato, ya que no se atenderían factores de costos del servicio. Así las cosas, en respeto del principio de intangibilidad patrimonial aducido, procede acoger el cargo en cuanto a este otro aspecto, en tanto es necesario que a efecto de establecer el monto de los daños, la vigencia de la tarifa fijada deba dimensionarse hasta la firmeza (publicación) de la siguiente revisión de índole individual, la cual debe ser determinada en ejecución de sentencia." (Resolución N°655-F-S1-2012, de las 9:30 horas del 31 de mayo del 2012. En el mismo sentido, ver resoluciones N°1336-F-S1-2011, N°355-F-S1-2012 y 1687-F-S1-2012, todas de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).Teniendo claro este aspecto, de acuerdo con la información del peritaje que consta en autos, la fecha final del período de cálculo del daño material debió corresponder al 9 de noviembre del 2000, fecha inmediata anterior al rige de la siguiente fijación individual posterior a la resolución de la Aresep que fue anulada en sentencia, sea, la N°762-99 de las 8:45 horas del 16 de febrero de 1999 (véase folios 1281 y 1282). En sus razonamientos, la Juzgadora de primera instancia estableció que la fecha final para el cálculo del daño material lo era hasta el 7 de octubre de 1999, que fue la fecha de publicación de la resolución RRG-963-99, correspondiente a la siguiente fijación nacional, parámetro que este Tribunal determina como erróneo, según lo expuesto, sin embargo, al momento de fijar el monto de los daños, la Jueza concedió la suma que, de acuerdo con el peritaje, tomaba en cuenta como fecha final el 9 de noviembre del 2000, es decir, la de la siguiente fijación individual, y otorgó expresamente la cantidad de ¢290.274.348,00 por concepto de daños, lo cual también indicó en el Por Tanto de la resolución venida en alzada. Entonces, vemos que si bien los razonamientos dados no fueron los correctos, sí lo fue el resultado del importe que, a título de daños y conforme la pericia, debía reconocerse a la parte actora vencedora en el proceso principal. En consecuencia, aún cuando lleva razón la recurrente en su agravio, no procede variar el monto concedido en la ejecución de sentencia.”